Antes de que finalizara el 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 027 para Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios, advirtiendo sobre la crítica situación de riesgo que viven estos municipios debido al impacto de la violencia ejercida por grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las múltiples bandas de criminalidad organizada que delinquen en la capital nortesantandereana y el área metropolitana. 

Lea también: Cúcuta, entre las ciudades con más informalidad en Colombia

Según Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, los grupos armados ilegales han consolidado un control territorial en Norte de Santander, generando desplazamientos forzados, homicidios selectivos, amenazas, extorsiones y reclutamiento de menores, por lo que, con la AT quieren llamar la atención de la institucionalidad gubernamental, ya que estas organizaciones están afectando de “manera directa la vida de miles de personas”. 

Y es que, de acuerdo con la Defensoría, el Eln mantiene una fuerte presencia en las zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander, mientras que el EGC ha expandido su influencia a áreas urbanas y a esto se suman bandas criminales como el ‘Tren de Aragua’, ‘AK-47’ y ‘Los del Norte’, que controlan actividades ilícitas como el microtráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes, aprovechando los pasos fronterizos para consolidar sus operaciones ilícitas, generando temor y desestabilización social.

La Defensora indicó que estas situaciones afectan especialmente a defensores de derechos humanos, líderes sociales, comerciantes, mujeres, jóvenes y migrantes, quienes enfrentan un alto riesgo de victimización, precisando además que el impacto de esta violencia es más severo en comunidades vulnerables, exacerbado por factores como la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos.

Lea además: PAE para el 2025 no está en riesgo: Ministerio de Educación

En este sentido, Marín instó a los gobiernos nacional, departamental y locales a priorizar la protección de los derechos humanos mediante estrategias concretas. 

Asimismo, la Alerta Temprana destaca la alarmante situación que está viviendo la comunidad indígena Yukpa, cuyos niños y adolescentes son explotados en actividades ilegales. 

Y, de igual forma, la entidad señaló que es preocupante que desde 2021, el número de personas en situación de calle se haya duplicado, incrementando su exposición a redes de criminalidad, por lo que son factores que reflejan una profunda crisis humanitaria que está afectando al área metropolitana de Cúcuta. 

Entérese: ¿Y la austeridad? Viajes de Petro al exterior suman $7.870 millones

Recomendaciones para mitigar el riesgo 

La Defensoría señaló que han entregado 39 recomendaciones divididas en seis ejes estratégicos que incluyen coordinación de la respuesta rápida, disuasión del contexto de amenaza, prevención y protección urgente, atención humanitaria integral e investigación y fortalecimiento del acceso a la justicia. 

Medidas que, según la entidad, buscan mitigar el riesgo inmediato y abordar las causas estructurales que alimentan la crisis que padecen los municipios del área metropolitana de Cúcuta, asegurando que el ejercicio pleno de los derechos humanos debe ser salvaguardado.

Puede leer: Davivienda adquiere Scotiabank y crea banco con más tarjetas de crédito en total

De acuerdo con la entidad, Norte de Santander enfrenta una de las crisis más complejas de su historia reciente, con una convergencia de factores sociales, económicos y de seguridad que agravan el panorama, por lo que la implementación de las medidas recomendadas en la Alerta Temprana será determinante para revertir esta situación y garantizar la estabilidad en la región.

Así las cosas, la Defensoría del Pueblo indicó que continuará monitoreando y exigiendo acciones concretas por parte de las autoridades competentes para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados.

Más tecnología para Cúcuta 

Diego Villamizar, secretario de Seguridad de Cúcuta, se refirió a la Alerta Temprana, señalando que han venido trabajando de manera articulada y permanente con la Defensoría y la Procuraduría en los consejos de seguridad, tanto ordinarios como extraordinarios, para rediseñar estrategias enfocadas en sectores críticos y hechos específicos. 

Esto también es noticia: Ministerio de la Igualdad responde por muerte de joven en evento del gobierno

“Estamos fortaleciendo las estrategias para enfrentar las disputas entre bandas criminales y entre las medidas más recientes como administración municipal vamos a hacer la entrega de unos equipos tecnológicos con una inversión superior a los 14.000 millones de pesos, para fortalecer las capacidades de inteligencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Fiscalía General de la Nación y poder enfrentar la situación”, explicó el funcionario. 

Asimismo, detalló que se han desplegado grupos especializados para combatir la criminalidad y reducir la violencia en la capital nortesantandereana, destacando que las acciones policiales han logrado importantes golpes contra las estructuras criminales, incluyendo la desarticulación de brazos sicariales. 

Sin embargo, reconoció que las bandas, gracias a su capacidad económica, han reemplazado rápidamente a sus miembros capturados y por ello, para contrarrestar esta situación, han implementado un enfoque integral que incluye medidas de extinción de dominio dirigidas a debilitar el patrimonio de estas organizaciones. 

Le puede interesar: Padres de niños quemados con pólvora a responder en el ICBF

“Ahora, junto con las órdenes de allanamiento y captura, se generan automáticamente órdenes de extinción de dominio para afectar sus finanzas”, indicó Villamizar.

