La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió la semana pasada una trascendental decisión en favor de las miles de víctimas de desaparición forzada en el país.

Como parte del proceso de restauración de los daños causados en el conflicto, la JEP ordenó una medida cautelar nacional, así como una audiencia pública, con el fin de proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de este flagelo.

“Para la Sección, existe una estrecha relación entre la verdad, la memoria y los derechos de las víctimas. Hacer justicia por este crimen implica concederles el derecho a saber las circunstancias en las que se dieron las violaciones, los acontecimientos y motivos que llevaron a la perpetración de los crímenes”, señaló la justicia especial.

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La audiencia pública tendrá lugar los días 14 y 16 de mayo en Bogotá y Barrancabermeja.

Para brindar garantías en el proceso, la JEP convocó a organizaciones especializadas en derechos humanos, con el fin de que acompañen la diligencia.

Y, con el ánimo de consolidar el universo de víctimas desaparecidas en Colombia, la JEP solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, al Instituto Nacional de Medicina Legal, al Grube, a la Dirección de Políticas Públicas y de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación y a la Uariv, que conformen una mesa técnica que deberá entregar una cifra oficial en materia de desaparición forzada, en un término de seis meses.

La Jurisdicción decidió, igualmente, solicitar informes a ministerios, organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Además, autoridades del ámbito nacional y territorial para construir una radiografía inicial de cara a la audiencia de mayo.

Fallas que afectan a las víctimas

De acuerdo con los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, la falta de consolidación de sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación, la dificultad en el acceso a la información, el subregistro de víctimas de desaparición, así como factores socioculturales relacionados con el temor a denunciar y la desconfianza en las entidades estatales, son algunos de los problemas recurrentes que se han identificado en el trámite de las medidas cautelares adoptadas para proteger puntos de interés forense.

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“Hay evidencia de falta de coordinación; la necesidad de un fortalecimiento presupuestal y tecnológico; ausencia de una política pública integral para abordar la desaparición forzada, así como la custodia y preservación de puntos de inhumación; baja participación en tomas de muestras biológicas y precariedad de infraestructura para el tratamiento y abordaje de los cuerpos”, señala la JEP.

Según la justicia transicional que se creó en el marco del acuerdo de paz de La Habana, la desaparición forzada es transversal a los 11 grandes casos que investiga, toda vez que este delito ha estado asociado a casi todos los crímenes que se presentaron durante el conflicto, como el secuestro, el reclutamiento y los asesinatos selectivos, entre otros.

En ese sentido, para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada, unificar la ruta de acción y definir las estrategias que permitan dar respuesta efectiva, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad adoptó una medida cautelar nacional que busca articular los deberes institucionales de los entes nacionales y territoriales con las víctimas y sus familiares.

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