Los aguaceros de los últimos días han activado las alarmas en el corredor vial Ocaña-Cúcuta, debido a la alta vulnerabilidad del tramo comprendido entre la quebrada Paramillo y la vereda El Tarrita, zona rural del municipio de Ábrego, donde hace casi un año -31 de mayo de 2023- ocurrió la avalancha que dejó un panorama desolador a su paso.

Frente a la situación, el gobernador del departamento, William Villamizar, acompañado de fuerzas civiles y militares, hizo un sobrevuelo sobre El Tarrita, evidenciando que aunque no hay un represamiento crítico de agua en la zona donde se originó el problema hace un año, sí ha comenzado a acumularse agua, por lo que se tomarán medidas para drenar el lugar. 

Húber Sánchez, alcalde de Ábrego, señaló que una alternativa es abrir un canal de paso para que el agua circule, sin embargo, esta es solo una de las opciones que se manejan.  

La medida inmediata ante la contingencia es implementar acciones de monitoreo permanente de la montaña, para lo cual -según explicó el gobernador- se designará a un grupo de habitantes de la zona, para que puedan hacer verificación constante del cerro, en su zona alta, media y baja, y pueda informar cualquier alteración que permita actuar en consecuencia.  
 

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Estas personas tendrán comunicación directa con el Centro de Regulación de Emergencias en Cúcuta. “Es un tema de prevención, de estar atentos, porque esta es una zona que está en riesgo y debemos monitorearla permanentemente”, dijo Villamizar. 

¿Avances? 

En los 11 meses largos que han transcurrido desde la avalancha en El Tarrita todavía no se registran avances significativos, debido al abandono del Gobierno Nacional, según denunciaron a La Opinión habitantes de la comunidad. 

Las afectaciones en la vía siguen siendo serias, las 146 familias damnificadas continúan a la deriva y el acceso al servicio educativo de los niños del lugar es precario. 

Todo tiene que ver, básicamente, con el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres –UNGRD- que todavía no ha hecho los estudios pertinentes en el terreno para poder establecer la zona apta que permita el reasentamiento de El Tarrita.

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Toda esta situación ha llevado a la comunidad a la programación de un paro de tres días como medida de protesta, a partir del 14 de mayo. 

“En medio del desespero muchos de los afectados han regresado a la zona del desastre natural para buscar el sustento diario, sin medir las consecuencias”, denunció Álvaro Jácome Rangel, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Tarra, quien abogó por una solución definitiva a la problemática.

Sobre las ayudas y subsidios de arriendo que le correspondía entregar a la Ungrd, aseguran los habitantes de la zona afectada que apenas llegaron en diciembre pasado, 7 meses después de la emergencia, por lo que muchos de los habitantes que quedaron sin nada “están a la deriva viviendo del jornal en las fincas de la región”, recalcó.

El gobierno departamental se comprometió a hacer las diligencias pertinentes para agilizar el cumplimiento de los acuerdos, aunque también aseguró que gestionará la entrega de ayudas alimentarias,  para paliar la situación de los afectados.

PAE para los niños afectados

La mitad de la escuela que servía a los niños de El Tarrita está entre todo lo que se llevó la avalancha del 31 de mayo de 2023. Desde entonces, los estudiantes, como muchas familias, quedaron a la deriva, sin espacios óptimos para recibir clases. 

A la fecha, el garaje de un hotel en la zona rural del municipio de Ábrego, es el salón múltiple donde estudian 60 niños. La falta de respuestas de la Ungrd mantiene a la expectativa la construcción de una nueva infraestructura, por la misma ausencia de estudios técnicos y de terrenos. 

“Esa situación impide que hagamos cualquier inversión, pues cómo vamos a destinar recursos para construir en zonas que desconocemos su nivel de riesgo. Necesitamos la autorización de la Unidad”, dijo una fuente cercana a la administración departamental. 

Mientras tanto, lo que ha ordenado el gobernador es la habilitación del Programa Escolar de Alimentación para estos niños, traer una dotación de mobiliario educativo y “poder revisar en dónde se puede adquirir un lote para comprar y poder hacer el nuevo colegio”, dijo el mandatario local.

