El 2024 fue el primer año del periodo para los gobernantes, concejales y diputados elegidos en los comicios de octubre de 2023 y lejos de ser un arranque tranquilo, a muchos les tocó lidiar desde el primer día con el fantasma de las demandas de nulidad.
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Y es que como es habitual, la puja por los diferentes cargos de elección no termina cuando se cierran las urnas y se conocen los resultados de los escrutinios, sino que en algunas ocasiones el asunto termina definiéndose en los tribunales, en donde se libra una verdadera lucha sin cuartel para dejar sin efecto más de una credencial.
Esta vez no fue la excepción y apenas empezando el año ya eran ocho los alcaldes a los que madrugaron a demandarles su elección por diferentes razones. Algunos ni siquiera habían tomado posesión del cargo cuando les notificaron de los procesos en su contra.
Pero los gobernantes locales no son los únicos que han tenido que hacerles frente a sus contradictores. La lista de concejales también es larga, no solo en Cúcuta sino en los diferentes municipios de Norte de Santander.
Primeros damnificados
Más allá de un simple mecanismo de presión hacia los elegidos y una estrategia para incomodarles el arranque de sus periodos, por parte de los perdedores, las demandas de nulidad que llovieron este año en Norte de Santander han dejado sus primeros estragos.
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Los resultados hasta el momento son los siguientes: un alcalde fuera del cargo, un concejal con pérdida de investidura y otro en la cuerda floja.
El primero en sentir el peso de estos procesos fue el alcalde de Pamplonita hasta mediados de noviembre, Fabio Enrique Leal Cruz, a quien una inhabilidad lo sacó del Palacio Municipal sin haber cumplido su primer año de mandato.
Su ‘pecado’ fue haber suscrito contratos de prestación de servicios profesionales como comunicador social con la Gobernación de Norte de Santander dentro del año anterior a los comicios.
Aunque en primera instancia el Tribunal Administrativo había desestimado los argumentos de los demandantes, y concluyó que en este caso no se configuraban los elementos para demostrar que el entonces candidato sí estaba impedido para participar en las elecciones, el Consejo de Estado, al resolver la apelación que se presentó, consideró todo lo contrario y revocó esa sentencia.
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En consecuencia, la credencial de Leal fue cancelada y Pamplonita está a la espera de que se convoquen nuevas elecciones para elegir a la persona que administrará el municipio durante los tres años que restan del periodo.
Apenas un mes después de que las demandas empezaran a hacer efecto, el golpe fue para el concejal de Cúcuta Oliverio Castellanos, elegido por Cambio Radical. En su caso no se trató de una demanda de nulidad electoral sino de pérdida de investidura, porque los hechos se presentaron en el periodo anterior (2020-2023).
Su inminente salida de la corporación municipal se da porque Castellanos, siendo presidente de la mesa directiva, reconoció y le pagó los honorarios al entonces concejal Nelson Ovalles, sin estar acreditada su asistencia a una sesión del Concejo, en 2022.
En la primera instancia, el cuatro veces concejal de Cúcuta salió bien librado y su investidura quedó incólume, pero al llegar el proceso al Consejo de Estado, allí los magistrados encontraron que sí había razones para decretar la ‘muerte política’ del cabildante, puesto que en su condición de jefe y ordenador del gasto debía velar por el correcto uso de los dineros públicos.
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Y quien definitivamente termina el año pidiendo como regalo de Navidad que en la segunda instancia le revoquen el fallo que lo deja por fuera del Concejo de Cúcuta es el concejal animalista, Víctor Caicedo, al que una aparente doble militancia lo tiene en la cuerda floja.
Según los demandantes, Caicedo, quien actualmente representa a la Alianza Verde, se postuló a los comicios del año pasado con el aval de un partido distinto al que venía representando en el Concejo de Cúcuta (Todos por Cúcuta), sin haber renunciado ni a la curul, ni a su militancia.
En el Tribunal Administrativo de Norte de Santander determinaron que en este caso sí se encontró configurada la causal de doble militancia y por eso había méritos para anular su elección. La sentencia fue apelada y el próximo año el Consejo de Estado definirá la suerte del concejal.
En suspenso
Y mientras estas demandas ya fueron resueltas, hay cuatro alcaldes que terminan el año sin saber la suerte que correrán sus credenciales, puesto que los procesos de nulidad siguen en trámite y en algunos casos más enredados que otros. Como la Rama Judicial entró en vacancia judicial, el momento de las definiciones tendrá que esperar ya hasta el 2025.
Uno de esos mandatarios es el de Villa del Rosario, Camilo Suárez, quien fue demandado por su excontendor en los comicios del año pasado, Yimi Orlando Reyes, tras advertir que el elegido gobernante estaba incurso en una presunta doble militancia al momento de la elección.
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El expediente ha estado muy movido en los últimos meses, pues el tire y afloje entre el demandante y el demandado, con recursos y solicitudes que van y vienen, ha sido intenso.
Otra demanda de la que se esperaba un fallo pronto es la que cursa contra el alcalde de Pamplona, Klaus Faber Mogollón, a quien le achacan una supuesta inhabilidad. Sin embargo, se terminó el 2024 sin que se resolviera en primera instancia la demanda.
Al mandatario de la Ciudad Mitrada le reprochan que, al parecer, ejerció la gerencia de Empopamplona, empleo que le otorgaba autoridad administrativa, dentro del año anterior a la inscripción de su candidatura, lo cual, para los demandantes, le impedía participar en los comicios de 2023.
Un caso que tampoco se ha vuelto a mover mucho es el del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. Las dos demandas que quedaron activas en su contra este año fueron acumuladas en una sola y las razones que alegan los demandantes para pedir que se declare nula su elección y le cancelen la credencial tienen que ver con unas presuntas irregularidades en el proceso de escrutinios y consolidación de los resultados.
Igualmente, en suspenso está la elección de la alcaldesa de Durania, Marlyn Yohana Márquez Rivera. A ella intentan sacarla del cargo porque, presuntamente, su victoria se sustentó en “datos contrarios a la realidad y falsedad por suplantación y trashumancia de elector”. El caso está en etapa de pruebas.
Un respiro
En el grupo de mandatarios a los que les madrugaron las demandas en este primer año de gobierno también están los que terminan el 2024 con una primera batalla ganada, pero a la espera de que sus procesos se terminen de definir favorablemente.
Ellos son los alcaldes de Cucutilla, Rodrigo Hernando Parada Páez, y el de San Calixto, José Luis Balmaceda Pinzón, a quienes el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ya les ratificó la elección. Sin embargo, deberán esperar que el Consejo de Estado confirme o revoque esas decisiones, pues solo hasta ese momento podrán respirar tranquilos o, en caso contrario, despedirse de sus cargos.
Es por esa razón que el 2025 empezará cargado de suspenso y muchas definiciones para estos gobernantes y algunos concejales que también están en lista de espera, pues de lo que se defina en los estrados se sabrá si hay cambios significativos en el mapa político de la región para lo que resta del periodo.
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