El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años es un crimen de guerra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario.

Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el hecho de “reclutar o alistar a niños” en fuerzas o grupos armados constituye un crimen de guerra tanto en los conflictos armados internacionales como en los internos, como el que vive Colombia.

Está muy claro que incurrir en esta práctica contempla sus consecuencias para aquellas organizaciones armadas que persisten en hacerlo, no solo enrolándolos en sus filas, sino utilizándolos para que ejecuten maniobras de peligro como la denunciada en el Plateado (Cauca) de acciones de la disidencia de las Farc de utilizar menores para que les lleven paquetes bomba a los soldados.

Teniendo muy clara esta normatividad que rige para todo el planeta, ni el gobierno colombiano ni la justicia deberían concederles ninguna clase de beneficios a los integrantes de la guerrilla o de las disidencias, por ejemplo, frente a este tipo de actuaciones.

Eso es innegociable. Los niños no pueden ser ni objetos de guerra ni instrumentos de carácter bélico como sigue ocurriendo en Norte de Santander, donde en medio del siempre evidente subregistro los últimos reportes hablan de 23 casos de esta naturaleza durante el presente año, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Tibú, Convención, El Tarra, El Zulia, Lourdes, Santiago y  Cúcuta aparecen en  el listado en que han ocurrido trece de dichos casos denunciados, coincidentes con las zonas de influencia de los grupos armados ilegales que hacen presencia en  gran parte del territorio departamental.

Luego aquí el Estado tiene que hacer prevalecer esas normas internacionales con el fin de que haya una real responsabilidad con la aplicación de la justicia a los involucrados, más allá de los acuerdos que se lleguen a alcanzar en las mesas de conversaciones, porque la paz plena también debe ir acompañada de una justicia sin dilaciones contra quienes cometen esa clase de violaciones de los Derechos Humanos y de los Derechos del Niño.

La conclusión aquí es que la ‘Paz Total’ no debe transigir en esta clase de situaciones y tener un capítulo aparte con las diferentes denuncias, número de afectados, regiones impactadas y grupos perpetradores para que se adopten las respectivas medidas contra los responsables.

Este debe ser un inamovible, puesto que nadie puede entender cómo un niño o adolescente es arrancado de su familia, de la educación y de la libertad, para engrosar como sujeto de guerra, con una clara violación a su derecho a la vida, por ejemplo.

Y de otra parte, la nueva dinámica que se está registrando en el bajo mundo de la inseguridad con las bandas transnacionales que manejan el multicrimen que utilizan a los menores, también obliga a que se adopten medidas preventivas y de aplicación más severa de la justicia con el agravamiento de las penas a sus cabecillas por la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes.

Lo único cierto de todo esto es, como lo advirtieran en un panel sobre la cruzada contra el reclutamiento, uso y utilización menores para la comisión de delitos, es que lamentablemente la tendencia de este fenómeno  es al alza, no solamente por cuenta de los grupos armados, sino de las bandas criminales en zonas como el área metropolitana de Cúcuta.

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