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Obras de alta ingeniería

Los líderes comunales del sector reclamaron acciones contundentes con obras de alta ingeniería, para solventar la remoción en masa desde lo alto de la cordillera.

El Instituto Nacional de Vías, Invías, reportó el accionar de maquinaria especializada por parte de la firma contratista KMA en los puntos críticos para superar la emergencia vial.

Según el cronograma de trabajo establecido por la firma, el objetivo es mantener habilitado el paso vehicular por los puentes metálicos, mientras avanzan los estudios y diseños por un monto superior a los 800 millones de pesos. El problema es que esa licitación pública puede durar hasta diciembre y las primeras obras quedarán para el próximo año. 

El gobernador Villamizar ha pedido revisar los avances al respecto, “porque este no es un trabajo normal, es un trabajo de urgencia, y no hay derecho que la comunidad esté en estas condiciones de incomunicación y de dificultad, cuando se tiene la maquinaria y los recursos para poder actuar”, dijo. 

Los campesinos señalaron que los trabajos han demorado todo un año mitigando el problema, pero no han proyectado hasta la fecha un nuevo trazado para evitar el impacto de las crecientes sobre la calzada.

 “Toda la plata se la está llevando el río perdiendo el tiempo y esfuerzo de los operarios”, anotó el concejal de Ábrego Humberto Pacheco Núñez.

A menos de una semana para el paro anunciado, la comunidad de El Tarrita lanzó una advertencia  a los productores cercano para que saquen sus cosechas, a fin de evitar el impacto económico; aseguraron que únicamente dejarán pasar ambulancias en caso de extrema urgencia. 

“Conocemos la importancia que tiene el eje vial Cúcuta – Ocaña, lo que genera para Norte de Santander y todo el centro del país, si permitimos que nuevamente se interrumpa el paso en esta carretera, será como apagar la economía del departamento”, expresó el alcalde de Ábrego.
 

Carta al presidente Petro

Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña, y presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo, en nombre de los mandatarios locales, envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, donde reclaman un tratamiento especial con la asignación de recursos para conjurar la emergencia.

En la misiva también tocan el pulso del ministro de Transportes, William Camargo y del director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, Carlos Carrillo, y piden sensatez para resolver los efectos generados por la avalancha que va a cumplir un año el 31 de mayo.

Sin ser expertos, piden de manera inmediata la construcción de los dos viaductos y la reubicación de una parte de la vía. “No sigan botando plata en lo que no es, porque en estos momentos, aquellas obras que se hagan de mitigación cerca al puente provisional no tienen sostenibilidad”, afirmaron los alcaldes.

Hablan del trabajo perdido en un año, en el que ya deberían estar listos los estudios y diseños, con la adquisición de predios para resolver el problema definitivamente. 

Los mandatarios coinciden con la petición de los transportadores, quienes exigen un trato igualitario. 

“Esta vía, así como se hizo con la doble calzada a Pamplona tiene que esperar un proceso también similar para que sea competitiva, por ahí va a pasar el carbón, el aceite de palma, el crudo, la cerámica, insumos y productos agrícolas de Norte de Santander, es la única salida que tiene el departamento hacia la costa Atlántica, la más práctica y en consecuencia debe tener mejores especificaciones técnicas”, agregan.

El director ejecutivo de la Asociación de municipios Hugo Arévalo, recalcó la preocupación de los alcaldes por la vulnerabilidad de los 5 kilómetros en ese tramo.  “En cualquier momento el recrudecimiento del invierno es muy posible, probablemente nos quedemos sin conexión entre Ocaña y Cúcuta, con grandes implicaciones económicas. Por ahí se transporta cualquier cantidad de productos”, reiteró.

Por su parte, el representante del Comité de Integración Social del Catatumbo, Jesús Castilla, recalcó sobre las exigencias a los gobiernos departamental y nacional para que resuelva este problema que impide la comunicación terrestre fluida entre los pueblos. “No es una región incluida dentro del pacto para el Catatumbo”, puntualizó.

Escrito por: María Jose Salcedo y Javier Sarabia. 

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