La Constitución y la ley son muy claras en especificar las garantías electorales para el voto libre y sin constreñimiento alguno para quienes van a las urnas a cumplir su deber con la democracia colombiana.

Esto tiene que ofrecerse tanto antes como durante las votaciones para que el voto sea libre y el ciudadano no sea sometido a ninguna clase de presión para la decisión que tomará al momento de marcar el tarjetón.

Uno de los hechos que ha sobresalido en esta campaña a la Presidencia son las muestras de una presunta participación en política de varios ministros y de una marcada tendencia del presidente Gustavo Petro de enviar mensajes con cierta inclinación en favor de la candidatura que se identifica con su gobierno, desde sus cuentas personales en redes sociales y espacios oficiales del Gobierno, en desarrollo de una estrategia “reiterada y sistemática”.

De nuevo el poder Judicial, por intermedio del Consejo de Estado, salió a hacer respetar el orden institucional establecido al ordenarle al jefe del Ejecutivo que deje de difundir propaganda electoral en sus intervenciones públicas.

El máximo tribunal intervino para dejar en claro que el jefe de Estado sí está sometido a las prohibiciones establecidas en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, que impide a los servidores públicos participar en actividades de propaganda electoral utilizando medios oficiales o su investidura.

Este episodio nos demuestra otra contradicción en que incurre el Gobierno nacional, al venirle reclamando en numerosas oportunidades a la Registraduría del Estado Civil que se brinde la suficiente transparencia para los resultados del debate electoral que se avecina.

De esa manera surge la inquietud sobre ¿Por qué el Ejecutivo no da ejemplo y evita caer en esa clase de métodos propagandísticos como los denunciados? En la práctica, ese es un intento de incidir sobre el electorado en favor de una candidatura en especial, afectando las garantías democráticas.

Pero igualmente es urgente que el Estado llegue a los territorios afectados por el conflicto armado, como el Catatumbo y Cauca, con el propósito de que la Fuerza Pública haga presencia y proteja el voto del actuar de los grupos armados ilegales que amenazan a los electores, bien sea para que sufrague por determinado aspirante o para impedirles que ejerzan este compromiso en las urnas.

Además, es requerido que haya una acción contundente contra la corrupción del elector, que es igual de grave a las otras formas de constreñimiento, aunque con el elemento adicional de hacer parte de esa ‘cultura’ del dinero fácil, comprando a cualquier precio la conciencia.

Este asunto no debe dejarse de lado. Hay que denunciar a los posibles compradores de votos que mediante esta manera intentan afectar la verdadera voluntad ciudadana. A instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría les espera un intenso trabajo en ese frente en procura de la pureza del sufragio.

Esperemos, entonces, que el Plan Democracia y las acciones que se pongan en marcha con el fin de seguir fortaleciendo el voto libre, sin presiones ni violencia ni amenazas de ninguna naturaleza, para que los colombianos elijan a quienes ellos consideren debe de ser el presidente para los próximos cuatro años.

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