Un contundente rechazo y hasta una crisis diplomática desató, ayer, el anuncio de la Fiscalía de Guatemala, de abrir una investigación penal contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por supuestos actos “ilegales y abusivos”, cuando fungió como jefe de una misión antimafias de la ONU en el país centroamericano.
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Velásquez es señalado de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de “colaborador eficaz” (testigo protegido) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala, según el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
El actual funcionario del gobierno de Gustavo Petro dirigió desde 2013 y hasta su cierre en 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU que junto al Ministerio Público (Fiscalía) revelaron varios escándalos de corrupción, entre ellos el que involucró el expresidente Otto Pérez (2012-2015).
El primero en pronunciarse fue el presidente de la República, Gustavo Petro, quien desde Suiza, donde se encuentra para participar en el Foro Económico Mundial, respaldó de manera decisiva a su ministro de Defensa.
“Los criminales reaccionan y nosotros no vamos a permitir que, en esa reacción, asumiendo él (el ministro de Defensa) un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, con honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad”, expresó el jefe de Estado en declaración a medios, minutos después de arribar a Zurich.
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Tras ratificarlo en el cargo, Petro anunció que si Guatemala insiste en apresarlo, Colombia no tiene nada que hacer con ese país.
Por esa razón, apenas unas horas después de conocerse la investigación contra Velásquez, el presidente de Colombia ordenó llamar de inmediato a consultas a su embajadora en Guatemala, Victoria González.
“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”, escribió el mandatario en Twitter.
En “reciprocidad”, Guatemala decidió minutos más tarde ordenar también el regreso de su embajador en Bogotá, Reagan Vega, luego de lamentar que Colombia “vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del Gobierno de Colombia hacia la justicia guatemalteca”, afirmó la Cancillería de ese país en un comunicado.
‘Conocemos el monstruo y lo hemos combatido’
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, agradeció el respaldo que le manifestó el presidente Gustavo Petro ante las declaraciones entregadas por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y aseguró que hasta el momento no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala.
El funcionario se mostró tranquilo y dijo que tiene la certeza de que el trabajo adelantado en el país centroamericano fue hecho con total transparencia y dentro del marco legal.
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“Agradezco profundamente al presidente Gustavo Petro sus expresiones de solidaridad y confianza. Conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y, desde diferentes trincheras, lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza”, manifestó Velásquez.
Agregó que su compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad “ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como ministro de Defensa Nacional”.
EE. UU. condena órdenes de captura
Además de las diferentes voces de rechazo que se escucharon ayer en Colombia, tras las acusaciones contra Velásquez, Estados Unidos también condenó las órdenes de captura emitidas en Guatemala contra personas implicadas en la lucha anticorrupción.
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, manifestó que les preocupan las decisiones judiciales adoptadas contra las personas que trabajaron para garantizar “la #RendiciónDeCuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”.
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“Tales acciones debilitan el #EstadoDeDerecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, añadió el funcionario.
La fiscalía guatemalteca, al mando de Consuelo Porras, emprendió polémicas detenciones de exfuncionarios de la CICIG y exfiscales, lo que llevó a que Washington la incluyera en 2021 en su listado de “corruptos y antidemocráticos” y le prohibiera el ingreso a Estados Unidos.
En la actualización de su lista, Estados Unidos incluyó el año pasado a Rafael Curruchiche y otros 15 guatemaltecos, entre los que destacan personas que contribuyeron a procesar a funcionarios de justicia, una de las críticas recurrentes de Washington al gobierno del conservador Alejandro Giammattei.
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