"No van a parar las muertes", decía José Manuel Vera Sulbarán desde la cárcel Palogordo, en Girón (Santander), donde estuvo recluido antes de ser trasladado por el Inpec a La Tramacúa, de Valledupar (Cesar). Sus amenazas han de tomarse en serio, pues fueron la viva sombra de la extorsión en la capital colombiana por un buen tiempo.

Las autoridades conocieron del actuar criminal que 'Satanás' ejercía dentro de la prisión luego de que el audio en el que prometía "derramamiento de sangre todos los días" se difundiera en redes sociales. Al hombre no se le permitía la entrada de encomiendas, así que no tenía celular, por lo que se presume que hostigaba desde el teléfono de la cárcel.

Como 'Satanás', de acuerdo con el Inpec, en todo el país persisten cuarenta "dinamizadores de la extorsión", como los ha descrito el director Daniel Gutiérrez. Se trata de personas que, contrario a la intención de resocialización que se busca en los centros penitenciarios, deciden seguir delinquiendo a través de llamadas o mensajes.

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Tales "dinamizadores" han sido las mayores causas del aumento de denuncias sobre el delito de extorsión. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los últimos cuatro años el crimen ha crecido un 20,5%, como reposa en el portal de estadística delictiva de la Policía Nacional. En 2020 hubo 8.188 denuncias, mientras que el año pasado hubo 9.871.

La Defensoría insistió ante el Gobierno Nacional en que debe existir un mayor esfuerzo para la modernización del sistema penitenciario y de su sistema de comunicaciones, con el fin de que los inhibidores de señal de dispositivos móviles funcionen mejor. Para el ente de Derechos Humanos, es importante que haya tecnología 4G o 5G para mayor eficiencia.

Medidas

La petición del órgano humanitario llega días después de conocerse una alerta de la Procuraduría General de la Nación, que destacó que, entre los 22 inhibidores instalados en las cárceles del país, solo dos están funcionando correctamente. No es la primera vez que el órgano de control alerta sobre el estado perimido de tales medidas.

En julio del año pasado, el director Gutiérrez tuvo que reconocer que los inhibidores de señal fueron "una solución efectiva en su momento", pero no en la actualidad. Sin embargo, añadió que "reemplazar esos equipos obsoletos", que solo llegan hasta la tecnología 3G, "sería demasiado costoso, pero estamos trabajando en buscar prontas soluciones".

El llamado a adoptar mejores medidas en materia de tecnología y comunicaciones es de antaño. En 2017, una sentencia de tutela de la Corte Constitucional les ordenó al Inpec y al Ministerio de Tecnología una regulación adecuada para garantizar un servicio "más accesible" para las personas privadas de la libertad, permitiendo, por ejemplo, llamadas entrantes.

Tales directrices deben ofrecer un servicio "ajustado económicamente a las ofertas del mercado y a la condición económica de los reclusos", deben ser eficientes y necesitan permitir "el control adecuado para evitar su uso en actividades ilícitas", algo en lo que, evidentemente, se ha fracasado hasta ahora, teniendo a 'Satanás' como un ejemplo diciente.

La Defensoría del Pueblo aseveró, incluso, que los inhibidores actualmente establecidos funcionan con tecnología 2.5G, lo que no ha impedido que en departamentos como Cundinamarca, por ejemplo, se presentaran 1.827 denuncias de extorsión el año pasado. En Atlántico hubo 1.227 y en Valle del Cauca, 1.010.

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"Combatir ese delito requiere una actuación conjunta y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado. Por ello, solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que implementen con urgencia planes efectivos", dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El Inpec, entonces, tiene el deber de implementar acciones que permitan disminuir las extorsiones desde las cárceles. Con los años, los inhibidores arcaicos le han traído al Instituto varias disputas judiciales que han perdido frente a las poblaciones aledañas a las prisiones, cuyas comunicaciones resultan afectadas por el funcionamiento de los aparatos.

“El Inpec venía sufriendo una serie de demandas por parte de los vecinos afectados y siempre nos ganaron esos pleitos judiciales, y en muchos casos los jueces de la República ordenaban apagarlos por la afectación a los ciudadanos. Reitero, hoy no están operando”, apuntó el año pasado el coronel Daniel Gutiérrez.

Gutiérrez, además, le indicó al diario El Espectador que buscará implementar tecnología militar a través de una estrategia llamada Lobo Blanco, que es utilizada por establecimientos de reclusión militares, como el de Malambo (Atlántico), donde está la condenada excongresista Aida Merlano, o el de Cantón Militar Paraíso.

"Se usa en sitios más pequeños, dado que tiene una focalización más cerrada que no afecta al exterior. Lo ideal sería probar eso, verificar los costos y demás, pero iniciará únicamente en los establecimientos que están priorizados en la Operación Dominó", precisó Gutiérrez, refiriéndose al mecanismo por el que se busca enfrentar la extorsión en las cárceles.

Por lo pronto, 'Satanás' será requisado todos los días por guardias de La Tramacúa y semanalmente por oficiales del Gaula de la Policía. Las cámaras de seguridad vigilarán todos sus pasos, que serán pocos, pues permanecerá aislado. Mientras tanto, las autoridades buscan maneras de que sus actos no se repitan en otras personas presas.

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