El secretario también resaltó la entrada en funcionamiento del batallón de Policía Militar, que fortalecerá los esfuerzos de seguridad en la ciudad y sus alrededores. Según Villamizar, esta acción permitirá concentrar los recursos y capacidades en desarticular las organizaciones criminales que operan en la región.

Norte también refuerza sus estrategias de seguridad

Por su parte, George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, también se refirió a la AT, explicando que los consejos de seguridad realizados en el departamento han permitido coordinar estrategias con la Fuerza Pública. 

Más información: Brasil enviará a su embajadora en Caracas a investidura de Nicolás Maduro

Acciones que incluyen enfrentamientos directos contra grupos al margen de la ley y la expansión de operaciones militares en zonas críticas, precisando que han logrado un acantonamiento del Ejército Nacional en áreas estratégicas que representan corredores esenciales para la guerrilla.  

El secretario también destacó la importancia del municipio de El Zulia en este contexto, calificándolo como un punto estratégico debido a su amplia zona rural, la producción agrícola y la presencia de empresarios, factores que, según Quintero, lo han convertido también en un objetivo para los grupos ilegales que buscan consolidar su control territorial.

Indicó que en 2024, las autoridades del departamento han identificado problemáticas relacionadas con el reclutamiento forzado y violaciones a los derechos humanos en las zonas rurales, preocupaciones que han sido reportadas a instancias como la Procuraduría y, además, señaló que se han intensificado esfuerzos para proteger la integridad de las comunidades y garantizar la seguridad en áreas vulnerables.

Lea aquí: Sebastián Villalobos revela que será papá por primera vez

Quintero reconoció que, aunque el Gobierno nacional ha enviado refuerzos policiales y militares, el departamento requiere mayor apoyo, no solo en términos de presencia de Fuerza Pública, sino también en políticas de desarrollo económico y social. 

En cuanto a la visión del gobernador William Villamizar, de transformar el departamento en un “territorio de paz”, el secretario comentó que esto incluye un enfoque integral que abarca tanto el fortalecimiento de los diálogos con el ELN como la implementación de estrategias preventivas para garantizar la seguridad. 

“Estamos trabajando para que la paz no solo sea un objetivo central, sino una realidad tangible en el territorio”, añadió.

Faltan más acciones

Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos, destacó la importancia de la AT emitida por la Defensoría del Pueblo, recordando que en Norte de Santander se han publicado al menos 14 alertas tempranas en los últimos años y estas lo que buscan es movilizar a las autoridades locales y nacionales para prevenir hechos violentos y proteger a la población.

Lea también: Bus cae a un abismo dejando 14 muertos y 25 heridos en la vía Panamericana entre Pasto-Ipiales

No obstante, criticó la falta de acción por parte de las instituciones involucradas, como alcaldías, gobernaciones, la Fiscalía y la Policía, precisando que, “en la práctica, las acciones de estas entidades son mínimas o inexistentes”. 

El defensor indicó que la omisión de las autoridades contribuye a la continuidad de las violaciones a los derechos humanos y según Pertuz, la falta de voluntad política ha sido la mayor barrera para implementar las medidas preventivas recomendadas por la Defensoría del Pueblo.

“La región enfrenta un control territorial y poblacional ejercido por estas organizaciones, lo que incrementa los riesgos para las comunidades”, comentó. Además, señaló que las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno Nacional no han logrado abarcar todas las dinámicas de violencia presentes en el departamento.

Lea además: Real Madrid triunfó de forma agónica ante Valencia y es nuevo líder en España

En el caso del ELN, Pertuz mencionó que las conversaciones tienen un enfoque nacional, mientras que otros procesos, como los relacionados con el Bloque Magdalena Medio y la Segunda Marquetalia, se desarrollan de manera regional. “A pesar de estos avances, la paz total aún está lejos de concretarse en territorios como Norte de Santander”, aseguró.

Pertuz también alertó sobre la difícil situación de los defensores de derechos humanos en el departamento, siendo Norte de Santander una de las regiones que registra uno de los índices más altos de amenazas y asesinatos contra líderes sociales en el país. 

Y es que, según cifras recientes, Pertuz aseguró que más de 80 líderes han sido asesinados en los últimos seis años en el país, mientras que en 2024 se documentaron más de 3.000 amenazas.

“El asesinato de quien fue personero de El Zulia, evidenció nuevamente la vulnerabilidad de quienes trabajan por la paz y los derechos humanos. Nos enfrentamos a constantes amenazas de grupos armados y, en algunos casos, de instituciones estatales que nos perciben como enemigos”, denunció Pertuz.

Entérese: Conoce cuáles documentos fundamentales se pueden obtener sin costo

Aunque reconoció los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección para brindar garantías mínimas de seguridad, consideró que estas medidas son insuficientes. “Necesitamos una política integral que proteja efectivamente nuestras vidas y permita continuar con nuestra labor”, afirmó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .