“Temo por mi vida y por la vida de mis hijas”. Esas fueron las palabras con las que Sandra Ortiz, la poderosa mujer de Boyacá que llegó a ser alta asesora para las regiones del presidente Gustavo Petro, reapareció en las últimas horas frente a la Fiscalía General en Bogotá para ser interrogada en calidad de indiciada por el caso de corrupción más grave de la administración desde que la izquierda llegó al poder.

Luego, Ortiz recriminó a los medios de comunicación visiblemente afectada por lo que consideró un “perfilamiento sin pruebas” que ha llegado a poner en riesgo su integridad. Sin embargo, Ortiz no respondió las preguntas de los periodistas que la cuestionaron insistentemente sobre los chats que mantuvo con Snyder Pinilla para tener una reunión privada en la habitación 2312 del Hotel Tequendama y las acusaciones de ser la “mensajera” del senador Iván Name con el fin de llevarle 3.000 millones de pesos de la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Hasta ahora, la Fiscalía anunció una investigación en su contra por lo que este es el primer paso de lo que podría convertirse en un proceso con grandes repercusiones para Ortiz, la primera cabeza del escándalo de la que el Gobierno decidió prescindir.

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En sus primeros comentarios a la prensa la exasesora pareció tener una estrategia de negar las acusaciones en su contra y defenderse de las delaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Luego de preguntar a su abogado Pedro Aguilar, que la acompañó a su lado durante toda la trayectoria en el Búnker, pero este no contestó los chats. La gran pregunta que queda es si Ortiz estaría dispuesta a empezar una colaboración con la justicia que le pueda significar un principio de oportunidad, y en esa línea podrían temblar otras cabezas del Gobierno, o si definitivamente elegirá enfrentarse a Pinilla y López con la carga de evidencia que ya tiene la fiscal del caso aseverando que hubo una “organización criminal” para la corrupción.

Ortiz se trató de mostrar tranquila en un primer momento pero cuando los periodistas que la esperaban le hicieron preguntas se quebró. Acusó a la prensa de tener una campaña en su contra y dijo: “muestren las pruebas y yo mismo las llevo a la fiscal y las entrego”. Su abogado le recomendó no hacer más comentarios ante las cámaras pero ella insistió. “Soy una mujer honesta”, dijo.

Las opciones que tiene

Si Ortiz decide enfrentarse a López y Pinilla, como hasta ahora lo han hecho todos los demás salpicados, entre ellos Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, la Fiscalía podría formalmente iniciar un proceso para imputarle cargos y pedir un juicio. Ese camino dependería del detalle de las evidencias que hayan presentado los exdirectores de la UNGRD en su contra. Por ahora se conocen los chats en los que ella misma le solicita insistentemente una reunión a Olmedo López en una habitación del Hotel Tequendama y la versión de Pinilla que señala que él habría recibido órdenes de su jefe para entregarle los 3.000 millones que consiguió primero de un crédito en efectivo y puso en tulas negras. “Acuérdese doctora Sandra, me demoré dos días entregándole”, afirmó Pinilla en una de sus visitas a la Corte.

Si la Fiscalía tiene evidencia de fondo el caso podría terminar con una condena en contra de la excongresista, que tiene 20 años de experiencia en política.

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Por el contrario, si decide colaborar con la justicia, tendría que buscar un principio de oportunidad para que la Fiscalía le ofrezca beneficios penales. Eso, tal como en los casos de López, Pinilla y el contratista de los carrotanques, requiere delaciones contra otras personas, que tendrían que tener la condición de ser del mismo rango de Ortiz o superiores, y las pruebas de fondo que acompañen su versión.

Los compañeros de Ortiz se han defendido de todas las acusaciones señalándolas de falsas y arremetiendo contra López culpándolo del escándalo. En esa estrategia se encuentran el exministro Luis Fernando Velasco; el ministro Ricardo Bonilla; el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González; y el director de Función Pública Cesar Augusto Manrique.

Ortiz, además, está atravesando por el duelo de la muerte de su excompañero, Pedro Aguilar, un acaudalado esmeraldero de su región que recibió un disparo de un francotirador en el primer hecho de este tipo registrado en Bogotá.

Lo que no quedó claro es por qué Ortiz dijo que su vida y la de sus hijas se encuentran en riesgo y quién podría generar esa situación. Esas serán algunas de las preguntas que le responda al ente acusador.

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