La Defensoría del Pueblo envió a la Fiscalía una solicitud para que se investiguen las intimidaciones que ha venido recibiendo el secretario de Víctimas, Posconflicto y Paz de Norte de Santander, Cristian Andrés Llanos Cardona, después de que dos hombres intentaran ingresar a su residencia en un conjunto cerrado de Villa del Rosario, la noche del pasado sábado.
Jaime Marthey, defensor del Pueblo en Norte de Santander, dijo que una vez recibieron la declaración del funcionario activaron la ruta de atención que en este caso consistió también en dirigir una petición a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se estudie el nivel de riesgo a considerar en su caso.
El defensor informó que han brindado apoyo jurídico y psicológico a Llanos y su familia, quienes tuvieron que salir de su lugar de residencia esa misma noche, luego de llamar al cuadrante de la Policía, para hospedarse momentáneamente en un hotel. Luego se conoció que habría abandonado la región por su seguridad.
Marthey dijo que en la conversación que sostuvo con el secretario, éste le contó que dos hombres irrumpieron a la residencia y eso produjo una situación de forcejeo entre ellos. “Según lo que cuenta, al parecer hubo hasta unos disparos con un arma traumática que él dice que es de su propiedad y ya la Fiscalía está haciendo la investigación pertinente”, comentó.
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Expresó que le manifestaron al funcionario su intención de acompañarlo en el proceso para el escalamiento de la denuncia, mientras se garantiza su integridad y la de su familia.
“Es alarmante la situación que se está viviendo en el departamento porque hay una amenaza constante contra todas las personas que cumplen funcionen públicas y sobre todo lo que tiene que ver con las mesas de diálogo que se han instalado en las pasadas jornadas de manifestaciones que hubo”, declaró el defensor.
“Instituciones complacientes”
Enrique Pertuz, coordinador de la Red de Derechos Humanos, mostró su preocupación por las reiteradas amenazas que han venido sufriendo tanto los funcionarios como los líderes sociales en Norte de Santander. “El año pasado 308 líderes y defensores de derechos humanos fueron amenazados en la región”, apuntó.
Explicó que Andrés Llanos ha liderado desde el Consejo Departamental de Paz los procesos de diálogo y que se ha caracterizado por privilegiar esos espacios con los diferentes actores de los conflictos sociales y políticos.
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“En el año 2021 (Andrés Llanos) estuvo de la mano con el gobernador en las mesas de concertación que se registraron en el departamento a raíz de las protestas sociales que se originaron en el país y de la cual el departamento no escapó. Esta actitud de él, ha causado molestias en sectores que han intentado hacer señalamientos como si estuviera relacionado con algún actor armado del departamento que se encuentra por fuera de la ley”, declaró Pertuz.
Como defensor de derechos humanos y como presidente del Consejo Departamental de Paz, manifestó su rechazo a estas situaciones, porque dijo no ver respuestas por parte de las autoridades, no en torno a determinar la autoría en estos hechos y dar con los autores materiales e intelectuales, sino además por mantener lo que él consideró una “actitud complaciente” ante estas estructuras.
Pertuz expresó que desde la red de defensores tienen una hipótesis en torno a las recientes intimidaciones que ha recibido el secretario de Víctimas, Posconflicto y Paz, y es que detrás de estos hechos hay “actores institucionales que no comparten la política de diálogo que ha venido desarrollando y su compromiso con la paz que ha venido desarrollando”, indicó.
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