La Empresa Social del Estado, Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, no es ajena a la crisis financiera registrada a nivel nacional producto en la demora en los desembolsos de los recursos por concepto de los servicios prestados a las EPS.
El gerente del centro asistencial, Elmer Tamayo Jaime considera que la situación es insostenible en los últimos meses del presente año, ya que la cartera morosa supera los 154 mil millones de pesos y con los asesores incorpora mecanismos encaminados a recuperar un porcentaje de esos recursos.
“La tenemos concertada y depurada en unos 60 mil millones de pesos, pero aparte del giro directo que llega los primeros 8 días del mes, no están llegando recursos, la cartera aumenta y empieza a preocupar esa demora entre los hospitales públicos. Estamos al borde de un colapso en materia de recursos”, recalcó.
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Las directivas esperan el alcance de las reformas de la salud y un salvavidas del ministerio del ramo para conjurar la profunda crisis económica.
Radiografía del centro asistencial
El gerente indicó que al igual que los otros centros asistenciales del país, el hospital de Ocaña se encuentra sumido en una crisis bastante grande.
“Uno es el reconocimiento a la venta de servicios, otro es lo que nos cuestan los insumos para producir en comparación con el manejo de efectivo y la plata que ingresa al hospital”, precisó.
Indicó que se tiene una venta efectiva de servicios de 15.200 millones de pesos en promedio, pero “nos cuesta producir 13 mil millones de pesos, porque estamos recaudando 9.300. O sea, el hospital cada vez está cargando 3.700 millones al debe y eso es complicado. De seguir el comportamiento en el último trimestre del año, ya empezaremos a flaquear como red pública y no tendremos respuesta efectiva para la atención de pacientes como tal”, agregó.
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Fue enfático en afirmar que el hospital entra en una recta de las deudas cercanas a los 19 mil millones de pesos debido al efecto acumulativo. Por esta razón hizo un llamado al Gobierno nacional para que movilice más los recursos donde el flujo de efectivo entre aseguradora y prestador concurra de manera más rápida.
“Si no salvamos la papeleta en los tres meses finales del año, podríamos decir que en el 2025 inicia la crisis en la red pública de salud”, puntualizó.
Pacientes en cuidados intensivos
Tamayo Jaime calificó como un capítulo aparte el tema con Coosalud porque ha desbordado la irresponsabilidad como aseguradora, cuya deuda supera los 5 mil millones de pesos.
“Tenemos pacientes de toda la regional acostados en una cama sin que se les autorice un rayo X, un laboratorio o un examen complementario. Ni siquiera la urgencia vital ordenan atender y eso es delicado. Casi que es penal la autorización de esos servicios”, mencionó el funcionario.
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La EPS tiene 60 mil usuarios en toda la regional, 20 mil de ellos en Ocaña, igual número en Ábrego y los restantes en los municipios de la región. El gerente señaló que los pacientes están totalmente desprotegidos del aseguramiento. “Hicimos una mesa de trabajo con el presidente de la Asociación de Municipios, se activaron las alarmas y la empresa no responde a la necesidad de los afiliados”.
El equipo de trabajo manifestó que las soluciones se encuentran en Cartagena, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que tomen las acciones legales en contra de las aseguradoras.
Instancias nacionales
El representante a la Cámara por Norte de Santander, Jairo Humberto Cristo Correa, quien analiza la reforma a la salud es consciente de las grandes transformaciones que se deben hacer a las empresas prestadoras del servicio de salud.
“El sector hospitalario está atravesando por una crisis financiera bastante fuerte y la provincia de Ocaña no se salva. Los centros asistenciales no tienen recursos, las EPS demoran sus pagos, la atención no es la más adecuada”, agregó el parlamentario.
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En el caso de Ocaña, la Nueva EPS tiene una deuda cercana a los 45 mil millones de pesos, Coosalud sobrepasa los 14 mil millones de pesos, además Sanitas y Comfaoriente están adeudadas.
Explicó que la reforma al sistema contempla el saneamiento financiero de la red pública para solventar el problema grave en aras de un servicio óptimo.
“Vamos a tener unos controles para inspeccionar esos contratos, conocer los diagnósticos y buscar las alternativas de solución. La gente no aguanta pañitos de agua tibia y requieren soluciones de fondo, incluso se habla del saneamiento a través de créditos Findeter para saldar la cartera morosa con las EPS liquidadas, pero el problema no se va solventar y hemos propuesto una estatutaria, donde regula la Ley 1751 de la salud”, puntualizó.
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