El viernes pasado la primera dama Verónica Alcocer sorprendió al país con un comunicado que nadie hubiera anticipado. Anunció que en días anteriores había interpuesto una denuncia a la Fiscalía pidiendo que se investigara un supuesto complot en su contra por parte de funcionarios al interior del Gobierno que estarían planeando vincularla con el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo.
El domingo, la actual directora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) Laura Sarabia, publicó un trino extenso en el que señalaba que solo respondía por sus (en mayúscula) actos, y que los críticos habían “agotado la infamia” tras publicaciones de varios medios y opinadores que señalaban a su hermano, Andrés Sarabia, de liderar una supuesta red de lobby que estaría acercando a empresarios con el Gobierno. Los hermanos Sarabia aún no han aclarado suficientemente las acusaciones y las relaciones del hermano de la alta funcionaria con David Cure, Pedro Jurado, y varios directivos y presidentes de entidades centrales.
Y, finalmente, este lunes la propia Presidencia publicó un comunicado revelando investigaciones de control interno contra las oficinas de tecnología y comunicaciones de Palacio, luego de que se conocieron las denuncias del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, quien dice estar seguro de que a él, su esposa, y su equipo los han estado siguiendo, perfilando e interceptando organismos de inteligencia del Estado.
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Los tres hechos sucedieron en menos de una semana, y con tan solo unos días de diferencia a la delación de 25 nombres de Olmedo López a la Fiscalía General. Este se encuentra en la búsqueda del principio de oportunidad con el que intenta obtener beneficios a cambio de entregar información probada sobre personas, entre los que están hasta hora dos ministros: Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y los congresistas Iván Name, Andrés Calle y Wadith Manzur. Los hechos tienen que ver con actos de corrupción con los dineros públicos administrados por la UNGRD.
Uno a uno, los tres casos requieren respuestas urgentes. La denuncia de la primera dama revela, junto con las denuncias de los chats que relacionaron al hermano de Laura Sarabia y al asesor Jaime Ramírez con hechos de corrupción, una guerra de acusaciones internas de la que en Palacio están seguros que tiene origen en enemigos dentro del propio Gobierno; el llamado fuego amigo, según dos fuentes de Presidencia que conocen la historia.
Pero lo más grave hasta ahora, sin duda, es la alerta que hizo el magistrado Ibáñez sobre las interceptaciones en su contra. La semana pasada el magistrado le pidió una audiencia a la sala plena de la Corte conformada por nueve magistrados. Fuentes dentro de la sala que participaron en la reunión aseguraron que Ibáñez fue enfático en asegurar que tenía conocimiento de los seguimientos e interceptaciones en su contra y en esos términos específicos se lo hizo saber al presidente de la Corte, José Fernando Reyes, en un documento que le entregó solo a él y que también fue enviado como copia directamente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. El documento del magistrado Ibáñez no deja lugar a dudas.
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“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, es lo que dice la carta.
Y agrega más adelante: “también he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho. Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.
El documento inmediatamente despertó todas las alarmas de sus colegas y el tema trascendió en poco tiempo a las demás cortes que le exigieron a la Fiscalía una actuación rápida y rechazaron en conjunto cualquier intimidación a sus funcionarios, quienes representan al poder judicial. De hecho, este diario contactó a otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes solo accedieron a contestar por la aplicación de Face Time, porque “es más difícil que la intercepten ya que es desarrollada por Apple. Tenemos todas las alertas”, dijeron.
El documento inmediatamente despertó todas las alarmas de sus colegas y el tema trascendió en poco tiempo a las demás cortes que le exigieron a la Fiscalía una actuación rápida y rechazaron en conjunto cualquier intimidación a sus funcionarios, quienes representan al poder judicial. De hecho, este diario contactó a otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes solo accedieron a contestar por la aplicación de Face Time, porque “es más difícil que la intercepten ya que es desarrollada por Apple. Tenemos todas las alertas”, dijeron.
Las preguntas sobre quiénes podrían estar detrás de supuestas interceptaciones y chuzadas a magistrados de una alta corte siguen abiertas. Esto es algo que no sucedía desde el Gobierno Uribe con los seguimientos del DAS y el famoso caso de la detective Alba Luz Florez, alias ´la Mata Hari´, que infiltró a magistrados de la Corte Suprema y logró incluso que la mujer que servía los tintos a los togados le entregara información.
Las respuestas son difíciles de encontrar y lo serán también para la Fiscalía por la dificultad para acceder a información que puede estar protegida bajo argumentos de reserva por seguridad. Lo cierto es que quien hasta ahora está en la mira de los señalamientos es el actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón Gonzáles.
González dirige una entidad de la que se tiene poco conocimiento y que depende directamente de la Presidencia. En su organigrama aparecen dos oficinas; una subdirección de operaciones y otra de producción de inteligencia, sin que se sepa con exactitud a qué se dedican ambas áreas y cómo se trazan, realizan y deciden las operaciones que se llevan a cabo. González estuvo la última semana en un debate de control político citado por el senador David Luna en el Congreso. Y allí aseveró que la DNI no intercepta opositores, periodistas o congresistas, pero también abrió espacio para errores por parte de funcionarios que estén haciéndolo por su propia cuenta.
