Europa Press
La inminente designación de la exfiscal Viviane Morales como ministra de Educación en el gobierno de Abelardo De La Espriella desató este jueves críticas y cuestionamientos, especialmente por sus posturas frente a temas religiosos y los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+.
"Morales no es investigadora, ni científica, ni conoce el sector educativo. Es una política de siempre, enemiga de los derechos de las mujeres y de la población LGBT reconocidos por la Corte Constitucional", afirmó la senadora Jennifer Pedraza.
Para la congresista, la eventual llegada de la exfiscal al Ministerio de Educación representa una declaración de "guerra" de De La Espriella contra la educación laica, la libertad de cátedra, la autonomía escolar y el derecho a la libre asociación de los docentes.
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En la misma línea se pronunció la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien señaló que, de confirmarse la versión sobre el nombramiento de Morales, el nuevo gobierno estaría enviando "un mensaje muy complejo en un país dividido".
"El nuevo gobierno le está diciendo a la mitad del país que el temor a un retroceso en la agenda de derechos y libertades es, efectivamente, un riesgo cierto", manifestó la congresista.
Juvinao sostuvo que, aunque el presidente tiene la facultad de conformar libremente su gabinete, no puede desconocer los derechos conquistados por las mujeres y las minorías.
"Colombia es un Estado laico, en el que las mujeres tenemos libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y en el que las minorías tienen los mismos derechos que el resto de la población. Cualquier intento por retroceder en lo ganado como Estado social de derecho tendrá en mí a la más férrea opositora, en defensa de los derechos y las libertades que la ciudadanía ha conquistado con lucha y resistencia", advirtió.
Viviane Morales es abogada de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad París II. Fue representante a la Cámara en la década de los noventa y senadora entre 1998 y 2002. Además, se desempeñó como fiscal general de la Nación entre 2011 y 2012 y fue embajadora de Colombia en Francia durante el gobierno de Iván Duque.
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