Después de un tenso ciclo de negociación en el que el fin del secuestro extorsivo y la prórroga del cese bilateral del fuego se convirtieron en una especie de punto de no retorno en la mesa de diálogos que se reanudó a finales de 2022, el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln finalmente anunciaron que la tregua pactada a mediados del año pasado se extenderá otros seis meses más.
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La decisión, esperada con particular interés en regiones como Norte de Santander, en donde este grupo armado al margen de la ley tiene presencia en por lo menos 26 municipios, genera gran esperanza y expectativa, por la posibilidad de que los avances conseguidos hasta el momento en lo que respecta a la confrontación armada se mantengan, pero también por la urgencia de que aspectos claves para las comunidades como el cese de las hostilidades finalmente sean una realidad.
Y es que defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, campesinas y autoridades de la región coinciden en asegurar que si bien los primeros seis meses de tregua entre la Fuerza Pública y el Ejército de Liberación Nacional (agosto-febrero) permitieron que las cifras de enfrentamientos, muertos en combate, ataques a estaciones de policía y bases militares se redujeran en su máxima expresión, otros delitos como la extorsión y el secuestro han ido en aumento.
De acuerdo con un informe sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión del Catatumbo elaborado por la Fundación Ideas para la Paz, incluso antes de que se suscribiera el cese con el Eln, en julio de 2023, el número de desplazamientos masivos por cuenta de la disputa entre grupos armados pasó de 50 en 2018 a 11, a mediados del año pasado.
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La tasa de homicidios, igualmente, se redujo de manera importante en los municipios donde se implementan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). “El periodo enero-junio de 2023 ha sido el primer semestre de un año con el menor número de homicidios desde que comenzó la implementación del Acuerdo de Paz, con 42 homicidios”, señala el informe.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) también reportó en noviembre pasado una disminución de los enfrentamientos entre los GANE “Grupos Armados No Estatales” en un 20%, comparado con el 2022.
Enrique Pertuz, presidente del comité ejecutivo del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, destacó que uno de los mayores logros del primer semestre de cese pactado entre el Gobierno y el Eln ha sido el desescalamiento del conflicto en términos de homicidio, principalmente en el Catatumbo.
“Tibú en 2021 tuvo 89 homicidios, en 2022, con el primer anuncio de cese con el Eln, hubo 48 homicidios y cuando se da la prórroga del cese, pero bilateral, en 2023, la cifra se redujo a 38 homicidios. ¿Qué significa eso?, que el cese bilateral en regiones complicadas como el Catatumbo sí ha permitido desescalar delitos como el homicidio, que viene en una tendencia a disminuir”, señaló.
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Dijo que este panorama es similar en municipios como El Tarra, que en época de conflicto alcanzaba a registrar por lo menos 20 muertos y en 2023 la cifra cayó a solo dos homicidios, al igual que en San Calixto y Teorama, en donde el año pasado solo reportaron una persona muerta de manera violenta.
Pertuz agregó que los ataques permanentes a la Fuerza Pública y los atentados al oleoducto también bajaron casi en un 96%, según las cifras que maneja el Consejo Departamental de Paz.
“El cese sí ha servido en la región, pero el Gobierno Nacional tiene que informarle a la opinión pública que en los territorios que venían con una escalada crítica de violencia, en relación con el delito de homicidio, hoy vemos una reducción que está por encima del 60%. Eso hay que mostrarlo, para que la opinión pública vea que sí vale la pena continuar en este proceso y buscar una salida política, con todas las dificultades que haya”, planteó.
El alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, confirmó que uno de los mayores avances conseguidos hasta el momento con el cese bilateral del fuego con la guerrilla del Eln es la reducción, “casi a cero” de los enfrentamientos y ataques a la Fuerza Pública.
‘Que se detengan las hostilidades’
Pero si bien el número de muertos en combate y los homicidios han alcanzado una tendencia a la baja en los primeros seis meses de cese al fuego, lo mismo no ha ocurrido con las hostilidades contra la población civil, que sigue siendo víctima, especialmente de secuestro y extorsión en la zona del Catatumbo, la Provincia de Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta.
Aunque desde que fue decretada la tregua se dijo que su principal objetivo era “mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios”, la Defensoría del Pueblo alertó en enero que Norte de Santander era uno de los departamentos con mayor número de denuncias por extorsión, con 525 casos.
A finales del año pasado, Fenalco también denunció que el secuestro creció en la región en un 92% y la extorsión en un 110%, panorama que los tiene muy afectados.
Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), manifestó que, en efecto, este es uno de los temas que más preocupa hoy a las comunidades, toda vez que no mejoró por cuenta del cese.
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“Esta práctica, en el marco de los mínimos humanitarios, afecta a la población civil y desafortunadamente por la situación económica en la región se ha aumentado, en estos seis meses”, dijo.
Por esa razón, tanto Maldonado, como el consejero para la Paz y el presidente del Consejo Departamental de Paz celebraron que la suspensión del secuestro extorsivo haya sido uno de los puntos acordados en el sexto ciclo de diálogos que concluyó ayer en La Habana (Cuba) y confían en que este anuncio traiga una reducción de ese delito a partir de las próximas semanas.
“El Ejército de Liberación Nacional (Eln), para contribuir al desarrollo del CFBNT, suspende de forma unilateral y temporal las retenciones de carácter económico. Compromiso que será objeto de seguimiento por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación”, dice el punto dos del acuerdo suscrito entre las delegaciones del Gobierno y el Eln.
Y aunque todavía no se han precisado todos los alcances de la iniciativa, entre los acuerdos logrados en las últimas semanas se definió la creación de un ‘Fondo multidonante’ que “que busca fortalecer y hacer sostenible este proceso en el desarrollo de los acuerdos que los componen”.
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Prórroga del cese al fuego bilateral, nacional y temporal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional – ELN. pic.twitter.com/l5uzQQ6iKB
— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) February 6, 2024
Mecanismo de Monitoreo Regional
Uno de los aspectos en los que coincidieron los consultados, es en la necesidad de instalar cuanto antes un Mecanismo de Monitoreo Regional que permita, en tiempo real, dar respuesta concreta a las posibles violaciones del cese.
Maldonado, de Ascamcat, dijo que, por ejemplo, frente al tema de las extorsiones y secuestros, “hay un mundo de bandas que si bien están operando entre Ocaña y Sardinata, están en medio de unos territorios donde están el Eln y la disidencia del EMC, y es importante poder establecer en el mecanismo de monitoreo todos estos temas de secuestro que ha habido en estos seis meses, pues no han sido claros; no hay una respuesta de quién pudo haber sido”.
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Luis Fernando Niño también planteó que la Gobernación de Norte de Santander es optimista frente a lo que pueda venir con esta prórroga y los anuncios hechos con relación a la suspensión de los secuestros, pero insistió en que es pertinente que se pueda contar pronto con una instancia regional de verificación para el cese con el Eln.
Por su parte, Enrique Pertuz llamó la atención del Gobierno Nacional para que comience a visibilizar en los territorios lo que se ha logrado hasta el momento en la mesa de diálogos y generar así confianza en el proceso.
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