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El segundo frente es el de la guerra interna en Palacio y este también parece hasta ahora la punta del Iceberg. Desde hace semanas la información contenida en unas cadenas de Whatsapp que llegaron a manos de congresistas y funcionarios del propio Gobierno.
No fue solo un texto construido para ser distribuido por WhatsApp, sino por lo menos tres que parecen tener al mismo autor por la puntuación y el estilo de redacción y dicen cosas como esta: “Actualmente el gobierno tiene una arista que concentra la mayor cantidad de poder, sobre el cual se definen múltiples aspectos de la vida nacional. La cabeza de este sector es Laura Sarabia.
Ella desde la posición que ejerce como Directora del DAPRE, ha consolidado con su hermano, Andres Sarabia, el control absoluto de nominaciones, entidades y negocios”. Y luego el escrito ahonda en detalles que parecen una mezcla de algunos indicios serios y otros exagerados sin ninguna evidencia.
En cualquier caso esos mensajes mencionan a cuatro personas de manera puntual: Laura Sarabia, Andrés Sarabia, Jaime Ramírez, y Daniela Valencia. Este diario confirmó y reveló las denuncias que los dos últimos interpusieron a la Fiscalía pidiendo investigar el origen de esas acusaciones que los sindican de la posible ejecución de delitos. Laura Sarabia también alertó a las autoridades y de hecho expidió una normativa para evitar hechos de corrupción de personas cercanas a los tomadores de decisiones como familiares y amigos.
Pero de Andrés Sarabia hasta ahora no se conocen muchas reacciones, más allá de un par de respuestas dadas a medios de comunicación. Por el contrario, sobre su relacionamiento con políticos y empresarios, quedan muchas preguntas.
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Este diario había hablado con Andrés Sarabia desde marzo pasado por información que estaba siendo investigada acerca de sus posibles gestiones y visitas a entidades del Gobierno. Un dato particular es que el hermano de la directora del Dapre le dijo entonces a EL COLOMBIANO para justificar sus ingresos que estaba trabajando en “asesorías de procesos” en el sector privado con la compañía Desmarginalizar del empresario Hernando Salazar Tinoco. Pero este último respondió de manera categórica que eso no es cierto. “Sí lo conozco pero no he trabajado con él”, por lo que las dudas no quedaron resueltas.
Además de esta contradicción, hay información que señala a Sarabia de tener influencia y realizar acercamientos con entidades como Positiva de Seguros, el Fondo Nacional del Ahorro, el Ministerio de Agricultura y Findeter. En esta última entidad este medio pudo confirmar con fuentes directas que los vieron juntos que ha estado reunido presencialmente con el presidente Juan Carlos Muñiz. Ambos negaron los hechos cuando se les preguntó.
Sarabia fue enfático en una respuesta que dio a el diario El Tiempo que ha estado trabajando en asesorías privadas con empresarios como David Cure, que no tiene grandes propiedades ni lujos, y que sus ingresos todos están fundamentados en su trabajo sin contratos ni actividades con el Gobierno.
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Y, por último, se encuentra la denuncia de la primera dama Verónica Alcocer, otro ingrediente de la aguda crisis de culpas repartidas dentro del laberinto de la Casa de Nariño. Un poco en el estilo de las cadenas de mensajes anteriores, Alcocer asegura que existe un mensaje que la relaciona con supuestos hechos de corrupción de la UNGRD, aunque el abogado de Olmedo López, José Luis Moreno, dijo que su nombre nunca ha estado incluido en la matriz de colaboración de su cliente y que no es cierto que hubiera presiones para excluirlo porque sencillamente “nunca se pensó siquiera en ese nombre”.
Aquí las sospechas son directas sobre el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. En Palacio es claro que desde el equipo de Laura Sarabia y la vicepresidenta hay desconfianza frente a Rodríguez. La teoría es que hay un grupo de los más cercanos al presidente provenientes del M-19 que sienten que el proyecto político de su vida quedó en manos de una persona que llegó de casualidad a trabajar con Petro. La experiencia de Sarabia es haber trabajado antes con Armando Benedetti y varios sectores no la sienten en el corazón de la filosofía política de la izquierda, sino más bien como una componedora de relaciones del Gobierno pero que ha acumulado más poder que cualquier funcionario. En su último mensaje respondiendo a las acusaciones, la jefe del Dapre dijo saber de dónde venían los ataques: “tras bambalinas de oscuros y corruptos intereses”.
En la mitad de las peleas del poder, el jefe de Estado no ha dicho nada. Lo único que se discute es un próximo cambio de gabinete. Lo que parece claro es que en Palacio las relaciones de poder son en medio de fuego amigo, acusaciones de corrupción y, ahora, investigaciones por chuzadas a magistrados.
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