El panorama para una buena parte de moradores de la zona rural del municipio de Ocaña es bastante confuso debido a los conflictos limítrofes surgidos en los últimos años ocasionando consecuencias socioeconómicas a las familias campesinas.
De la noche a la mañana una franja del territorio en Norte de Santander pasó a los registros catastrales del Cesar y los propietarios han emprendido una batalla jurídica sin resolver por el Congreso de la República.
El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nuevo Amanecer, corregimiento Agua de la Virgen, Héctor Jorge Navarro Sánchez, solicita a los dirigentes de la región hacer valer el arraigo cultural y echar para atrás el procedimiento inconsulto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
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“Nuestros predios no corresponden a un rollo de tela donde cualquier persona puede cortar a su antojo sin importar los derechos adquiridos durante muchos años de sudor y sacrificios. Esa decisión repercute en la prestación de los servicios de salud, educación, matrículas inmobiliarias para traspasos y pagos de impuestos”, agregó.
En el limbo jurídico
En el año 2006, la construcción de una estación de combustibles en los predios denominados como Indonesia a la orilla de la carretera que conecta a Ocaña con Aguachica, desencadenó una polémica por la venta de gasolina subsidiada para Norte de Santander.
El propietario Jorge Eliécer Manosalva fue demandado y el IGAC trazó una línea y ordenó el traslado de 200 predios rurales hacia el departamento del Cesar.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, falló a favor del comerciante ocañero, pero únicamente devuelven esa carta catastral. Sin embargo, el veredicto no aplicó para el resto de campesinos que viven en el limbo, según indicó el abogado Diego Jácome Vergel.
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Los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República, tuvieron plazo hasta el 31 de mayo del año pasado para estudiar las pretensiones de ambos departamentos, pero no lo hicieron.
“La falta de pronunciamiento de los parlamentarios hizo que el Instituto Geográfico trazara un límite transitorio con una línea intermedia, mientras se resuelve el conflicto”, manifiesta el coordinador de la Oficina de Desarrollo Rural de Ocaña, José Luis Amaya.
A punto de perder la batalla
El abogado, Diego Jácome Vergel, estuvo pendiente de solventar el litigio, pero no hubo defensa a nivel departamental y más de mil campesinos asentados en esa franja sufren las consecuencias.
Indica que los congresistas deben analizar los antecedentes históricos y el componente social para no afectar los servicios a la población rural.
El líder campesino de la vereda Nuevo Amanecer, Héctor Jorge Navarro Sánchez, confiesa la angustia y desespero de la comunidad ante el silencio de las distintas entidades. “A mi vecino Germán Sanjuán le llegó una factura de impuesto predial de su finca por 8 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda del municipio de Río de Oro, cuando se encuentra al día con Ocaña. Eso es injusto”, agregó.
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La misma situación viven los agricultores de las veredas San Pedro, El Cauca, La Ceiba y Yerbabuena quienes no han recibido el beneficio de la reparación colectiva de víctimas debido a esos enredos jurídicos.
“Estamos cansados de asistir a las reuniones y nunca se escucha una solución definitiva”, dijo Luis Eduardo Díaz Álvarez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Pueblo Nuevo de Ocaña.
El vocero comunal precisó que los tienen del “timbo al tambo, mientras los funcionarios y congresistas ganan mucha plata a nivel nacional y no tienen tiempo para definir ese litigio limítrofe”.
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