Cuando era congresista, el presidente Gustavo Petro era uno de los que levantaba la voz  contra las maniobras o jugaditas utilizadas por sus colegas del Senado como aquella del entonces presidente del Congreso, Ernesto Macías, para afectar el derecho de réplica a la oposición.

Ahora que está en la Casa de Nariño  cobijó la estrategia del Pacto Histórico y partidos aliados para saltarse el debate y aprobar el proyecto de la reforma pensional tal y como llegó del Senado de la República, a pupitrazo limpio, en lo que se considera una afrenta democrática.

Todo apunta a que esa estratagema utilizada por la bancada de Gobierno para salvar dicha iniciativa podría implicar una violación a los artículos 112, 145 y 146 de la Constitución Política de Colombia, porque se advierten graves vicios de trámite e irregularidades de otra naturaleza.

En la práctica hay situaciones muy parecidas que terminaron mal, como aquella relacionada con la primera reforma tributaria del entonces presidente Iván Duque, la cual naufragó en la Corte Constitucional porque apenas  se había avanzado en el debate del 70% del articulado y no del 100%.

Congresistas opositores y de otros partidos han advertido que en el caso de la pensional, la misma no tuvo un debate profundo de cada uno de sus componentes en la plenaria de la Cámara de Representantes, sentenciando algunos de ellos que sería probable que sea sepultada en el foso de la inexequibilidad.

Y las argumentaciones que  podrían acompañar una demanda de constitucionalidad como ya se ha anunciado, incluyen advertencias de violaciones a los pesos y contrapesos por haberse restringido y limitado el poder de modificación de las plenarias y el rol que les compete a las comisiones de conciliación. 

También han surgido voces que notifican que el Poder Legislativo súbitamente sufrió una transformación de bicameral a unicameral, por la reprochable opción que se utilizó y que se insiste podría terminar llevando a una declaratoria de inconstitucionalidad. Surgen, además, las dudas sobre las verdaderas razones que llevaron a utilizar dicho mecanismo para lograr el triunfo gubernamental con esta reforma social, a la cual diferentes sectores manifiestan que  implica más riesgos que los beneficios enunciados.

 ¿Qué tal que se una jugada calculada para que la reforma pensional sucumba en la Corte Constitucional?  Ahí el Pacto Histórico y el petrismo conseguirían suficiente elementos para atacar, cuestionar y criticar a los magistrados, señalándolos de estar en contra de los programas sociales para los colombianos y que todo haría parte de la retórica del famoso ‘golpe blando’.

Esa pudiera ser una salida política con efecto a dos bandas, porque entonces les podrían decir a quienes votaron por el cambio que ahí lo intentaron y se logró un importante paso, pero que finalmente una corporación como la Corte no permitió que fructificaran las modificaciones al sistema pensional vigente.

Una vez sea sancionada la reforma, sobre la cual persisten las advertencias de que se pondría el riesgo los 460 billones de pesos del ahorro pensional de 16 millones de colombianos, vendrá entonces la labor muy importante de la guardiana de la Constitución Política de 1991 para que estudiarla a fondo y resolver todas las inquietudes que han surgido en el país luego de la que también ha sido denominada aprobación exprés.

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