La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa profundizándose.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los nuevos hechos de violencia registrados hacia el mediodía del martes 2 de junio en el municipio de El Tarra, que provocaron el desplazamiento forzado de 293 núcleos familiares, equivalentes a 784 personas.
De acuerdo con la entidad, las familias provienen de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, y habrían abandonado sus hogares como medida de autoprotección ante el riesgo de nuevos enfrentamientos armados, homicidios y otras vulneraciones a sus derechos fundamentales.
La situación se produjo en medio de un nuevo ataque con artefactos explosivos presuntamente lanzados mediante drones en zona rural de El Tarra, hecho que, según los reportes preliminares, habría dejado una persona fallecida y varias más heridas. La Defensoría advirtió que las dificultades de acceso y comunicación en el territorio aún impiden verificar plenamente el alcance de la emergencia.
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Los hechos se suman a otros ataques similares registrados durante la última semana en los sectores de Filogringo e Isla del Cerro, también en jurisdicción de El Tarra, evidenciando la intensificación del uso de drones explosivos en el conflicto armado que afecta a la región.
Según cifras de la Defensoría, durante lo corrido de 2026 se han registrado 13 eventos de desplazamiento masivo en el Catatumbo, dejando 2.447 personas desplazadas, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria inmediata a las familias afectadas y reforzar las acciones de prevención y protección en el territorio. Asimismo, reiteró a los actores armados su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y proteger a la población civil.
Llamados a la paz en medio de la crisis
La nueva emergencia ocurre mientras autoridades regionales y nacionales impulsan iniciativas para reducir la violencia en el Catatumbo, destacando que, recientemente, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, lideró una Mesa Exploratoria para la Paz con participación de representantes del Gobierno nacional, la Iglesia Católica, organizaciones sociales, víctimas y organismos internacionales.
El encuentro buscó promover acuerdos humanitarios y explorar mecanismos que permitan avanzar hacia un eventual desescalamiento del conflicto entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc, confrontación que desde enero de 2025 ha dejado más de 120 personas muertas y cerca de 100.000 desplazadas en la región.
