Durante las sesiones ordinarias del mes de noviembre, el Concejo Municipal de Ocaña analizó la iniciativa encaminada a exonerar a los campesinos del pago del alumbrado públicos en aquellas veredas donde no reciben el servicio.
Los afectados esperan que el llamado que se hizo a la corporación tenga eco, dado que se estaría cometiendo una injusticia con al menos 1.800 de ellos, obligados a cancelar tarifas altas sin recibir los beneficios.
Se conoció por los mismos agricultores que les llegan los recibos por más de un millón de pesos debido al sistema de bombeo para regar los cultivos y esa cifra se incrementa en ciento veinte mil pesos por concepto del impuesto del diez por ciento de alumbrado que no perciben.
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Los concejales solicitaron las tablas manejadas por Centrales Eléctricas de Norte de Santander, cuyos recursos son transferidos a la concesión AGM Desarrollos para la respectiva expansión y, además, las disposiciones legales para tomar una decisión al respecto.
Los agricultores a gran escala esperan una decisión salomónica, pues llevan más de 10 años pagando un servicio que no reciben ya que ‘echaron en la misma bolsa a los usuarios pasivos y activos’.
El meollo del asunto
Durante la administración municipal de Jesús Antonio Sánchez Clavijo, se entregó en concesión el alumbrado público a la firma AGM Desarrollos, y mediante el acuerdo 02 del 26 de febrero de 2013, se modificó el artículo 148 del acuerdo 42 de 2009.
El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto del Pajuil, Carlos Alberto Rincón Mejía, demandó ese procedimiento por el cobro de un servicio que no se está suministrando a muchos suscriptores.
“Lo anterior contraviene el artículo 39 del Decreto 1842 de 1991, según el cual las empresas prestadoras del servicio no podrán cobrar, sin prestarlo, ni tampoco tarifas y conceptos diferentes a los avalados por la autoridad competente”, manifestó Rincón en el denuncio.
Los líderes campesinos aseguran que se vulnera lo previsto en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 que contempla los requisitos para la facturación y dispone que no se cobrarán los servicios no ofrecidos, ni conceptos no previstos en las condiciones uniformes de los contratos.
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Tal como lo evidencia la base de datos de CENS, actualmente se está cobrando el impuesto de alumbrado público a todos los predios, cuenten o no con ese servicio. De acuerdo con las cifras, existen 4.600 usuarios en la zona rural, de los cuales 1.800 suscriptores no reciben el servicio.
¿A cuánto asciende ese valor durante los 10 años y cómo se han invertido esos recursos? Se preguntan los campesinos. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Llano Verde, José Aníbal Castro solicitó a los concejales analizar muy bien la iniciativa y pide que eliminen ese impuesto incluso a toda la población rural que genera desarrollo y progreso a la región.
Es imperioso el desmonte
Los líderes campesinos claman el desmonte de ese impuesto reflejado en los recibos de la luz y más ahora con las alzas en los kilovatios a nivel nacional. Solicitaron incluso al presidente Gustavo Petro ordenar una intervención, ya que primero está el interés general que el particular de las concesiones en el país.
El concejal William Felipe Sánchez Casadiego destacó la connotación del proyecto de acuerdo por medio del cual se debe revisar el cobro del 10 por ciento para el sector rural del impuesto de alumbrado público. “Debemos analizarlo muy bien por las cláusulas contempladas en la concesión con AGM”, reiteró.
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El ponente Luis Eduardo Botello Sarmiento acopia toda la información para el desmonte de ese subsidio en la zona rural evitando investigaciones y demandas futuras en contra del municipio.
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