Mientras Colombia logró sacar a 6,9 millones de personas de la pobreza multidimensional en los últimos 14 años, millones de trabajadores siguen atrapados en la informalidad y la política social parece incapaz de responder a esa realidad.

Durante la décima edición del Premio Antonio Restrepo Barco, organizada por la Fundación Barco, el economista y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, recordó que pese a la disminución de la pobreza, 4.4 millones de colombianos siguen enfrentado ese problema y continúan en la informalidad, atrapados en empleos sin protección social.

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Además, destacó que la pobreza monetaria cayó 24 puntos porcentuales (p.p.) y la extrema, 6,5 p.p., desde 2020. Pero, casi nueve de cada diez trabajadores por cuenta propia son informales y siete de cada diez hogares colombianos tienen al menos un miembro en esta condición. 

Lo grave, según Mejía, es que el 85% de los ‘cuentapropistas’ permanece en esa condición el año siguiente, por lo que se genera “una trampa de generación de ingresos bajos o de pobreza”. 

Por eso surgió una pregunta: ¿está la política pública social a la altura de la realidad que enfrentan las familias? 

Reforma estructural

El exdirector del DNP agregó que se requiere una reforma estructural de la arquitectura estatal, porque existe una regulación laboral que frena la formalización de independientes, falta de incentivos económicos y hay graves errores de focalización en el Sisbén, donde uno de cada cuatro hogares clasificados como pobres realmente no lo es. 

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“Es fundamental eliminar los estratos socioeconómicos como instrumento de focalización -de las trasferencias monetarias o subsidios-; es un mecanismo anacrónico que ningún otro país del mundo utiliza y que invisibiliza a las poblaciones más vulnerables”, afirmó Mejía.

Recordó que el programa de Compensación del IVA, implementado desde la pandemia, no debió existir, porque la medición realizada en 2024 arrojó que casi la mitad de los hogares beneficiados no estaba en condición de pobreza.

Mejía abogó por una nueva política social y de inclusión productiva más moderna que se base en tres pilares: 1) mejor focalizada, por medio de la eliminación de los estratos como mecanismo y usar los registros administrativos; 2) más realista, que permita la cotización a la seguridad social por semanas, días y horas y con centros de cuidado fortalecidos; y 3) mejores incentivos a la formalización, con medidas como el seguro de desempleo.

“Las familias no esperan a que la política social llegue, lo que hacen es diversificar sus ingresos y, por eso, buscan un trabajo como cuenta propia, montan un negocio en la esquina y organizan turnos de cuidado”, dijo el experto.

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 Añadió que hay posibilidad de construir una  política pública a altura de los retos que tienen los hogares, especialmente los informales.

Con esta postura estuvo de acuerdo la economista Paula Escobar Correa, experta en protección social e inclusión social, quien expresó que un hogar con tres o más niños menores de 12 años registran una probabilidad desproporcionadamente alta (76%) de caer en la pobreza. 

“Un hogar que no tiene ningún ocupado alcanza 50% de probabilidades de estar en pobreza y el 70% de los hogares tiene al menos una persona en la informalidad”, detalló.

Escobar recalcó que las familias acuden a la informalidad cuando tienen choques económicos, como menor ingreso o pérdida del empleo. También sostuvo que el Sisbén tiene 30 millones de encuestados, pero no identifica plenamente las necesidades de los hogares.

El director de la Fundación Barco, Alfonso Otoya, señaló que llegar a esta décima edición reafirma el compromiso de la organización por tender puentes estables entre la academia y el Estado. 

“Las familias colombianas no esperan pasivamente a la política social, ellas se adaptan y diversifican sus ingresos. El verdadero desafío es lograr que la investigación científica se traduzca en políticas públicas eficientes que estén a la altura de sus esfuerzos”, apuntó.

A pesar de los avances en la reducción de la pobreza, los expertos coinciden en que el gran desafío sigue siendo transformar la informalidad en empleo con protección social.

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