La Contraloría General de la República emitió un control de advertencia al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda Morales, por la baja formalización y actualización catastral en el país, lo cual amenaza la implementación de la política pública de catastro multipropósito.

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Según el ente de control fiscal, los avances al respecto son muy escasos y eso se evidencia en el hecho de que, de los 1.102 municipios que hay en Colombia, solo 73  de ellos tienen la  actualización catastral total (6,62%).

Esta cifra representa apenas 8’846.926 hectáreas, en la zona urbana y rural, de un total de 114 millones que tiene el país. La meta que se fijó en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 habla de una implementación del 70%, razón por la cual, para la Contraloría, es urgente y necesario acelerar la cobertura completa, dando prioridad a los municipios con mayor rezago y fomentando la coordinación interinstitucional.

El otro aspecto que le preocupa al organismo de control tiene que ver con la baja ejecución presupuestal para la puesta en marcha del catastro multipropósito, pues según un estudio que elaboró la entidad, en el período 2020-2023 los recursos no comprometidos oscilaron entre el 48% y el 79% del presupuesto disponible. Esto, a pesar de que la asignación presupuestal para este renglón ha sido considerable.

“En la medida en que continúe la pérdida de apropiación presupuestal, que para el periodo comprendido entre 2020 y 2023 tuvo un promedio del 46%, no se podrá cumplir con el objetivo de implementar el catastro multipropósito en los tiempos y metas establecidos en los planes de desarrollo”,  indica la Contraloría.

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En el control de advertencia también se insiste en que hay deficiencias en la actualización de la información catastral, puesto que, el 91,45% del área rural y el 72,10% de la urbana no disponen de datos actualizados.

“Hay riesgo en la interrelación efectiva entre la información de catastro y registro, dado que aún persisten deficiencias en la implementación de los sistemas tecnológicos, reflejando un rezago significativo en los registros catastrales disponibles en el país”, le advierte la Contraloría al IGAC.

La otra amenaza que se percibe en la implementación de la política pública tiene que ver con la baja ejecución presupuestal para el cumplimiento de este propósito, en municipios históricamente vulnerables como los afectados por el conflicto armado y la pobreza. De acuerdo con el estudio del ente de control, pese a la asignación de recursos, estos se encuentran desactualizados.

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En el oficio enviado al director del IGAC, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, le deja claro que estos riegos se podrían llegar a consolidar en un mediano a largo plazo si no se toman medidas para modificar las tendencias observadas en el proceso de implementación de la política pública de catastro multipropósito del país.

“Los riesgos expuestos en esta advertencia cumplen con criterios de excepcionalidad como trascendencia social y alta connotación económica. En cuanto a la trascendencia social, el poco avance en la implementación del catastro multipropósito no ha permitido la implementación del acuerdo de Reforma Rural Integral, la cual busca formalizar y redistribuir la tierra, como se estableció en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en Colombia, en el 2016”, señala Rodríguez.

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