“Nunca habíamos vivido esa zozobra aquí, salimos de nuestro país en aras de iniciar una nueva vida y ahora nos toca partir”. Así les ha tocado algunas personas migrantes venezolanas que se han convertido en víctimas del conflicto armado del Catatumbo. Muchos llegaron a esta tierra colombiana, en Norte de Santander, para rehacer sus vidas tras huir de la crisis económica, política y social de Venezuela.

Y ahora, muchos han quedado en medio de la confrontación y han vuelto a huir, pero en esta ocasión del enfrentamiento entre la guerrilla del Eln y la disidencia de las Farc.

Esta realidad es esbozada y analizada por Diego García, del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Acnur en Norte de Santander, quien detalla que hay 41.137 desplazados por el conflicto y 12.520 personas se encuentran confinadas aún, lo que significa que todavía permanecen en las veredas donde se está librando el conflicto armado.

Estas veredas están en las zonas rurales aledañas a San Calixto, El Tarra, Hacarí, Teorama y Tibú, todos municipios del Catatumbo, y son quienes han sufrido mayores afectaciones.

Según García, de este universo de 53.000 personas que han sido desplazadas y confinadas, hay estimaciones del ELC que 1.376 son refugiados migrantes, quienes a su vez tienen necesidades diferenciales a las que tienen los colombianos.

Historias del conflicto

Javier* es venezolano residente en Tibú y tras el enfrentamiento armado se vio obligado a huir de Tibú y emprender rumbo a Cúcuta.

Durante todos estos días, Javier lleva acercándose a las inmediaciones del estadio General Santander, donde tras esperar largas filas recibe kits de comida, aseo personal y un poco de ropa.

“Desde que partí de Caracas y me radiqué en Tibú, hace más de 10 años, nunca me imaginé volver a pasar por esta situación, y aunque se sabía de la presencia de dichos grupos armados, no se había presentado un enfrentamiento directo como este”, fueron sus palabras.

En ese municipio del Catatumbo, Javier vivía con su madre y era administrador de un lavadero de motos, pero todo cambió de la noche a la mañana con el inicio de los tiroteos y las decenas de cadáveres tirados en los caminos debido a los enfrentamientos.

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Él describe que la vida antes del conflicto era muy tranquila, la gente se trataba muy bien y como es un municipio pequeño todo el mundo se conocía, pero tras el desplazamiento, ahora se queda en casa de una tía en la ciudadela Juan Atalaya.

Carmen* y Javier no se conocen, pero comparten una misma historia: son migrantes y desplazados. La mujer llegó al estadio General Santander con sus dos hijos, de 4 años y 6 meses. Ella tiene 20 años y llegó al Catatumbo cuando tenía 14 junto con su madre proveniente de Mérida, a nueve horas de distancia de Tibú.

Esta joven es venezolana, pero su padre es colombiano, sin embargo, nunca ha podido obtener la nacionalidad en Colombia por cuestiones de trámites.

“Yo no pude terminar mis estudios en Venezuela porque nos vinimos a Colombia y acá no pude seguir. Me puse a trabajar en la finca haciendo oficios, cocinando, raspando. Pero, ahí estábamos bien y tranquilos, hasta que empezó todo esto tan horrible”, relata con su  bebé en brazos.

Carmen salió de Campo Dos con un bolso trenzado en la espalda cargando a su niña de  seis meses de nacida y en la otra mano llevando al pequeño de cuatro  años. Se montó en la caravana de motos que salió hacia Cúcuta y solo sabía que una vecina le dijo “váyase que allá nos refugiamos en la casa de mi abuela”.

Afirma que es la primera vez que vive algo así. “Nosotros salimos de Venezuela por la situación económica y política. Llegamos primero a Medellín, de ahí nos vinimos al Catatumbo, pero nunca pensé pasar por esta situación”.

Para ella fue muy duro ver los cuerpos de los muertos en las vías, mientras huía de Campo Dos. Ahora solo quiere que la situación en el Catatumbo se solucione, porque quiere regresar a la finca a trabajar.

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“Fue horrible ver todo eso. Nosotros salimos, pero mi mamá y mi padrastro se quedaron y los amenazaron y tuvieron que salir unos días después. Los amarraron para amedrentarlos, de verdad que la situación no está fácil. Les dieron 24 horas para dejar la finca”, agrega Carmen, mientras buscaba alguna muda de ropa pequeña para su bebé, en la plaza Las Banderas.

Quedan muchos  más por evacuar

Sin embargo, todavía hay personas que permanecen con sus familias en el Catatumbo y no han podido evacuar, “estamos a la deriva, mirando donde nos meten para salir a Cúcuta”, advierte Martha*.

Para ella “es una situación triste y desoladora, yo soy de Venezuela pero llevo muchos años viviendo acá, mis hijas, nietos y esposo son de acá, fuimos casi los últimos en evacuar de la vereda”.

Desde ese entonces, la mujer ha estado en compañía de su familia en las puertas de la Alcaldía de Tibú, lugar en el que le han brindado apoyo y un poco de comida para ella y sus seres queridos.

De acuerdo con su testimonio, la mayoría de personas ya salieron de las veredas en las cuales se desató el conflicto armado entre los grupos armados ilegales.

Aunque ella agradece la atención brindada por la administración municipal, le teme a que durante su evacuación a Cúcuta pasen más necesidades durante su estadía, pero reconoce que lo ideal es salir lo más pronto posible de la zona.

Necesidades de protección

García, detalla que esta población tiene necesidades diferenciales y que son sujetos de derecho y protección tal como lo establece la Ley 1448, donde se dictan las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

García precisa que existen brechas para esta población porque en el formato de registro para declararse como víctimas del conflicto no existe la casilla para identificar como desplazada a la población venezolana.

Sin embargo, detalla que ante esta situación la Procuraduría General de la Nación emitió una circular en la cual se pronunció y exhorta al Gobierno nacional a garantizar la atención, orientación y la toma de declaración de la población migrante y víctima del conflicto armado.

“Mientras esta casilla no exista, entonces ¿qué se va hacer?, porque digamos se hace muy difícil la identificación de estas personas. Por ejemplo, la Alcaldía de Cúcuta quiere hacer algo bien interesante y es que la administración municipal ya tiene el número telefónico y el nombre de las personas migrantes. Estas se encuentran en hoteles y otras dispersas en los asentamientos humanos de Cúcuta y la Alcaldía está buscando las vías para dar respuestas a este tipo de población y nos pidió asistencia”, explica García.

Existen otras necesidades diferenciales en esta población, como por ejemplo, el de la regularización.

“Puede que tengamos a alguien en un hotel y se le están entregando ayuda en alimentos, pero puede ser que esa persona como vivía en el Catatumbo no sepa que existe el PPT (Permiso por Protección Temporal) o el PEP-Tutor y no se encuentre regularizada en el país, porque nunca ha salido del Catatumbo y allá no recibió la información”, dice.

En respuesta a este tipo de necesidades bien particulares para la población migrante venezolana el equipo de la Acnur  está articulando para revisar los censos y las caracterizaciones que se están levantando y dar una respuesta a estas brechas bien específicas.

Dato: Al 31 de enero, las cifras del PMU de la Gobernación de Norte de Santander indican 52.807 desplazados  y 31.358 confinados.

*Los nombres de estas personas fueron cambiados para proteger su identidad

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