El gran interrogante que tienen tanto familiares de la víctima, como defensores de derechos humanos y excombatientes de las extintas Farc, es ¿por qué mataron a Reude Suárez Guerrero?
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Este hombre que estuvo durante muchos años en las filas de las extintas Farc y fue uno de los firmantes del proceso de paz con el gobierno del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, fue asesinado la noche del miércoles en Tibú. Él decidió dejar las armas hace seis años, por lo que desde ese momento, se reincorporó a la vida civil, sin ningún problema.
Se pudo conocer que dos hombres que ocultaban su rostro con pasamontaña, llegaron hasta su casa, ubicada en la carrera 5 con calle 4, del barrio Miraflores, en esta población del Catatumbo, y lo asesinaron de varios balazos.
Aunque el desmovilizado quedó gravemente herido en su vivienda y fue trasladado de inmediato al hospital, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.
Precisamente, en la residencia, Suárez tenía una tienda, que creó a través de un proyecto productivo que recibió por parte del Gobierno Nacional. La víctima dejó dos hijos de 6 y 10 años, además de un hijastro de 4.
Tensión y alerta
El asesinato del excombatiente de las Farc se registró horas antes de que los integrantes de la Comisión Segunda del Senado, al igual que de las Comisiones de Paz y de Derechos Humanos del Congreso, y la Mesa Humanitaria del Catatumbo instalaran en Tibú la audiencia pública, en la que se analizó la situación de la región y las propuestas que deberá priorizar el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, en favor de esta zona del departamento.
Algunos representantes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) aseguraron que desde hacía un año y medio no asesinaban a ningún desmovilizado de las Farc en Norte de Santander y precisamente lo hicieron horas antes de ese gran encuentro.
Además, la alerta temprana N° 050, de la Defensoría del Pueblo, de 2020, alertó el riesgo que corren los excombatientes en Tibú y por eso pidió unas acciones rápidas por parte del Estado.
“La AT N° 050 identifica a la población en proceso de reincorporación como una de las poblaciones que pueden ser víctimas de algún tipo de agresión o vulneración a sus derechos; por lo que dirige varias recomendaciones a las entidades con competencia en la garantía de derechos de estas personas y sus familias”, señaló la Defensoría en ese momento.
Asimismo, este despacho alertó, en ese momento, que los firmantes del proceso de paz que se acogían a los procesos productivos eran blancos de amenazas, al igual que sus familias, por los grupos armados ilegales que se financian a través del narcotráfico.
“Hacer parte del Pnis, pone en riesgo a las comunidades y a sus líderes, existen presiones por parte de grupos ilegales que se benefician de la economía del narcotráfico, por lo que amenazas a las familias, comunidades y líderes que se acogen a este tipo de programas”.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo solicitó en esta alerta temprana, al Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que se adelantaran acciones frente a la situación de riesgo de los excombatientes de las Farc en Tibú, pero hasta el momento no se han visto las acciones.
Sin embargo, la oficina del Alto Comisionado para la Paz se reunió en julio de 2020 con la Unidad Nacional de Protección y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), la Dirección de Protección de la Policía y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, con el fin de obtener los insumos necesarios para proyectar la protección de esta población.
Hasta el cierre de esta edición, la Policía de Norte de Santander no quiso entregar ninguna declaración sobre lo sucedido.
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