El procurador general, Gregorio Eljach, descartó que Colombia se encuentre ante un escenario de apagón y pidió evitar mensajes que generen alarma entre los usuarios del servicio eléctrico nacional.
“No estamos en apagón y no hay que crear sensación de apagón. Tenemos que ser optimistas”, afirmó Eljach durante una rueda de prensa en el 28° Congreso de Andesco, en Cartagena.
El funcionario aseguró que ninguna autoridad ha anunciado un apagón y cuestionó las advertencias que, a su juicio, pueden aumentar la incertidumbre alrededor del suministro eléctrico.
“No hay y nadie ha dicho que va a haber apagón”, manifestó el procurador. Agregó que existen “voces alarmistas” que, en lugar de contribuir a resolver los problemas del sector energético, terminan complicando aún más la situación.
Eljach señaló que los organismos de control trabajan junto con el Gobierno y las empresas privadas para corregir las anomalías existentes y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios públicos.
El jefe del Ministerio Público también puso el foco en las obligaciones económicas asociadas al consumo de los servicios. “Hay que pagar y hay que llegar a la cultura de pago”, afirmó.
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En ese contexto, recomendó cambiar la idea de ahorrar indiscriminadamente por un consumo responsable. “La prioridad debe ser utilizar únicamente la energía eléctrica y el agua necesarias y garantizar una adecuada disposición de los residuos sólidos”, explicó.
Durante su intervención, Eljach anunció además la creación de una Procuraduría Nacional Delegada para Servicios Públicos, nueva dependencia que tendrá bajo su responsabilidad el seguimiento a diferentes asuntos relacionados con la prestación y regulación de estos servicios.
La nueva delegada trabajará en tres frentes: preventivo, judicial y disciplinario. El primero estará orientado a verificar el cumplimiento de las normas; el segundo atenderá los procesos judiciales, incluidas demandas civiles y administrativas; y el tercero investigará eventuales faltas de funcionarios.
El eje disciplinario tendrá especial atención sobre servidores públicos que incumplan las normas regulatorias o retrasen injustificadamente el pago de los servicios recibidos. La Procuraduría busca así reforzar el control sobre obligaciones que tienen efectos financieros para las entidades territoriales.
Eljach advirtió que ya existen procesos disciplinarios en curso contra funcionarios y reiteró el llamado a las entidades públicas para ponerse al día con sus obligaciones. Las deudas acumuladas, especialmente por energía, representan una presión sobre las finanzas territoriales.
“La deuda de las empresas públicas territoriales frente a los servicios públicos prestados, especialmente energía, es bastante abultada”, afirmó el procurador. A su juicio, esa situación afecta la estabilidad económica y financiera de las entidades responsables de atender esas obligaciones.
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