La Inspección Primera de la Policía ordena el cierre de las obras que se adelantan en inmediaciones al batallón de Infantería Número 15 Santander para instalar la fibra de vidrio desde la planta de tratamiento de agua potable El Algodonal en el municipio de Ocaña.
El gerente de la Empresa de Servicios Públicos, ingeniero Jesús Alfredo Contreras, califica ese procedimiento como arbitrario que pone en riesgo la optimización del sistema. Censura la medida y es categórico al defender la postura frente a una obra que supera los 10.000 millones de peso indicando que en ningún momento han violado las disposiciones para ese tipo de intervenciones sobre el paso nacional.
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La familia Mozo denuncia la perturbación de una propiedad privada asegurando la invasión de los predios de las fincas de manera inconsulta, incumpliendo con los mínimos requisitos de ley.
La chispa de la polémica
Directivos de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña en aras de apostar al desarrollo sostenible para garantizar la optimización del sistema deciden construir una línea de impulsión de agua potable desde la planta del Algodonal hasta el tanque de Buenavista parte baja.
La etapa contempla la instalación de 1.300 metros de tubería de 24 pulgadas PVC RDE y 12 pulgadas para la distribución en el punto de referencia 01+54 hasta el PR 00+234 de la carretera Ocaña-Cúcuta.
Los vecinos del sector y administrador vial reclaman el permiso pertinente para ingresar a las fincas e instauran querellas en contra de la empresa.
Mientras el gerente de la ESPO, Jesús Alfredo Contreras, denuncia persecución por parte de la Inspección Primera de la Policía, la titular de esa dependencia, abogada Sara Lisney Echávez Rincón, asegura que esa obra no cuenta con el permiso del Instituto Nacional de Vías para intervenir el tramo.
“No se pueden iniciar obras sin el debido proceso, inicialmente el primero de octubre se adelantó una diligencia de conciliación entre las partes, pero la empresa ha incumplido. La disposición es clara, debe mediar un permiso para proceder en la faja vial, 30 metros de lado y lado contados desde la línea de la mitad de la carretera”, precisa la profesional del derecho.
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La empresa en reiteradas ocasiones ha caso omiso a las quejas instauradas por los propietarios y la administración vial, entonces ese despacho procede al sellamiento de la obra y convoca para los próximos días una audiencia pública con el representante legal de la ESPO.
En riesgo la operatividad
Las directivas de la Empresa manifiestan que no han violado ninguna disposición y esa medida pone en riesgo la prestación del servicio de agua potable en la ciudad, ya que el nuevo sistema evitará el colapso del antiguo por obsoleto.
“Realmente, indignados, sorprendidos con las actuaciones asolapadas y de mala fe de parte de la Inspección Primera al suspender la obra de optimización del sistema para muchos años”, indica el gerente de la ESPO, ingeniero Jesús Alfredo Contreras Mejía.
Advierte que la conexión del año 1977 puede colapsar en cualquier momento generando una emergencia sanitaria de grandes proposiciones en Ocaña.
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“Cualquier falla se la atribuimos a esa señora de la Inspección Primera porque nosotros como empresa hemos sido responsables en este tipo de obras. Esa actuación rompe todos los esquemas de la ética y la esencia de la Ley 142, 1208, 1968 y los principios de Gestión del Riesgo”, precisa el ingeniero.
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