Los empleados en Colombia se enfrentan a cuatro fuentes de vulnerabilidad, respecto de sus capacidades de generación de ingresos, según el Consejo Privado de Competitividad, el cual, en conjunto con Probogotá, Propacífico y los expertos, elaboró su propuesta con ideas para dar su aporte a la reforma laboral.

Estas vulnerabilidades fueron calificadas como incapacidades de generación de ingresos por: 1) afectaciones a la salud, 2) por ser responsable del cuidado de otra u otras personas en algún estado de dependencia, 3) en la vejez y 4) por pérdida de su trabajo. 

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“Hoy en día los contratistas se hacen cargo de los pagos para los tres primeros niveles de riesgo, los cuales conceptualmente no son distintos a los niveles más altos de riesgo, cuyos costos si son pagados por el contratante. Por lo tanto, se recomienda que los costos sean asumidos por el contratante para todos los niveles de riesgo”, señaló el Consejo Privado de Competitividad.

Licencia de maternidad

Se sugiere que la licencia de los primeros meses de vida del bebé ampare a una unidad familiar conformada hasta por dos personas empleadas, por el número actual de semanas de la licencia de maternidad, que es de 18.

“La licencia deberá ser distribuida equitativamente. Para los trabajadores informales, en la medida en que se presume que estos no aportan a ningún sistema, se propone crear una infraestructura del cuidado que se haga cargo de las necesidades básicas del cuidador y el bebé (tal como lo recomienda el Conpes 4080 de Equidad de Género)”.

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Seguro de desempleo 

El Consejo propone reemplazar el sistema de subsidio actual por un seguro de desempleo. Este seguro se financiaría con parte de las contribuciones de los empleadores a las Cajas de Compensación Familiar, las cuales administrarían dicho seguro que operaría con el marco normativo correspondiente.

Para contratistas y trabajadores independientes, el seguro sería voluntario y podrían adquirirlo de las cajas.

El seguro tendría tasas de reemplazo decrecientes en el tiempo y una duración máxima de cuatro meses a partir de que el cesante lo empiece a recibir. Terminará antes, si el cesante consigue empleo.

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Salario en el campo

Entre los argumentos, se afirma que el 85% de los trabajadores rurales son informales, por lo que carecen de protección social, y sus ingresos promedios laborales son de $500.000, razón que lleva a plantear la posibilidad de un salario mínimo diferencial para este tipo de empleo.

El Consejo Privado de Competitividad sostiene que se deben eliminar las restricciones a la contratación de migrantes, lo cual conllevará a la inserción productiva de migrantes en beneficio de ellos y sus familias, pero también redundaría en beneficios para el sector productivo al poder aprovechar el capital humano, las conexiones internacionales, y la complementariedad entre los conocimientos y las habilidades que trae la población migrante con las habilidades y conocimientos locales.

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