Resulta inentendible que si el reclutamiento forzado es considerado como un crimen de guerra y una violación al Derecho Internacional Humanitario, los grupos armados ilegales persistan en esta práctica en medio del conflicto, en regiones como el Catatumbo.

¿Es que los integrantes de esas organizaciones y sus jefes no le temen a ser condenados por eso? ¿Creen que una vez logren llegar a acuerdos con el Estado ese delito será borrado?

Qué interesante sería que la comunidad internacional emitiera un pronunciamiento en el que se haga una exposición sobre las implicaciones que produce el llevarse por la fuerza a menores de edad o adolescentes para inducirlos a  la guerra, como se sigue denunciando en departamentos como Norte de Santander.

Este tipo de hostilidad contra la población civil constituye una aberrante actuación como la denunciada recientemente en El Tarra donde un menor de 16 años fue obligado por la fuerza a irse a las filas de un bloque armado.

Y lo peor es que no se trata de un hecho aislado. Resulta que en la región catatumbera ese grave mal inherente al conflicto armado continúa asechando a las familias que aparte de tener que soportar los hostigamientos, desplazamientos, amenazas, confinamientos y desapariciones, enfrentan el riesgo de que algunos de sus miembros sean llevados bajo intimidaciones.

Lo peor de todo lo anterior es que quienes se llevan a los niños con edades entre los 12 y 16 años se encuentran en proceso de negociación con el Gobierno Nacional en desarrollo de la política de ‘Paz Total’  y que para ello han pactado acuerdos de cese el fuego.

En Norte de Santander y en el Catatumbo tienen presencia la disidencia de las Farc y la guerrilla del Eln, generándose una preocupación adicional entre la comunidad sobre la razón por la cual no se les eleva el nivel de exigencia para que respeten aquellos pactos.

Por el hecho de seguir en el reclutamiento forzado lo que se confirma es que no hay una real voluntad de paz y conciliación y una utilización de beneficios tales como el cese bilateral del fuego para seguir expandiéndose territorialmente al igual que ejerciendo mayor control político y social sobre la población.

Usar el poder de las armas para romper las familias arrebatándoles a sus hijos para la guerra, significa también la violación a derechos como el de la educación y a la posibilidad de que estos pequeños tengan un

Aquí es oportuno preguntar qué ha sucedido con los mecanismos de verificación que necesariamente deben activarse para averiguar esta clase de hechos y proceder a advertirle a la mesa de negociaciones cualquier tipo de violación que se identifique.

La ciudadanía esperara que dicho mecanismo se fortalezca para que de esta manera se produzcan respuestas claras y precisas, porque en la actualidad el ambiente muestra que no hay la efectividad esperada.

Ojalá el mecanismo de verificación le conteste la queja expuesta en los medios de comunicación por la consejería para la paz y reconciliación de Norte de Santander, en el sentido de que las denuncias, los argumentos y los informes no obtienen la respuesta esperada.

Para que haya credibilidad en las tareas de buscar la paz cada uno de los componentes del procedimiento es necesario que funcionen como un reloj cerrándole cualquier opción a incumplimientos tan delicados como el comentado y que a la postre terminan afectando el logro de la paz.

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