Todavía sigue siendo una pregunta obligada el ¿por qué la gasolina subsidiada se termina antes de culminar el mes en las estaciones de servicio en Norte de Santander?

En estos momentos parece existir una respuesta obvia, en el sentido de que para el mismo cupo de 13 millones de galones mensuales de combustible subsidiado ahora funcionan en el departamento 306 gasolineras, entre las que ahora debe redistribuirse.

Y al mismo tiempo se ventilan alternativas como la de solicitarle al Ministerio de Minas que esta asignación se incremente hasta los 15 millones de galones mensuales o aquella que plantea que se elimine el beneficio de la gasolina y el ACPM exentos.

Ambas tienen su más y sus menos frente a las actuales consideraciones que maneja el Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el consumo de los combustibles fósiles en Colombia, en desarrollo de su política aplicada en ese campo.

En una eventual aceptación de elevar en dos millones de galones la cantidad de hidrocarburos que se vende a precio especial para quienes tanquean en esta zona de frontera, la verdad es que deberíamos cuidar ese cupo para que cumpla la función social para los habitantes de la región.

Es decir, que por ejemplo se adopte un plan alterno para surtirles de combustible a los vehículos de placa venezolana provenientes del vecino país, con estaciones en puntos cercanos a los puentes internacionales para venderles gasolina con un valor diferente y que no sea la subsidiada.

Pero también se indispensable que entre todos en la región estemos atentos a que no sea desviado por personas inescrupulosas hacia otros fines, sino que tenga el propósito de atender las necesidades del parque automotor de la región.

Se trata de un asunto realmente sensible que requiere de un cuidadoso manejo y lógicamente tener en cuenta las preocupaciones de ese sector de la economía, en el sentido que el 96% de los empresarios ha tenido reducciones de dicho cupo.

Hay que ponerle atención a lo encontrado por el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que al aplicar una encuesta entre los propietarios de estaciones de gasolina detectó que el 35% de los encuestados advirtió que esa reasignación de la cantidad de combustible con subsidio desencadenará en el despido de trabajadores; mientras que el 33% indicó que el reflejo se advierte en la baja de las ventas.

Para una región con alto desempleo e informalidad laboral, que se destruyan puestos de trabajo es muy riesgoso, por lo cual el Gobierno Nacional debería tener presente esta delicada perspectiva y abrir una posibilidad de solución.

Y en cuanto al desmonte de este esquema combustible exceptuado para la frontera hay que hacerle varios análisis como el de los efectos económico e inflacionario que implicaría tener que quedar aquí con gasolina y diésel con valor nacional.

¿Está la región preparada para soportar ese impacto? Una juiciosa evaluación debe hacerse en ese sentido, porque tampoco sabemos hasta qué punto llegaría el Gobierno Nacional si le pedimos que nos deje ese $300.000 millones anuales que deja esa exención de impuestos para invertirlos en esta zona del país.

Lo cierto es que la deliberación debe darse con las autoridades económicas para llegar a una fórmula concertada en cuanto al futuro de la gasolina y el ACPM con subsidio que tiene la frontera.

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