El presidente Gustavo Petro se opuso a la realización del referendo que busca la autonomía fiscal en las regiones, cuyo promotor es el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Y es que la Registraduría Nacional del Estado Civil recibió el viernes 3,3 millones de firmas recolectadas en los últimos meses de 2024. También tendrán la función de revisar las rúbricas para dar una respuesta sobre su validez en un término de unos 45 días.

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La finalidad de esta propuesta es que se modifique la Constitución para que las regiones sean autónomas en lo que generen, según explicó Juan Guillermo Zuluaga, vocero del comité promotor tras la entrega de las firmas: “Es hora de que las regiones asuman los recursos y las funciones que les corresponden”.

Sin embargo, el mandatario Petro mostró su descontento con esta iniciativa antioqueña porque para él significa que solo dos territorios pueden ajustarse a la autonomía fiscal por ser los que más aportan a la economía del país.

“Hay que advertir que, si los departamentos pudieran administrar sus impuestos de renta y patrimonio, solo dos territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín”, aseveró el jefe de Estado.

Explicó que en ambos sectores es donde “sale la mayor parte del impuesto de renta. La reforma constitucional al sistema de transferencias para que se cierren las brechas regionales hecha recientemente por el congreso quedaría derogada”.

Petro aseguró que, de aprobarse el referendo, los otros departamentos del país no tendrían la posibilidad de solventar su fuerza pública.

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“Tendríamos básicamente un ejército y una policía solo en Medellín y Bogotá, el resto de los departamentos no tendrían como financiar su propia fuerza pública. Al aumentar la desigualdad regional, aumentaría la violencia. Bogotanos y la gente del Poblado se darían cuenta de que el centralismo extremo que proponen en un mar de violencia que no serviría para nada”, puntualizó el mandatario.

Este proyecto es uno de los mecanismos de participación ciudadana que tiene el país. En ese sentido, busca introducir una norma análoga y establecer un ingreso protegido de titularidad exclusiva de los departamentos y del Distrito de Bogotá.

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