La instalación de elementos sospechosos con posibles explosivos, el hurto de un vehículo distribuidor de bebidas y la incineración de un automóvil volvieron a encender las alarmas de seguridad en Ocaña. Los hechos, registrados en el corredor vial que comunica con el aeropuerto de Aguas Claras, aumentan la preocupación por la presencia y las acciones de los grupos armados ilegales en esta zona de la subregión del Catatumbo.
La situación de orden público obligó a las autoridades a suspender el tránsito vehicular en este corredor, luego de que fueran encontrados dos cilindros y una caja que, al parecer, contendrían artefactos explosivos. Los elementos fueron instalados cerca del parque cementerio La Esperanza, sobre la vía que conduce al corregimiento de Aguas Claras.
Ante el reporte, las Fuerzas Militares ordenaron sobrevuelos en el sector y dispusieron el desplazamiento de un equipo antiexplosivos para verificar y neutralizar los elementos mediante una detonación controlada. El objetivo es descartar cualquier amenaza y restablecer la movilidad por este importante eje de comunicación para la región.
A este hecho se sumó el hurto de un camión de la empresa Postobón, que transportaba bebidas y se movilizaba por el mismo corredor vial. Según la información conocida, el trabajador encargado de la distribución se desplazaba en una motocicleta delante del vehículo de carga. Sin embargo, al llegar a una curva ubicada después del parque cementerio La Esperanza, habría sido interceptado por sujetos que lo esperaban en el lugar y obligado a subir al camión.
La motocicleta del empleado quedó junto a los cilindros sospechosos, lo que llevó a las autoridades a investigar si existe alguna relación entre la instalación de los elementos explosivos y el robo del automotor.
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La cadena de hechos también incluye el hallazgo de un vehículo de alta gama incinerado más adelante, sobre el mismo eje vial. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias de este episodio y determinar quiénes se movilizaban en el automóvil.
Restricciones y medidas de seguridad
A través de un comunicado, la Alcaldía de Ocaña informó que el cierre de la vía se adoptó como medida preventiva para proteger la vida y la integridad de quienes transitan por el sector, mientras se desarrollan los procedimientos de verificación y neutralización de los elementos reportados.
La Administración municipal recomendó a conductores y demás usuarios abstenerse de circular por este corredor, evitar acercarse o manipular los objetos sospechosos y atender las indicaciones de las autoridades.
Pese a las restricciones, algunos motociclistas han optado por utilizar una trocha cercana para llegar a sus destinos. Entretanto, se espera el desarrollo de operativos especiales que permitan reforzar la vigilancia de los corredores viales y brindar garantías de seguridad a las comunidades.
La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la presencia institucional en una subregión de gran importancia agrícola y comercial para Norte de Santander, cuyos corredores son fundamentales para el transporte de productos y el abastecimiento de diferentes mercados.
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En ese contexto, se recuerda el compromiso que había asumido el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, de impulsar la creación de un centro de operaciones con participación de las distintas especialidades de la Policía Nacional, una iniciativa que quedó pendiente tras su salida de esa cartera.
Ocaña, una bomba de tiempo
La preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad también fue expresada por el personero municipal, Andrés Torrado Amaya, quien lanzó una fuerte advertencia sobre el panorama que enfrenta la provincia.
“Ocaña es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento”, manifestó el representante del Ministerio Público, al señalar que el municipio ha sido históricamente golpeado por el conflicto armado y que, durante los últimos años, la aparición y expansión de nuevos actores ilegales han complicado aún más el escenario. A esto se suma, según indicó, un componente de estructuras paramilitares en la región.
Torrado cuestionó la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y pidió mayor efectividad en los operativos para recuperar el control territorial y garantizar la protección de los habitantes.
“Me comunico con presidentes de las juntas de los sectores afectados, igual con las personerías vecinas, y manifiestan la misma preocupación: estamos desprotegidos los nortesantandereanos. Pareciera que la Fuerza Pública solo funciona en horario de oficina”, expresó.
El funcionario advirtió que las comunidades sienten que los grupos armados están ganando terreno, mientras persiste la percepción de abandono institucional.
“Nos sentimos sitiados y abandonados por las fuerzas militares y de Policía, prácticamente. Pues ellos son quienes deben garantizar la seguridad y no se está viendo un efectivo cumplimiento de los deberes”, recalcó.
Por ello, hizo un llamado al Gobierno nacional para que vuelva su mirada hacia el Catatumbo y no limite la respuesta a un componente militar, sino que también impulse inversiones sociales que permitan atender las necesidades históricas de la población.
El personero insistió en que la falta de atención puede agravar las condiciones de violencia y propiciar nuevos hechos contra la población civil y la Fuerza Pública.
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“Vendrán cosas peores. El tema ocurrido hace poco con el batallón, yo creo que no es el primero ni va a ser el último. Desde la Asociación de Personeros del Catatumbo hemos hecho el llamado, pero pareciera que no se le está dando la importancia a nivel nacional”, puntualizó.
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