"¿Sabe si van a cerrar la frontera?”. Esta es la pregunta recurrente que se hacen desde finales de diciembre los ciudadanos que transitan a menudo por los diferentes puentes que comunican a Colombia y Venezuela, a través de Norte de Santander y Táchira.
La interrogante no es más que el reflejo del grado de incertidumbre y tensión que se vive en la frontera ante la proximidad del 10 de enero, cuando asumirá el nuevo presidente de Venezuela, electo en las pasadas elecciones del 28 de julio de 2024.
Por un lado, Nicolás Maduro, sin mostrar todavía las actas que certifican su triunfo, asegura que tomará posesión en presencia y con el respaldo de los poderes públicos del país, tras haber ganado con el 51,20% de los votos; mientras que Edmundo González, sostiene que el triunfo le pertenece por un aplastante 70%, demostrado con el conteo de las actas electorales que la líder María Corina Machado mostró al mundo desde una plataforma digital.
En este contexto, Walter Márquez, reconocido político y defensor de derechos humanos tachirense, asegura que “el 10 de enero del 2025, junto al 28 de julio del 2024, son fechas emblemáticas que marcarán profundamente la historia sociopolítica de Venezuela”.
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Señala Márquez que “el 28 de julio, Nicolás Maduro perdió de manera irrefutable la soberanía popular, el origen de su mandato; y el 10 de enero perderá la legalidad del período constitucional, por lo tanto se entra en una etapa de incertidumbre”.
Explica que se manejan varios escenarios, el principal es que la gente decida reclamar en las calles el triunfo obtenido por González en las urnas, una “victoria jurídica y técnicamente irrefutable”, según Márquez, acreditada por los organismos internacionales como la OEA, la ONU y el Centro Carter, el único que tuvo observadores en dicho proceso electoral, quienes desestimaron un presunto ataque cibernético en medio de la transmisión de datos desde los puestos electorales a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral.
Revuelta, represión y persecución
En todo caso, el temor a una revuelta popular estaría acentuando la salida de personas desde Venezuela. Así se evidenció en un recorrido adelantado por La Opinión entre La Parada y San Antonio del Táchira, donde se observaron largas filas de personas con pesados equipajes, tramitando sus movimientos en las ventanillas de migración tanto de Venezuela como de Colombia.
Al intentar indagar los motivos de viaje, muchos señalaron que ya era hora de volver luego de visitar a sus familiares en Venezuela por las fiestas decembrinas, otros aseguraban que preferían salir del país anticipando una eventual crisis de tipo político y social, consecuencia de lo que pueda pasar dentro de cinco días.
No faltaron aquellos que preferían guardar silencio por temor o desconfianza. Y es que por estos días en la frontera también hay mucho de eso, especialmente cuando se ha desatado una ‘cacería de brujas’ contra líderes políticos y activistas ligados a la corriente opositora.
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Y esta es la causa por la cual Márquez considera que en la frontera no va a ocurrir ningún movimiento, por la situación de temor y de terror que ha impuesto el gobierno, haciendo detenciones estratégicas para inmovilizar a la gente.
A propósito de esta situación, la captura de Simón Vargas, exalcalde del municipio Bolívar, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, es el caso más reciente, sobre quien había una supuesta orden de captura en la que se le atribuyen delitos de terrorismo, promoción o incitación al odio, agavillamiento y lesiones personales.
Pero además de Vargas, se conoció que otras 15 personas ligadas a la causa opositora estarían en una lista para ser detenidos antes del 10 de enero, por lo que muchos han decidido salir de Venezuela y refugiarse en Colombia, específicamente en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander.
Nuevo perfil del migrante
Justamente este ambiente particularmente hostil y de persecución en torno a la dirigencia política opositora venezolana, estaría configurando un nuevo perfil migratorio.
De acuerdo con Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, un estudio de la plataforma multiagencia R4E, reveló que el último trimestre de 2024 se presentó un aumento del 23% de la salida de población venezolana, llegando a los 246.700, un aumento frente al segundo trimestre de ese año y respecto al 2023.
Aunque pudiera interpretarse como un efecto postelectoral, Rodríguez no lo da por sentado, toda vez que las festividades decembrinas pueden ser también parte de la motivación de la movilidad humana en el período señalado.
Por eso sostiene que muchos esperarán hasta luego del 10 para tomar decisiones de quedarse o refugiarse en otros países.
Lo que sí anticipa el investigador es que muchos de los que van a salir en los próximos meses son personas que tienen riesgo político, como miembros de partidos, defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil y algunos testigos electorales que siguen siendo víctimas de la represión del régimen chavista en el poder desde hace 25 años.
“Estrictamente estamos hablando de refugiados internacionales que, lamentablemente, el Estado colombiano no ha actualizado a pesar de tener una sentencia de la Corte Constitucional para hacer más expedito el procedimiento de refugio”, advierte Rodríguez.
En el caso puntual de Cúcuta, el investigador asegura que después del 28 de julio esta ciudad ya no se percibe como territorio seguro para los opositores al régimen de Maduro debido a la supuesta presencia de cuerpos de seguridad y actores criminales asociados al régimen que persiguen a líderes contrarios al PSUV, en la capital nortesantandereana.
Al dar a conocer esta grave denuncia, Ronal Rodríguez afirma que esto ha llevado a que muchos migrantes y refugiados prefieran continuar su tránsito hacia otras ciudades colombianas como Medellín, Bogotá o Barranquilla, evitando el alto riesgo de persecución y extracción en la frontera.
¿Qué esperar?
Además de la inquietud sobre quién y cómo definitivamente asumirá la presidencia de Venezuela, la principal expectativa gira en torno a lo que vendrá después, especialmente si es Nicolás Maduro el que termina posicionándose contra la voluntad popular.
Para Ronal Rodríguez, después del 10 de enero se espera una mayor vulnerabilidad de la población migrante en la frontera colombo-venezolana, debido a la represión de grupos armados como el Eln, grupo que con una fuerte presencia en la región, ha instrumentalizado las rutas clandestinas (trochas) para controlar el paso de migrantes, afectando especialmente a quienes huyen del régimen venezolano o buscan refugio internacional.
Asimismo, considera que la falta de acción del Estado colombiano que ha dejado de priorizar los temas migratorios en su agenda nacional, complican el panorama.
Afirmó que Colombia enfrenta desafíos como país de recepción, tránsito y migración pendular, pero carece de políticas públicas efectivas para abordar estas dinámicas.
“El gobierno Petro ha sido incapaz de formular una política pública para la migración pendular y para la migración en tránsito y ha permitido el desgaste de la migración con vocación de permanencia”, dice y señala que “por congraciarse con el régimen venezolano se ha caído en narrativas que afectan la adecuada integración migratoria de la población en condición de movilidad humana”.
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Considera que propuestas como la visa de visitante o el PEP tutor han causado más confusión, no resuelven los problemas y ante esta falta de claridad se ha ido desmontando la ayuda humanitaria que se conseguía por medio de la cooperación internacional.
En medio de la creciente expectativa por el futuro de Venezuela a partir del 10 de enero, la vida entre Cúcuta y San Antonio trata de seguir con la mayor normalidad posible, en espera de una pronta y satisfactoria resolución de la conflictiva dinámica política y social del hermano país.
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