Aunque la justicia ordenó que el expresidente Álvaro Uribe debe ir a juicio por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, cada vez el panorama parece más difuso. Para el próximo 10 de julio estaba programada la audiencia preparatoria de juicio en su contra, pero ahora la defensa podrá nuevamente pedir la nulidad del proceso. Hecho que ya había sido negado.

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La decisión es del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que aceptó un recurso de queja presentado por el abogado Jaime Granados en el que alegaba que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá se equivocó al rechazar de plano la solicitud elevada por el exmandatario de declarar la nulidad de lo actuado.

“El rechazo de plano es un argumento contradictorio, pues, asegura, se trata de una solicitud dilatoria, cuando es el legislador quien indica que este es el escenario para solicitar nulidades; los derechos de las víctimas y del procesado a que el proceso se adelanten con celeridad y eficacia, no pueden entenderse como justificación válida para limitar el debido proceso y pretermitir oportunidades de defensa que el mismo proceso trae dentro de su estructura”, argumentó en su petición de queja.

Precisamente, y como en otras oportunidades, la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, rechazó de plano la solicitud del abogado Granados para evitar que se convierta en una estrategia dilatoria, lo que quiere decir que no le permitió interponer recursos.

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Granados había argumentado, como en otras solicitudes suyas que también fallaron, que este caso debía anularse porque la Fiscalía no fue clara en los hechos y delitos por los que Uribe es investigado, ya que este no sabe por qué se está defendiendo. Hecho que para la juez no tiene sentido, por lo que la rechazó de plano, impidiendo que se presenten dilaciones en el caso. "Cuando pretensiones resultan ostensiblemente infundadas e inconducentes, se impone el deber de rechazarlas de plano, pues le asiste el deber al juez de velar que los fines de la audiencia se cumplan con celeridad".

El proceso comenzó en 2018, con una investigación que la Corte Suprema adelantaba contra el senador Iván Cepeda luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda. Cepeda reveló testimonios de exparamilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con el paramilitarismo, principalmente en Antioquia. En medio de esta investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones. La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detener al exsenador de manera preventiva en su residencia. El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía.

Contrario al alto tribunal, la Fiscalía intentó cerrar el caso. La primera solicitud llegó por cuenta del entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, jefe de Villarreal, y la segunda, por el fiscal Javier Cárdenas. Una jueza le negó la preclusión a Jaimes y otra, a Cárdenas, quien apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá. Con el cambio de fiscal, fue que se decidió llevarlo a juicio.

Además de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía en la última audiencia que también lo investigara por el delito de soborno. Ese delito está vinculado al caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, a quien, al parecer, se le habría ofrecido un soborno por parte del abogado Diego Cadena.

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