La entrega de viviendas a 128 familias que esperan, desde el 2010, recuperar tras ser destruidas por una falla geológica que sepultó el caso urbano del pueblo el 16 de diciembre, sigue generando contratiempos entre las familias afectadas.

Aunque las opiniones son divididas ente los mismos representantes de la veeduría, hay afectados que siguen esperando recibir sus propiedades y dar por terminada la tan larga espera. Una promesa que podría cumplirse del todo en enero del 2024, cuando finaliza el contrato por $17.000 millones de pesos que se firmó con el Consorcio Viviendas Gramalote.

Carlos Torres Celis, damnificado y miembro de la veeduría de estas construcciones, alzó su voz de protesta ante lo que considera un “irrespeto”. 

En septiembre del año pasado, se terminaron las 10 primeras construcciones, pero solo fueron entregadas 8 porque estaban en litigio de trasmisión de bienes a los herederos de sus dueños fallecidos. 

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Para el 31 de noviembre se programó la segunda entrega de 25 viviendas que no se realizó hasta el mes siguiente y resta por concluir un total de 72. Esto sin contar las 21 que quedaron por fuera del contrato debido a la falta de recursos para completar el costo total del proyecto y que según el Fondo de Adaptación serían incorporados por medio de un otrosí anexo al documentos original. 

La mayor preocupación del veedor surge debido a que algunas de las casas fueron entregadas con imperfecciones como ocurre en el caso de las tuberías, en los techos o en los pisos que fueron instalados por la primera empresa que perdió el contrato por incumplimiento.

Debido a que esas construcciones habían quedado a medias, muchas casas que tenían algún avance en su construcción fueron objeto del vandalismo o sufrieron los daños de la intemperie. 

Torres sostiene que antes de comenzar la obra, el Consorcio Viviendas de Gramalote realizó una fase de preconstrucción que tuvo un costo de $186 millones para evaluar los daños previos que tenían las viviendas porque algunas tenían avances hasta del 70%. No se explica cómo, siendo de esa manera, aún se estén entregando propiedades con fallas en la estructura. 

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Sostuvo que las familiares reciben un documento con un apartado que denominan “observaciones” para que coloquen si tienen inconformismo con la obra o si, luego de recibirlas, observaron algún daño que sea subsanable por la contratista a término de los siguientes tres meses.

También les informaron que el Fondo de Adaptación no podrá hacerse cargo de la deuda que acumula por un impuesto predial que corre por cuenta de los damnificados desde que firmaron títulos de propiedad de casas que no existían. 

“Dicen estar haciendo una compensación que se trata de ellos (constructora) pagar la instalación de un servicio de gas, que tiene un costo de $725.000 mil pesos, y que las familias paguen, cada una, lo que deben de impuesto”, indicó.

Todos los procesos tienen problemas

Jimmy Gómez, también es del grupo de familias damnificadas y pertenece a la veeduría de las 128 viviendas de Gramalote, pero su opinión difiere en algunos puntos de la que mantiene Celis Torres.

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Admite que, como todos los procesos de obras, se han presentado algunos problemas subsanables y que en el caso de las familias que han recibido sus casas, en las actas de entregas reciben un papel para que coloquen allí sus observaciones. 

“Eso es para que tanto la interventoría como la contratista hagan la revisión porque tienen la obligación de arreglar cualquier daño”, agregó.

Aunque sostiene que el Fondo de Adaptación no ha sido lo que los afectados han querido, en este momento están cumpliendo. 

“Ellos ya nos dijeron que el Gobierno nacional no puede pagar los impuestos prediales, pero a cambio no están dando una compensación de poner el gas”, confirmó.

La Opinión consultó al Fondo de Adaptación acerca de estos pronunciamientos para conocer cómo avanza la construcción de las viviendas  que faltan por entregar y cómo serán resueltas las quejas por presuntas fallas de las estructuras, pero al cierre de esta edición no había no enviado su respuesta. 

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