Definiciones

Se viene una nueva elección en el Concejo de Cúcuta. Antes de que termine el actual periodo, los 19 integrantes de la corporación tendrán que definir la mesa directiva para el 2025 y lo que está claro hasta el momento es que la coalición mayoritaria buscará repetir lo hecho este año, de mantener la hegemonía en la presidencia y las dos vicepresidencias.  La puja por la silla principal estará entre los concejales Albert Casadiego (Cambio Radical), Carime Rodríguez (Partido Liberal) y Jesús Sepúlveda (Colombia Renaciente).  La consigna ahora entre los 13 que conforman el grupo mayoritario es lograr un consenso que les permita alcanzar su objetivo y no salir divididos. Todavía no se conoce la fecha en la que será la elección y por ahora cada uno está haciendo lobby para conseguir el mayor número de votos entre sus compañeros y así ser el ungido.

Poco control

Y a propósito del Concejo y su coalición mayoritaria, esta semana demostró que el “control” está en sus manos, luego de que le bloqueara el paso a una proposición de los concejales de oposición que pedían llamar a rendir cuentas a los secretarios de despacho que están embolatados con la ejecución de sus planes y proyectos, o sobre los cuales pesa el mayor número de críticas hoy en la ciudad porque no se ven sus acciones, como Infraestructura, Hacienda, Tránsito, Gobierno, entre otras. Finalmente solo serán llamados el Sisbén, Bienestar Social, Desarrollo Social, Salud y Seguridad Ciudadana.

Poco control II

La molestia de los concejales que no están de lado de la administración municipal no se hizo esperar, pues aseguran que es la primera vez que pasa casi todo un año sin que se llame a control político a los miembros del gabinete municipal y que es muy probable que se haga sin el rigor que demanda este tipo de convocatorias. Además, alegan que los cuatro despachos citados no son los que manejan el mayor porcentaje de recursos de inversión, ni donde se han hecho las incorporaciones de los últimos meses. Mejor dicho, que de control político, habrá pocón, pocón.

Todo bien, todo bien

Esta semana finalmente volvió a Cúcuta el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pero no para  liderar un consejo de seguridad, sino para participar en un foro organizado por la Fundación Progresar, la Gobernación y la Cámara de Comercio, sobre la violencia urbana. Aunque lo que muchos esperaban era que esta fuera la oportunidad perfecta para exigirle al Gobierno Nacional mayor atención a esta zona de frontera por el recrudecimiento de las acciones violentas y la inseguridad, causó sorpresa entre los asistentes que el discurso sobre el cual giraron varias de las intervenciones, es que en la ciudad todo se estaba haciendo bien. El ministro, incluso, hasta celebró la reducción de algunas cifras de delitos, para demostrar que las acciones estaban funcionando. ¡Así no se puede!

Marcha por la paz

Una muestra de que los cucuteños no la están pasando nada bien en materia de seguridad, es la Marcha por la Paz que se está convocando para el próximo 29 de octubre desde la Alcaldía de Cúcuta, con el fin de enviarle un mensaje a los violentos y decirles que la sociedad civil está unida en contra de la delincuencia y los actos que pretenden acabar con la tranquilidad de la ciudad. La movilización saldrá a las 8:00 de la mañana de la glorieta de San Mateo y se trasladará por toda la Diagonal Santander hasta llegar a la Plaza de Banderas. “Agradezco las diferentes manifestaciones de apoyo a esta marcha”, dijo del alcalde Jorge Acevedo.

Reversazo

Y hablando del alcalde, al Acevedo no le quedó de otra que echar para atrás el contrato que había hecho con la firma barranquillera Informática y Tributos S.A.S. para el manejo del software de la Secretaría de Hacienda, después del despelote que se generó en el recaudo de impuestos y el pago de obligaciones salariales a los empleados de la administración municipal. Al mandatario le habían hecho varias advertencias de lo que implicaba cambiar una empresa con experiencia y reconocimiento como TNS, por una relativamente nueva y sin mucho bagaje, como la barranquillera, pero tuvo que sobrevenir el caos para cambiar de parecer. Qué bueno que primó la sensatez.

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Pamplonesa en la ONU

Pamplona fue protagonista esta semana en un escenario de relevancia internacional. Rayza Reyes,  asesora de comunicación política y de gobierno, activista y defensora de derechos humanos, oriunda de la ciudad mitrada, tuvo la oportunidad de actuar como peticionaria en la IV Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante tres minutos, Reyes se dirigió a los delegados de los 195 países miembros e hizo un llamado urgente para respaldar la descolonización del Sahara Occidental, resaltando el papel que juegan las mujeres saharauis en esta causa.

En defensa de Petro

Integrantes del Movimiento Liberales de Base, entre los que se encuentra el exalcalde de Ocaña Francisco Coronel Julio radicaron una denuncia penal en la Fiscalía en contra de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) César Lorduy y Álvaro Hernán Prada, por haber incurrido en un presunto prevaricato por acción, por abrir investigación al presidente de la República, Gustavo Petro, ante las presuntas irregularidades que rodearon su campaña, en 2022. Los denunciantes alegan que los magistrados le hicieron un “esguince” a la Constitución e ignorando la investidura de jefe de Estado. De la misma forma, le insisten a la Fiscalía que lo que hicieron con el mandatario es violatorio del debido proceso y que se está desconociendo, incluso, la jurisprudencia de la CIDH. 

Una tutela

En Cúcuta, el abogado Carlos Arturo Ramos también entró a interceder por el presidente Petro e interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de la ciudad, mediante la cual pide la protección de los derechos fundamentales al respeto de la Constitución, la preservación del orden constitucional y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ramos advierte que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la única competente para investigar y acusar al presidente de la República por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, está reclamando que se le ordene CNE abstenerse de adelantar cualquier actuación que implique la investigación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y que se anule la decisión tomada esta semana.

Más problemas

Por estos días, la elección de personeros ha dado mucho de qué hablar en Norte de Santander, a raíz de la anulación que se dio en dos de estos procesos: el de Villa del Rosario y Teorama. Aunque en el primero de ellos, el fallo es de primera instancia, y todavía hay opción de que esa decisión no quede en firme, en el municipio del Catatumbo la suerte está echada y ya no hay vuelta atrás. Como si fuera poco, este fin de semana se conoció que la Procuraduría General de la Nación resolvió ponerle la lupa a la Universidad Popular del Cesar (UPC), por las presuntas anomalías en los procesos de selección de personeros municipales o distritales (2024-2028). Como parte de la investigación que se adelanta, el ente de control entrará a revisar si esa institución cumplió las diferentes etapas del concurso de méritos en la elección de los personeros de Tibú y Hacarí.

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