Luis Pino-Copete, un colombiano de 42 años, y su esposa, Jael Watts, de 45, fueron declarados culpables el 2 de octubre de 2026 por un jurado federal en Utica, Nueva York, Estados Unidos, por participar en un esquema que buscó obtener más de US$13 millones de programas federales destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar, mediante una empresa que, según las pruebas presentadas en el juicio, no prestaba los servicios que reportaba.

El caso fue informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

Pino-Copete y Watts operaban Pearl Transit Corporation, una empresa con sede en Nueva Jersey que afirmaba contar con conductores en distintos estados para transportar a personas mayores y con discapacidad, además de realizar labores de asistencia para personas sin hogar. Las autoridades establecieron durante el proceso que la compañía no empleaba a esos conductores ni había realizado los servicios incluidos en las solicitudes de reembolso.

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Para respaldar las solicitudes, la pareja habría utilizado identidades de personas reales y creado registros falsos de empleados y clientes. Entre los nombres incluidos en esa documentación había personas que ya habían muerto cuando supuestamente recibieron servicios de Pearl Transit. También aparecieron personas que no tenían licencia de conducción o que nunca habían manejado un automóvil. Una de las supuestas conductoras tenía únicamente un permiso de aprendizaje cuando, de acuerdo con los documentos presentados, figuraba como trabajadora de la empresa.

El esquema se desarrolló entre julio de 2019 y octubre de 2025 y estuvo relacionado con programas administrados mediante el Departamento de Transporte de Estados Unidos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Entre ellos estaban el programa de la Sección 5310 de la Administración Federal de Tránsito (FTA), destinado a mejorar la movilidad de adultos mayores y personas con discapacidad, y recursos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y la Subvención para Soluciones de Emergencia (ESG). Parte de esos recursos recibió financiación durante la pandemia de covid-19 a través de la Ley CARES.

La auditoría que permitió detectar las solicitudes sospechosas

La investigación comenzó a finales de 2024, cuando Watts solicitó al Departamento de Transporte de Nueva York cerca de US$750.000 mediante el programa Sección 5310. La Contraloría estatal detectó facturas sospechosas y abrió una auditoría.

Según el Departamento de Justicia, Watts y Pino-Copete respondieron creando documentos falsos y usando identidades robadas para demostrar que Pearl Transit había prestado los servicios cobrados.

En febrero de 2026, el Inspector General del Departamento de Transporte de EE. UU. informó que la Administración Federal de Tránsito había suspendido a Pino-Copete de transacciones federales. Watts y Pearl Transit habían sido suspendidos en diciembre de 2025. Pino-Copete figuraba como gerente regional y Watts como gerente de operaciones. Para entonces, ambos habían presentado comprobantes por US$1.275.550 al Departamento de Transporte de Nueva York.

Aunque las solicitudes fraudulentas superaron los US$13 millones, las autoridades establecieron que obtuvieron más de US$1,6 millones, distribuidos así:

-US$529.500 en fondos CDBG del condado de Gwinnett, Georgia.

-US$429.885 en fondos de la Sección 5310 de Los Ángeles.

-US$283.000 en fondos ESG del condado de Kern, California.

-US$379.149 en fondos de la Sección 5310 de Raleigh, Carolina del Norte.

El análisis bancario determinó que más de US$1,5 millones obtenidos fraudulentamente de Georgia, Carolina del Norte y California fueron usados en gastos personales, incluidos más de US$100.000 en alquileres de Porsche y otros US$100.000 en compras en Loro Piana, en Manhattan.

Además, las autoridades señalaron que en 2024 la pareja realizó un viaje de casi un año por Colombia, Aruba y varios países de Europa.

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El papel del colombiano en el esquema y las prótesis dentales

El Departamento de Justicia indicó que Watts contrajo matrimonio con Pino-Copete en Colombia en 2023 y que él se incorporó al esquema en enero de 2024. En enero de 2025 ingresó a Estados Unidos con una visa expedida en diciembre de 2024. Su participación, según las pruebas del proceso, aumentó después de que Watts fuera acusada inicialmente por fraude electrónico en julio de 2025.

Después de la detención de Watts y del registro de sus dispositivos electrónicos, los investigadores encontraron comunicaciones entre ambos relacionadas con la elaboración de documentos falsos para responder a la auditoría. En uno de los chats, Watts declaró: “Hay que estar comprometido con este tipo de trabajo... y yo lo estoy”, y se jactó: “No son listos... nosotros somos mucho más listos”.

El caso también incluyó solicitudes de recursos para supuestas prótesis dentales destinadas a personas sin hogar. Según las pruebas presentadas en el juicio, los acusados afirmaban que entregaban esos tratamientos de manera gratuita. Sin embargo, las autoridades sostuvieron que las prótesis eran elaboradas en una vivienda mediante una impresora 3D y que se cobraba a las personas por el escaneo de la boca y la instalación de las prótesis.

El Departamento de Justicia presentó además como evidencia imágenes y videollamadas en las que aparecía dinero obtenido de pacientes. El organismo señaló que parte de esos recursos también fue utilizada para gastos personales.

¿De qué delitos fueron declarados culpables?

Después de un juicio que se extendió durante varias semanas, el jurado declaró culpables a Watts y Pino-Copete de los delitos incluidos en una tercera acusación sustitutiva presentada este mes.

Watts fue declarada culpable de un cargo de declaración falsa, uno de robo de identidad agravado y cinco cargos de fraude electrónico. Por su parte, tanto Watts como Pino-Copete fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de documentos y robo de identidad agravado.

El Departamento de Justicia indicó que la audiencia de sentencia está programada para el 21 de enero de 2027, ante el juez federal Anthony J. Brindisi. Ambos enfrentan una pena mínima obligatoria de dos años de prisión y una máxima de 20 años, además de multas de hasta US$250.000 y hasta tres años de libertad condicional supervisada. También enfrentan una orden de restitución de al menos US$1,9 millones.

Pino-Copete, al no ser ciudadano estadounidense, también enfrenta un eventual proceso de expulsión y deportación después de cumplir cualquier pena de prisión que le sea impuesta. La Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte, el Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York continúan vinculados a la investigación del caso.

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