Según las acusaciones de Arias, estos partidos habrían recibido dinero de la empresa extranjera Keralty y de otros conglomerados económicos propietarios de EPS, recursos que supuestamente habrían sido utilizados en las campañas de sus congresistas.
En su declaración pública a través de las redes sociales, el congresista del Pacto Histórico señaló directamente al Centro Democrático, la Alianza Social Independiente (ASI), el Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador como los involucrados en esta presunta trama de financiamiento irregular.
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Arias fundamentó su denuncia en varias normativas legales, como la ley 1474 de 2011, que prohíbe a las EPS hacer donaciones a campañas políticas, así como en el inciso ocho del artículo 109 de la Constitución que prohíbe la financiación política y electoral por parte de extranjeros.
También citó la ley 1475 de 2011, que prohíbe a los partidos recibir financiación directa o indirecta de personas o entidades extranjeras.
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Según los datos revelados por el senador Arias, el Centro Democrático habría recibido $35 millones de Keralty y $302 millones del conglomerado Bolívar. Asimismo, el partido de la U, al que pertenece Norma Hurtado, habría obtenido $19 millones de la empresa Organización Sanitas Internacional y $68 millones del Grupo Bolívar.
El conglomerado Bolívar también habría realizado aportes significativos a otros partidos, como $12 millones a ASI, $112 millones al Partido Conservador y $72 millones al Partido Liberal.
Además, Keralty habría entregado $10 millones tanto a ASI como al Partido Liberal.
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Estas acusaciones cobran relevancia en el contexto de la discusión sobre la reforma a la salud en el país. Arias mencionó que algunos congresistas que recibieron estos financiamientos estarían legislando en contra de dicha reforma, lo que podría indicar un posible conflicto de interés.
La denuncia del senador ha sido remitida también a la Fiscalía para su investigación.
Arias concluyó su declaración enfatizando que estos partidos y senadores podrían estar priorizando intereses económicos sobre la salud de la población al legislar en temas que afectarían los negocios de sus financiadores, quienes actualmente reciben importantes sumas de dinero del Estado.
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