Colombia observa otro “papelón” del Gobierno Nacional: el uso torpe de la información y los secretos de Estado por parte del presidente Gustavo Petro, que ahora ponen en jaque nuestra seguridad nacional.

Las recientes revelaciones sobre el software de espionaje Pegasus han encendido el debate en torno a las políticas de inteligencia y los límites de la transparencia gubernamental.

Lo que inicialmente se presentó como una denuncia sobre un supuesto abuso en la administración del expresidente Iván Duque, hoy parece ser, más que otra cosa, una falla en la gestión y en la comprensión de Petro de las complejidades y responsabilidades inherentes a la jefatura de Estado.

El presidente Petro afirmó que el software había sido adquirido en la administración anterior para espiar a la oposición, acusando a su predecesor de haber usado recursos de procedencia dudosa y enviando una fabulosa suma de dinero en efectivo en aviones con destino al pago de esa operación.

Sin embargo, nuevos informes de fuentes de inteligencia estadounidenses revelan que la compra de Pegasus fue financiada por el gobierno de Estados Unidos con el único propósito de fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

Además, la operación se llevó a cabo bajo estrictos protocolos, fuera del conocimiento directo de Duque, pues estaba destinada a un uso exclusivamente operativo dentro de la lucha antidrogas y no político.

Estas revelaciones no solo desmienten las acusaciones de Petro, sino que también plantean una inquietante pregunta: ¿hasta qué punto entiende el primer mandatario la delicadeza de los secretos de Estado y el manejo prudente de la información clasificada?

Los presidentes, independientemente de sus convicciones, tienen el deber de preservar la confidencialidad en cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, no solamente para proteger a sus ciudadanos sino también para asegurar la integridad de las relaciones internacionales y la cooperación en la lucha contra el crimen organizado.

La torpeza con la que se han manejado estos asuntos en la administración actual representa un riesgo para nuestra seguridad nacional y compromete el respaldo de aliados estratégicos, como Estados Unidos, en momentos en los que la amenaza del narcotráfico y otros delitos de carácter transnacional demanda la colaboración y la confianza mutua.

Además, la reciente vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos añade una nueva dimensión a este contexto.

Con Trump en la Casa Blanca se espera un enfoque mucho más estricto y pragmático en la lucha antidrogas, un esfuerzo en el que Colombia es un socio clave.

Sin embargo, mantener la colaboración y la confianza con Washington requiere un manejo responsable y estratégico de nuestra política de seguridad e inteligencia, un compromiso que parece tambalear ante los errores de comunicación y las agendas políticas del gobierno Petro.

Hoy más que nunca, Colombia necesita un gobierno que actúe con cautela y responsabilidad. No es momento para estrategias impulsivas que buscan enlodar a antiguos adversarios; es momento de proteger a Colombia, con visión de Estado, en la construcción de una nación más segura y confiable para su pueblo y para sus socios internacionales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion