Esta semana que culminó cerró con avances en el cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno nacional y las comunidades cocaleras del Catatumbo. Por un lado, se terminó el pre censo adelantado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, DSCI; y por otro, el gobierno de Norte de Santander firmó el compromiso para invertir en la compra de canastas alimentarias y financiar proyectos para la sustitución de cultivos.
Lo último se logró en la Tercera Sesión de la Mesa de Implementación del Catatumbo, en la que el gobernador William Villamizar anunció el aporte de 500 millones de pesos para la compra de canastas alimentarias que permitan hacerle frente a la crisis social y económica de las familias campesinas cultivadoras de coca.
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Esto es parte de las obligaciones del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación en El Catatumbo, conformado por la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia de Renovación de Territorio, la DSCI y la Gobernación de Norte de Santander.
Desde el Área de Regalías de la Gobernación también se financiarán dos proyectos dirigidos a la sustitución de cultivos de uso ilícitos, iniciativas que serán priorizadas por las organizaciones sociales y campesinas que conforman el Comité del Paro, con el acompañamiento ente de sustitución nacional.
Villamizar señaló que estas acciones honran el compromiso con la transformación de Norte de Santander hacia un territorio de paz, así como con las familias que buscan alternativas de desarrollo y sustento a partir de nuevas formas de cultivo.
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Pagar una vieja deuda
Este trato hace parte de la “vieja deuda” que tiene el Estado Colombiano con las 99 mil familias que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, dijo Felipe Tascón Recio, director nacional del DSCI, quien estuvo de visita en Cúcuta esta semana.
Tascón Recio señaló que estas familias, entre ellas muchas de los 12 municipios de El Catatumbo, siguen a la espera de la inversión para concretar la sustitución de cultivos. “Eso es un una carga muy dura, hay que cumplirles y se les está cumpliendo”, dijo.
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No obstante reconoce que hay un atraso importante, de por lo menos 7 años. La razón, según Tascón, fue el mal manejo que se le dio al Programa Nacional Integral de Sustitución, PNIS, en el gobierno de Iván Duque, en el que se comprometieron más recursos de los que realmente se ejecutaron, tanto que apenas se alcanzaron a atender 386 familias, menos del 1% del total firmante.
En contrapartida, el funcionario señaló que de los recursos asignados y no ejecutados en la era Duque, se han recuperado 200.759 millones de pesos.
Juvinao durante el debate de control habló del abandono de los beneficiarios, Tascón indicó que fue así y que ahora se trabaja en la recuperación de la confianza, perdida por los años de incumplimiento, que llevaron a muchas familias a reincidir en el cultivo ilícito.
Entre el 26 y 27 de abril habrá una nueva sesión de trabajo entre el gobierno y las comunidades cocaleras, según dijo Guillermo Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, a fin de continuar en el proceso de honrar la deuda pendiente.
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