Los líos en que han terminado envueltos los procesos para elegir a los próximos personeros no han sido un asunto exclusivo de las principales ciudades como Cúcuta. En Hacarí, la escogencia de este funcionario hoy está en veremos por cuenta de un convenio que, al parecer, era falso.
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Según conoció La Opinión, en diciembre del año pasado, Rober Romero Ramírez, el rector de la Universidad Popular del Cesar (que venía acompañando el concurso de méritos), alertó a la mesa directiva del Concejo que no debía continuar con el desarrollo del proceso, ni darle validez al mismo, toda vez que esa institución en ningún momento había autorizado la celebración de convenios interadministrativos para este fin.
Como su petición no fue tenida en cuenta, en una carta enviada a los actuales directivos de la corporación, el pasado 2 de enero, Romero Ramírez les reiteró las razones por las cuales no se debía seguir adelante con las etapas del concurso que faltaban, como la entrevista y la elección.
“La Universidad Popular del Cesar no ha realizado ninguna acción tendiente a la ejecución del referido proceso. Las acciones desarrolladas con relación a la ejecución del contrato y/o convenio no fueron adelantadas por parte de esta institución”, les advirtió el rector.
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De la misma forma, les dijo que esa institución de educación superior no tiene constituido ni aprobado un reglamento, banco de preguntas, ni protocolo de confidencialidad y seguridad para el desarrollo de concursos públicos para la selección de personero.
“Se evidencia la participación de personas extrañas a la Universidad practicando las pruebas y actividades relacionadas con los convenios, en los diferentes municipios. Es necesario hacer claridad que estas personas no son, ni contratistas, ni funcionarios de la Institución, así quedó consignado en las certificaciones que expidió y entregó la Coordinadora del Grupo Gestión y Desarrollo Humano a la Procuraduría General de la Nación”, dice otro aparte de la carta enviada al Concejo de Hacarí.
Según el rector de la Universidad Popular del Cesar, en septiembre pasado, tres meses después de que ese centro educativo envió la propuesta de cotización, primero por un valor de $2 millones y posteriormente a título gratuito, él se enteró de que el vicerrector administrativo, Orlando Gregorio Seoanes Lerma, de manera inconsulta, había enviado propuestas a diferentes concejos del país para el acompañamiento de la elección de personeros.
Aunque inicialmente el propio Seoanes Lerma admitió que solo se habían suscrito convenios con los municipios de Pueblo Bello y San Juan del Cesar, y denunció la situación ante la Fiscalía para que adelantara las investigaciones pertinentes, después de unos días le manifestó a la Procuraduría que sí se había hecho un convenio con el Concejo de Hacarí.
En el relato que les hace el rector Rober Romero Ramírez a los concejales, señala que en desarrollo de una visita de la Procuraduría Regional de Instrucciones del Cesar a la institución educativa, el día 1 de diciembre de 2023, “el jefe de la Oficina Jurídica dejó constancia en el acta, de que en la Oficina Jurídica y Unidad de Contratación no reposan documentos que soporten la ejecución, ni convenios objetos de la investigación”.
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“La Universidad Popular del Cesar, a través de sus dependencias competentes, no ha realizado ningún acto de ejecución de este convenio. En nuestros archivos no existen contratos ni actuaciones administrativas que acrediten y soporten la ejecución de los convenios para la selección de personeros municipales”, dijo el rector.
En consecuencia, le planteó a la mesa directiva considerar tres escenarios para “entregar seguridad jurídica a un proceso de méritos que en la fase de ejecución se desarrolló de manera irregular”. Estos son: revocar el acto administrativo que le dio vida a la convocatoria, terminar de mutuo acuerdo el contrato que existe o hacerlo de manera unilateral.
Suspendido
La Opinión conversó con el presidente actual del Concejo de Hacarí, José Alexander Herrera Galván, quien informó que el proceso para elegir al nuevo personero de ese municipio quedó suspendido desde el pasado 3 de enero, mientras recaudan más información y revisan los escenarios jurídicos a los que pueden acogerse para definir lo que pasará con el concurso de méritos que estaba en marcha.
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Herrera dijo que a este le faltaba todavía la entrevista con los dos candidatos que superaron la prueba de conocimientos y la elección en plenaria.
Para el concejal, la corporación municipal que ahora preside fue asaltada en su buena fe, pues no se entiende cómo inicialmente se suscribe un convenio para adelantar el concurso de méritos y mucho tiempo después advierten que no lo pueden hacer porque no había autorización para ello.
“Estamos recopilando información y haciendo las investigaciones pertinentes para proceder, pero todavía no sabemos qué pueda pasar más adelante”, manifestó.
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Desde noviembre pasado, Herrera había encendido las alertas sobre las presuntas irregularidades en el proceso de elección de personero y particularmente en la escogencia de la universidad que acompañaría el mismo.
En una acción de tutela con la que reclamaba el derecho al debido proceso y que se respetara el principio de transparencia del concurso, el concejal argumentaba que fueron invitadas a participar ocho universidades de las cuales solo dos respondieron al llamado: la Universidad Popular del Cesar y la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Cali (Aunar). Mientras que la primera cobró $2 millones, la segunda se ofreció a hacerlo gratis.
Días después, la Universidad Popular del Cesar corrigió su propuesta y decidió que también acompañaría gratuitamente el proceso, razón por la cual las mayorías votaron por esta opción.
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El Juzgado Promiscuo Municipal de Hacarí, sin embargo, declaró improcedente el recurso de amparo y no accedió a la medida cautelar con la que se pedía la suspensión del proceso. Esto, tras considerar que la tutela no era el mecanismo ideal para controvertir decisiones tomadas dentro del desarrollo del concurso de méritos.
Candidato entuteló
En vista de que el proceso para elegir personero quedó en el congelador en su etapa final, uno de los candidatos al cargo, Jhon Ascanio, decidió interponer también una acción de tutela mediante la cual exige que se le respete el derecho al trabajo, al mérito, al acceso a cargos públicos y las garantías del debido proceso.
El aspirante dijo que radicó, igualmente, una queja en la Procuraduría, ante la posible extralimitación de funciones por parte de dos miembros de la mesa directiva que decidieron suspender el concurso, sin haberlo consultado con toda la plenaria del Concejo.
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“Desconocemos qué situación hay internamente entre el rector y el exvicerrector, que era la persona facultada mediante una resolución para suscribir los convenios y los contratos. Lo cierto es que se están desconociendo actuaciones a través de las cuales están vulnerando los derechos que ya como participantes adquirimos”, dijo.
Ascanio cuestionó que el Concejo actual se haya tomado atribuciones, como suspender el proceso, sin que de por medio haya habido una decisión judicial.
“Ellos debieron hacer la entrevista y si había alguna inconformidad, ante la autoridad interponer las respectivas denuncias”, planteó.
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