Un grupo de comerciantes que laboraban en locales que fueron desalojados y derrumbados en el Hospital Central y Terminal de San Cristóbal, junto a sus abogados defensores y el presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, acudieron ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Táchira para solicitar la apertura de una investigación penal contra el alcalde de San Cristóbal Silfredo Zambrano, y otros funcionarios de su gabinete municipal.
La información la dio a conocer el abogado defensor Omar Sayago, quien a través de un escrito solicitó al Ministerio Público que abra la investigación por los presuntos delitos de abuso de funciones, agavillamiento, violación domiciliaria, hurto calificado, cuyos delitos están tipificados en el marco legal penal venezolano, luego de que el 26 de enero de 2023, sin orden de allanamiento ni notificación de desalojo, estos funcionarios ordenaron y participaron en la demolición de dos locales en el Hospital Central de San Cristóbal.
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“Estos hechos graves, de acuerdo a los artículos 25 y 55 de la Carta Magna, los funcionarios policiales presentes estaban obligados además por mandato legal del estatuto de la Policía Nacional a proteger los bienes de las personas frente al atropello, de las autoridades municipales, lo cual fue permitido y autorizado por los funcionarios policiales César Gil y Arturo Perdomo”, señaló El defensor de derechos humanos, Walter Márquez.
Al rededor de 20 personas se quedaron desempleadas en la capital tachirense tras la política municipal, motivo por el cual los agraviados ya están preparando acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la propia Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Anggy Polanco / Corresponsal en Táchira
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