Un abismal contraste se ha notado en las calles y carreteras de Colombia y Norte de Santander, primero con la movilización en favor de las reformas sociales del  Gobierno nacional y segundo con el paro de campesinos paramunos y de los mineros.

La primera, lánguida y cargada de llamados y advertencias sobre un presunto golpe de Estado por el proceso abierto en el Consejo Nacional Electoral contra la campaña del presidente Gustavo Petro, demostró lo dicho por las encuestas.

La segunda, ya empezó a pasarle factura a los precios de la canasta familiar, al transporte de carga que -en el caso de la región- ahora debe tomar como vía alterna la carretera Cúcuta-Ocaña con mayores costos operativos y graves dificultades para el transporte de pasajeros que se movilizan por varias zonas del país.

Como lo han venido señalando los sondeos de opinión, ahora en las calles se advirtió que los números de la mala imagen y de la caída en el apoyo popular al mandato del petrismo con el Pacto Histórico se está haciendo evidente, como sucedió con la escasa convocatoria que se reflejó en la baja asistencia a la marcha del pasado 23 de octubre.

Al ponerle el ojo analítico a este hecho, lo que surge es que hay un inocultable desgaste en el modelo aplicado para la movilización de las huestes petristas para hacer de la calle el foro desde el cual mostrar el respaldo y defensa de las acciones y políticas desarrolladas desde la Casa de Nariño.

O sea, Petro está perdiendo la calle. Los escándalos de corrupción, las equivocaciones, la falta de gestión para sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo que se ha quedado frenado por la baja ejecución presupuestal, la inseguridad que de nuevo 

tiene niveles insoportables, al igual que la confrontación con sectores políticos opositores, con la prensa, las altas cortes  y hasta con el empresariado, hacen parte de ese caldo de cultivo que le ha quitado fuerza a este escenario en el que parecía desenvolverse como pez en el agua.

Y lo que está pasando con los campesinos parameros de Boyacá, Norte  de Santander y Santander, al igual que con los pequeños mineros de Antioquia, Córdoba y Caldas, todos en paro desde hace ya una semana, se confirma otro de los hechos que ha llevado a esa pérdida de credibilidad, como es el de darles la espalda a problemas nacionales y tener más dedicación con asuntos internacionales, como en este caso la COP16.

En cuanto a la frontera agrícola en las áreas de los páramos Santurbán, Almorzadero y El Cocuy, debe haber un diálogo con soluciones a la mano, entre autoridades como los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura y los productores de alimentos en esas zonas donde se encuentran las ‘fábricas’ de agua que surten a numerosos acueductos.

En este aspecto tiene toda la razón el procurador para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, al indicar que es fundamental escuchar a los campesinos en el marco del derecho a la participación en asuntos ambientales que se discuten en la cumbre mundial de biodiversidad en Cali.

Con ellos es con quienes debe empezarse a desarrollar el llamado Acuerdo Nacional para encontrarle salidas concertadas a lo relacionado con la delimitación de los páramos, la frontera agrícola, las zonas de reserva temporales y la Ley de Páramos. Esto es urgente dilucidarlo sin afectar ni a los campesinos ni a los frailejones ni al páramo ni a las comunidades ni al recurso hídrico.

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