Para mañana, a las 5:30 de la tarde, están convocados al Concejo los tres candidatos que siguen en competencia por la Personería de Cúcuta, a la entrevista que permitirá consolidar la lista de elegibles de la cual saldrá el nombre del sucesor de Karol Yesid Blanco para los próximos cuatro años.

Este segundo intento de elegir personero, después de que un fallo de tutela dejara sin efecto la primera votación que favoreció a Ludy Páez Ortega y ordenara devolver el proceso hasta esta instancia, se dará en medio de denuncias, reproches y una solicitud de desacato que sigue enrareciendo el ambiente al interior de la corporación municipal.

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Aunque la mesa directiva insiste en que la Resolución 037, que definió las reglas de juego para la entrevista de los concursantes, sí cumple con lo ordenado por el juez y les da participación a todos los sectores políticos que integran el Concejo, en la otra orilla, los tutelantes Leonardo Jácome y Oliverio Castellanos, y los cinco concejales más que están en el bloque minoritario se quejan de que no se atendió verdaderamente lo establecido en el recurso de amparo.

La disputa sigue estando en la conformación del grupo de concejales que estará a cargo de hacer las preguntas a Ludy Páez Ortega, Juan Carlos Prada y Lina María Villamizar Garay, los aspirantes al cargo, y del comité evaluador que se definió para calificar las entrevistas.

Este último quedó integrado por los concejales: Carlos Alberto Dueñas, del Centro Democrático, en representación de la Comisión del Plan; Albert Casadiegos, de Cambio Radical, elegido por los integrantes de la Comisión de Presupuesto; y Edison Ernesto Contreras, presidente del Concejo y representante de la Comisión de Asuntos Generales.

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Todos ellos hacen parte de la coalición que ya había elegido a Páez Ortega, el pasado 10 de enero, y de ahí el malestar de quienes están en el grupo contrario.

Pero la tensión aumentó porque el protocolo diseñado para definir a los encargados de elaborar y formular las diez preguntas que les harán a los candidatos a personero, establece que cada uno de los partidos que tiene asiento en el Concejo de Cúcuta, por consenso, designará un concejal para esa misión.

Como hay colectividades que no lograron llegar a un acuerdo para definir al entrevistador, por cuanto están conformadas por concejales con posiciones distintas, los siete que están en las minorías volvieron a quedarse por fuera del grupo de 10 que participará en la entrevista.

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Aunque la mesa directiva aún no ha hecho público el documento que relaciona los nombres de esos 10 concejales que estarán encargados de hacer las preguntas, La Opinión conoció que ese comité quedaría así:

-Partido Conservador: Jefferson Castellanos.

-Partido Liberal: como no hubo acuerdo entre los tres integrantes de la bancada, la concejala Carime Rodríguez decidió acogerse a la Resolución 037 y se postuló para ser ella la que pregunte.

-Partido de la U: preguntará Guillermo León Báez.

-Colombia Justa Libres: José Julián Rolón.

-Partido ADA: Sergio Matamoros.

-Movimiento Todos por Cúcuta: Edison Contreras.

-El Plan Cúcuta: Jesús Sepúlveda.

-Partido Alianza Verde: Víctor Caicedo.

-Cambio Radical: Albert Casadiegos.

-Oposición: en este bloque se agruparon los partidos Centro Democrático y Cúcuta Avanza, declarados en oposición al gobierno de Jorge Acevedo, y como no hubo consenso, quedó postulado para hacer la pregunta Álvaro Raad.

Los concejales Leonardo Jácome (oposición), Oliverio Castellanos (Cambio Radical), Vanessa Arenas (La U), Alonso Torres y Jhon Jairo Villamizar (Partido Liberal), Nidia Gimena Camacho (Partido Conservador) y Jair Díaz (Alianza Verde) le pidieron a la mesa directiva poder actuar como formuladores de las preguntas, calificadores y evaluadores, “en los términos de la convocatoria y reglamento, y en los términos del fallo de tutela”, pero no de la Resolución 037, razón por la cual no serían tenidos en cuenta en el grupo de 10 que hará las entrevistas.

“Solicito a la mesa directiva, abstenerse de excluirme de la participación dentro del proceso, y de limitar mi derecho a la participación política y a elegir como corresponde a todos los concejales, al próximo personero de la ciudad de Cúcuta, para el periodo 2024-2028”, manifestaron.

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Interponen desacato

En vista de que no hubo respuesta a sus peticiones y advirtiendo que es casi un hecho que en el encuentro de mañana con los tres candidatos a personero no podrán participar, los siete concejales minoritarios interpusieron un incidente de desacato ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, que fue el que falló la tutela que reversó el concurso de méritos.

“(…) el Concejo de Cúcuta, en un acto de rechazo a la decisión judicial, expresada como lo verá en evidencia videográfica anexa, en el desarrollo de sesión pública de la corporación, decidió́ proferir la Resolución No. 037 del 31 de enero de 2024, (…) sin embargo, dicha resolución desacata todas y cada una de las órdenes proferidas en la tutela de la referencia y reitera la vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes una vez más, con mayor énfasis y de manera más clara aún que la resolución inicial”, señala el documento.

Allí alegan que todos los partidos que hacen parte del Concejo no fueron agrupados de acuerdo con su declaración (gobierno, independientes y de oposición), y que solo se aplicó dicha fórmula para estos últimos.

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Dicen que lo más grave es que la Resolución 037 creó un comité evaluador que no contempla la Resolución 0243 del 16 de noviembre de 2023, que es la que convoca y reglamenta el concurso de méritos.

“Está a la vista señor juez constitucional, que anticipadamente la mesa directiva tuvo en cuenta que en las comisiones la coalición de gobierno tenía mayorías aplanadoras, que no darían lugar a que ninguno de los suscritos concejales a quienes su despacho tuteló los derechos fundamentales, bien en condición de tutelantes, o por efectos intercomunis, y en virtud de lo cual se aseguraba que quedara en manos de la coalición de gobierno la elección del personero (sic)”, advierten.

Por esa razón, piden iniciar el incidente de desacato y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General, “para que se investigue el delito de fraude a resolución judicial y otros”.

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