Además del paso de mercancías de contrabando y drogas, la frontera con Venezuela, específicamente por los pasos informales, conocidos como trochas, siguen convirtiéndose en los escenarios escogidos por lo traficantes de armas para que el material bélico llegue fácilmente a Cúcuta y el área metropolitana, proveniente del vecino país.

Entre los seguimientos que adelanta la Policía Metropolitana de Cúcuta para contrarrestar el comercio ilegal y el alquiler de armamento, se conoció que, en la gran mayoría, las armas que incursionan en el mercado negro de la capital de Norte de Santander llega desde Venezuela.

“En un reciente procedimiento de una captura, conocimos que el detenido traía armamento que le compraba a la Policía y a la Guardia de Venezuela, de las incautaciones que ellos hacían allá”, explicó una fuente judicial cercana a las pesquisas.

Estas armas son apetecidas en territorio colombiano porque son más económicas y por la dificultad que les genera a las autoridades para su investigación en los hechos delictivos que suceden en esta zona de la frontera.

El alquiler
En los diferentes sectores y comunas de Cúcuta, donde hay presencia de múltiples bandas delincuenciales dedicadas especialmente al microtráfico de drogas, también se impone el terror a través del retumbar de las balas.

Precisamente, cada estructura que ostenta algún poder en los rincones de esta zona del país, también tiene a su disposición el alquiler de armas para cometer diferentes delitos, entre hurtos y homicidios.

“En cada sector se da este fenómeno del préstamo o alquiler de armas, entre el grupo de delincuentes que se conoce en el lugar. Es mucho más fácil alquilar el arma, cometer el delito y devolverla”, dijo la fuente.

Según se conoció, el precio del alquiler de una pistola, oscila entre $500.000 hasta 2 millones de pesos.

Sin embargo, para cosas menores, los delincuentes acceden a un arma hasta por $200.000, lo que deja entrever la gravedad del hecho.

Las capturas
Una de las operaciones en la que las autoridades han podido establecer que se presentaba el alquiler de armas, fue en la que lideró la Seccional de Protección (Sepro) y de Inteligencia Policial (Sipol), de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en enero de este año, en El Zulia, donde fueron detenidos Isidro Lizcano Moncada y María Elena Castillo García, de 44 años, quienes tenían en su casa una fachada de venta de víveres, donde realmente almacenaban armas para venderlas y alquilarlas.

Un investigador cercano a las pesquisas aseguró que Lizcano, de 46 años, quien a pesar de tener una discapacidad física, no tenía impedimento alguno para adecuar y arreglar las armas de fuego que le eran entregadas a bajo costo por un adolescente, de quien según la investigación, se supo que sería un integrante de Los Pelusos.

Las armas que llegaban a la casa de Lizcano y María Elena Castillo García, de 44 años, se convertían en el producto en venta para delincuentes que salían a cometer hurtos y hasta homicidios en ese municipio del área metropolitana de Cúcuta y otras poblaciones aledañas.

En medio de ese procedimiento, los policías se incautaron de dos escopetas artesanales con un cartucho calibre 16; una pistola de fogueo calibre 9 milímetros, con cuatro cartuchos para la misma; un revólver marca Smith  & Wesson calibre 38 largo, con diez balas; dos celulares y $2.000.000 en efectivo.

Asimismo, un hombre conocido como El Armerillo, que delinquía al servicio de la banda criminal Los Rastrojos, detenido por la Policía, era el encargado de conseguir el material bélico para esta organización y para mantener a su servicio cualquier alquiler o venta de armas.

“Este hombre tenía su misión específicamente de conseguir las armas y tenerlas al servicio de Los Rastrojos. En la zona urbana de Cúcuta también usaban estas armas para cometer delitos y ajustes de cuentas de esta organización”, dijo una fuente.

Recientemente, en la calle 19 con avenida 18, del barrio Magdalena, la Policía capturó a Gustavo Puertas, quien portaba dos pistolas, una de estas marca Ruger con dos cargadores, 9 cartuchos calibre 45 y  un silenciador.

La otra pistola incautada tenía un cargador y tres cartuchos calibre 9 milímetros.

Se presume que este hombre también pretendía negociar las pistolas. “Cuando alguien vende o alquila un arma con silenciador tiene un costo más elevado, por eso avanzamos en las pesquisas para esclarecer a quién se las iba a entregar”, dijo una fuente.

Por ahora, las autoridades mantienen rigurosas pesquisas para debilitar a las bandas delincuenciales en el poder bélico que afecta la tranquilidad de los habitantes de esta zona de Norte de Santander.