Tras las jornadas de paro que se extendieromn durante los pasados 20 y 21 de enero en corredores viales como la vía Bucaramanga - Cúcuta, Bucaramanga - Bogotá, Curos- Málaga y Málaga - Cúcuta, los campesinos decidieron levantar los bloqueos con el compromiso de ser atendidos directamente por el primer mandatario de la nación en una reunión pactada para esta semana. 

Los líderes de la manifestación revelaron que lo primero que se sabe es que la reunión se adelantará el próximo viernes, 3 de febero. Por temas de seguridad aún no se define si esta se lleve a cabo en Málaga o Concepción, en la provincia de García Rovira. Estos municipios los separa cerca de 15 minutos de distancia.

El presidente Gustavo Petro estaría arribando al aeropuerto Jerónimo de Aguayo de Málaga pasadas las 9:00 a.m. del viernes en una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Según el vocero de los campesinos, Ferney Villamizar, “en cuanto aterrice el Presidente saldríamos hacia el sitio de encuentro. Se nos dijo por parte del Gobierno Nacional que él nos estará acompañando entre dos y dos horas y media antes de abordar de nuevo la aeronave”.

Villamizar explicó que en la reunión, además del alto Gobierno habrá presencia de cerca de cinco representantes de los páramos de Santubán, Almorzadero y Cocuy, para el caso de Boyacá. Ellos hacen parte de la Federación Nacional de Páramos.

Asimismo, con el primer mandatario viajarían algunos ministros de su gabinete con quienes se adelantarían conversaciones en mesas de trabajo durante la tarde de ese mismo día. De allí saldrían varios compromisos.

Según Luis Fernando Villamizar, líder del corregimiento de Berlín, “le llevaremos al Presidente un sondeo de cuánta población poseemos, y de cuánta producción de papa, cebolla y cárnicos tenemos. Además se adelanta un inventario de animales y hectáreas que cada persona tiene”.

Estos datos serán entregados a la Federación de Páramos para que estos sean unidos a los que se obtuvieron del páramo del Almorzadero y se pueda adelantar una reclamación conjunta ante el Gobierno Nacional.

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Una comisión de Santurbán, encabezados por el líder Pablo Anaya. También se desplazarán hasta Málaga habitantes de Guaca, San Andrés, Molagavita, CErrito, Concepción, Carcasí, Macaravita, San Miguel y Santa Bárbara, viajará al sitio desde el jueves 2 de febrero. “Todas estas personas estarán presentes a las afueras del recinto para demostrarle al Presidente que sí hay gente en los páramos, que somos bastantes y no como se dice que estos sitios están desiertos”, enfatizó Julio Elías Vargas, líder de García Rovira.

El acompañamiento al grupo de voceros campesinos, de acuerdo con los porganizadores de la actividad se dará de forma pacífica tal y como cuando se adelantó el paro.

Es de recordar que la semana anterior se tenía programada una visita del Ministerio de Ambiente a Berlín, no obstante, los campesinos prefirieron denegar la invitación para concentrarse en el encuentro con el Presidente Petro.

Los campesinos aseguraron que en caso de que el Presidente Petro no cumpla la cita se estarían manifestando nuevamente en vías de Santander, a más tardar, el vieres 10 de febrero.

Los puntos en discusión

Julio Elías Vargas, habitante del páramo del Almorzadero, dijo que “desde hace varios años se inició ese proceso estatal en contra de los habitantes de los páramos en Santander”.

El vocero de los campesinos se refiere a varias determinaciones gubernamentales, que les estaría restringiendo las actividades agrícolas en zonas donde ancestralmente trabajaron.

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La primera decisión que los afectó se dio el 20 de enero de 2018 cuando se delimitó la zona protegida del páramo del Almorzadero a partir de los 2.800 metros. Sobre esta línea, habría muchas parcelas con productos agropecuarios de residentes de ese sector.

Otro de los puntos es la promulgación de la Ley de Delitos Ambientales, a mediados de 2022.

“Algunos de estos artículos castigan la actividad agrícola en las zonas que ellos consideran protegidas, pero donde desde hace mucho tiempo hay siembras. Por ejemplo, si sembramos una mata de cebolla y ellos lo consideran delito ambiental, tendremos que pagar millonarias multas que no podremos costear”, aseveró Vargas.

La discordia también se desató por la titulación predial, ya que, para el caso del páramo del Almorzadero, los lugareños afirmaron que se necesita “la legalización de nuestras tierras”.

El líder cuenta que el 60 % de García Rovira aparece como si fueran terrenos con falsa tradición, “pero estas las heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quienes han vivido aquí toda la vida”.

Fuente: Vanguardia. 

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