La crisis humanitaria y de violencia que se vive en el Catatumbo es una de las más graves en la historia reciente del país. En esta percepción coinciden la defensora del Pueblo, Iris Marín, y Carlos Iván Márquez, presidente de la Cruz Roja, seccional Norte de Santander.
El masivo desplazamiento forzado, que ya supera las 38.000 víctimas y 41 muertos, el número de municipios impactados, así como el contexto que marca este éxodo masivo, son factores que determinan la gravedad de este episodio de guerra.
Frente a este panorama, el Gobierno nacional, mediante el Decreto 0062 de 2025, declaró de manera oficial el estado de Conmoción Interior por un período de 90 días, o máximo 180, se ha propuesto recuperar la tranquilidad y seguridad en la región, generando la inquietud de si este tiempo será suficiente.
“En atención a la gravedad de la situación excepcional que se vive en la región del Catatumbo (..) se hace imprescindible la adopción de medidas extraordinarias que permitan conjurar la perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así como garantizar el respeto de los derechos fundamentales”, señaló el documento.
Reconocimiento de culpas
En una primera parte del decreto, el Ejecutivo puso de manifiesto el fracaso del proyecto de paz total en esta región, incluso de la política de drogas y anunció la búsqueda y redirección de recursos económicos, que tocaría únicamente a los municipios del área metropolitana de Cúcuta, la subregión del Catatumbo y dos más en el departamento del Cesar.
Por ejemplo, el Gobierno confirmó que en esta zona del país hacen presencia varios grupos armados como son el Frente de Guerra Nororiental del ELN, Grupos Armados Organizados residuales (GAOr) Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, y el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) conocido como los “Pelusos”, así como el Clan del Golfo, que también intenta entrar allí.
De igual forma, reconoció que la zona del Catatumbo es utilizada “para el tránsito de sus estructuras, víctimas de secuestro, rentas criminales, así como la comercialización y transporte de servicios, bienes e insumos utilizados para el financiamiento de sus actividades”.
Agregó que estos grupos armados han incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y se fortalecen día a día.
En lo que tiene que ver con la política de drogas,el Gobierno citó un reporte de 2023 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), administrado por el Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia y del Derecho, que indicaba que en el Catatumbo se concentraban 43.178,86 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3 % (27.329,49 hectáreas) estaban ubicadas en los municipios de Sardinata y Tibú.
Desde entonces “dichos cultivos se han incrementado, habida cuenta de la reactivación del mercado de la coca para fines ilícitos”, subrayó.
Adicionalmente, en el decreto se terminó reconociendo la alerta temprana 026 emitida por la Defensoría del Pueblo en noviembre pasado, cuyas recomendaciones fueron acatadas por el Gobierno nacional, pero que ante la magnitud del escalamiento de la violencia armada del Eln contra la población civil, impidió su observancia integral y el despliegue institucional requerido.
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Medidas para afrontar la crisis
Tras reconocer las equivocaciones en la ejecución de los planes que buscaban mantener el control y estabilidad social en el Catatumbo, el Gobierno propuso a través del decreto una serie de acciones dirigidas a fortalecer y mejorar varios aspectos.
En primer lugar habla de la necesidad de fortalecer la seguridad, a los fines de intensificar las operaciones de la Fuerza Pública, con un mayor control del espacio aéreo, reforzamiento de las capacidades de inteligencia y el despliegue de recursos militares para recuperar el control territorial.
En este aspecto, aunque no lo manifiesta explícita, el gobierno colombiano contempla buscar el apoyo del régimen venezolano, a los fines de recuperar el control del orden público en la zona de frontera, esto como parte de “las medidas necesarias que permitan el completo ejercicio de la soberanía, la protección de la vida y los derechos de la población”, dice el decreto.
Asimismo, el decreto refiere a que se adoptarán restricciones para prevenir que los grupos armados accedan a bienes y recursos que financien sus actividades criminales.
El decreto también faculta al Gobierno para redirigir recursos extraordinarios del Presupuesto General de la Nación y otros sistemas fiscales con el fin de atender las necesidades inmediatas de la región.
El documento también se refiere a las medidas que necesariamente se deberán implementar para prevenir el impacto ambiental ocasionado por el accionar de grupos armados, así como para garantizar el manejo sostenible de los recursos naturales en la región.
La factibilidad del decreto
Tras revisar el decreto, Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz en Norte de Santander, se pregunta si el lapso de tiempo que establece el estado de conmoción, de 90 o máximo 180 días, será suficiente para hacer lo que no se ha hecho en 40 años.
Por otra parte, Niño se refiere a las implicaciones que tendrá en lo económico este Estado de Conmoción, toda vez que Gobierno habla de un recorte presupuestal de 12 billones, y la ejecución de este ‘plan de choque’ estaría por el orden de los 1.5 billones de pesos.
No obstante, el alto consejero de Paz destacó la voluntad del Gobierno de empezar a trabajar sobre las necesidades planteadas, como la retoma militar del Catatumbo, razón por la cual el ministro de Defensa, Iván Velásquez y los altos miembros de la cúpula militar, sostuvieron su primera reunión en terreno este viernes.
En este sentido, se espera que las fuerzas militares recuperen las capacidades que habían perdido dentro del marco de un cese al fuego, que los facultaba para actuar solo en situación de flagrancia o ataque de la contraparte.
“Esto hizo que durante tres años, incluso entre noviembre y diciembre el año pasado”, 17 militares y policías fueron asesinados en Norte de Santander y no hubo capacidad de respuesta”.
La declaratoria del estado de conmoción interior también busca responder al desbordamiento de las capacidades locales e institucionales para atender la emergencia. Sin embargo, la medida también plantea retos en la coordinación de las autoridades locales y nacionales, así como en la protección de los derechos fundamentales de la población.
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Calamidad pública por seis meses en Norte de Santander
Con la declaratoria del Estado de Conmoción expedida por el Gobierno nacional, en Norte de Santander, el gobernador William Villamizar emitió por su parte el decreto 000071 de Calamidad Pública, a los fines de atender la emergencia generada por el desplazamiento forzado de personas, consecuencia de la situación de orden público en el Catatumbo.
El decreto contempla una vigencia de seis meses, a partir del 23 de enero de 2025, tiempo en el que la Gobernación elaborará un plan de acción específico para la atención, acompañamiento y atención a las afectaciones derivadas de la calamidad declarada, el cual será elaborado y coordinado en su ejecución por el Consejo Departamental.
“Ahora podemos fortalecer las ayudas que llegarán a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para continuar de forma organizada esta tarea”, dijo el gobernador William Villamizar.
Indicó que el decreto de calamidad se hizo atendiendo a la información que se maneja en el Puesto de Mando Unificado, instalado de manera permanente desde hace más de una semana, cuando comenzó la emergencia en el Catatumbo.
Alcance territorial del decreto
El alcance territorial del Estado de Conmoción Interior abarca 11 municipios de la subregión del Catatumbo, como Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, además de los territorios indígenas de las comunidades Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
Asimismo, el decreto contempla a los municipios de Cúcuta y área metropolitana: Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, además de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
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