La plenaria de la Cámara de Representantes le dio luz verde ayer al proyecto de ley impulsado por la bancada de paz, que propone ampliar 10 años la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) creados en el Acuerdo de Paz y que se ejecutan actualmente en 16 subregiones del país, incluida el Catatumbo.

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En su segundo debate, la iniciativa recibió el respaldo de 118 representantes que están de acuerdo con extender la implementación de estos planes especiales hasta el 2037, teniendo en cuenta que el plazo inicial sobre el que se crearon vence en dos años y en su mayoría siguen rezagados.

Tal y como quedó consignado en el acuerdo de La Habana, los PDET fueron pensados como “un instrumento de planificación y gestión”, a través de los cuales se proponía transformar los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la debilidad institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

Sin embargo, los representantes de las curules de paz insisten en que el tiempo y los recursos asignados hasta el momento para la puesta en marcha de esta política han sido insuficientes para garantizar la ejecución efectiva de los proyectos y generar un cambio estructural de fondo.

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“La debilidad institucional sigue siendo un obstáculo crítico que limita la eficacia de los PDET. Las mejoras marginales en la capacidad administrativa no han sido suficientes para garantizar la ejecución efectiva de los proyectos, lo cual retrasa de manera significativa el impacto que esperan las comunidades y acentúa las dificultades de gestión en los territorios”, se puede leer en la exposición de motivos de la iniciativa.

Allí se advierten también problemas en materia de desigualdad en la ejecución territorial de los Programas de Desarrollo, así como por el aumento de los cultivos ilícitos y la deficiencia en infraestructura, como falta de vías terciarias y fluviales, lo que limita el desarrollo económico de las zonas PDET.

De ahí que la propuesta que avanza en el Congreso de la República contempla, además de la ampliación de la vigencia para su ejecución, la armonización y articulación de estos programas con el Plan Nacional de Desarrollo, entidades territoriales y con otros instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio.

“Los Planes Nacionales Sectoriales, Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, Planes Integrales de Reparación Colectiva, los Planes de Retorno y Reubicación, el Plan Marco de Implementación cuando haya lugar y demás instrumentos derivados del Acuerdo Final deberán articularse con los PDET y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), garantizando la concurrencia de recursos para su implementación prioritaria, que deberán incluirse en  los planes estratégicos y los planes operativos anuales de  dichas entidades”, dice uno de los parágrafos de la norma.

Fortalecimiento financiero

El proyecto de ley al que le restan todavía dos debates para que sea una realidad, propone también robustecer el sistema de financiación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, puesto que esta es una de las principales debilidades para que hoy sean una realidad.

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Así las cosas, los autores de la iniciativa plantean una modificación en el siguiente sentido: “Para la financiación de los PDET y los PATR, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales contarán con los recursos del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas, conforme a sus respectivos regímenes legales, así como recursos de la cooperación internacional”.

Y agrega que los municipios PDET podrán, en cualquier momento, contratar créditos en condiciones blandas con entidades financieras de redescuento, las cuales implementarán una línea de crédito para tal fin.

Ampliar el número de municipios

Aunque la ampliación de la vigencia del Decreto Ley 893 de 2017 recibió un importante respaldo en la Cámara de Representantes, el proyecto pasa a su siguiente debate en el Senado de la República con un “mico” que hoy algunos sectores cuestionan.

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Se trata de un parágrafo que fue introducido la semana pasada por el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, que deja entrever una intención de ampliar el número de municipios PDET.

Tal y como quedó consignado en el Acuerdo de Paz del 2016, actualmente esta figura tiene un radio de acción en 16 subregiones, 170 municipios y 11.000 veredas del país. Una de esas zonas es el Catatumbo, en donde fueron amparados ocho municipios: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Sin embargo, el partido de oposición propone que: “previo a un estudio técnico, el Gobierno Nacional podrá modificar la composición del listado de  los municipios PDET, con el fin de lograr un equilibrio en el desarrollo de otros entes territoriales con características similares que hayan sido focalizados”.

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Esta propuesta fue criticada por la exintegrante de la delegación del Gobierno en La Habana, Juanita Goebertus, quien consideró que abrir el listado de municipios PDET “diluye” los pocos recursos para reducir la pobreza rural. “Si el Senado no corrige, sepultarán un pilar fundamental del Acuerdo de Paz”, escribió en su cuenta de X.

Al respecto, uno de los autores del proyecto, el representante por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, manifestó que si bien ese parágrafo quedó incorporado en el texto aprobado en la plenaria de la Cámara, se someterá a revisión en su paso por el Senado.

Quintero admitió que la proposición se avaló para poder darle trámite al proyecto y que no se cayera por falta de cuórum, pero que será subsanada.

“Es una puerta que no podemos abrir porque no habría una forma política ni técnicamente correcta para determinar qué municipios son PDET, porque las dinámicas del conflicto han cambiado. Si uno cambia esa premisa que está en el Acuerdo de Paz, es meterse con el Acuerdo, porque este está amparado por la Constitución. Por eso, la proposición vamos a corregirla”, anticipó el congresista.

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