El Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las extintas Farc y el Clan del Golfo se enfrentan por el control territorial en el Magdalena Medio, especialmente en el sur del departamento de Bolívar. Su disputa ya no se limita a las rutas del narcotráfico, en los últimos años, estos grupos también han puesto el foco en la explotación ilícita de oro, una actividad que se ha convertido en una fuente de financiación para sus estructuras. Un negocio tan lucrativo que empieza a disputarle terreno a la droga.

Un informe del Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló la magnitud del problema: durante 2025, en el país hubo evidencia de explotación de oro de aluvión en 118.410 hectáreas, es decir, oro extraído de depósitos presentes en ríos y quebradas, en muchos casos mediante maquinaria pesada.

De ese total, el 75% correspondió a explotación ilícita y se concentró en zonas donde la minería no está permitida, incluidas reservas forestales, parques nacionales naturales y otras áreas protegidas. También hay registros de explotación en cercanías de resguardos indígenas.

En ese mapa nacional, Bolívar aparece en un lugar clave: ocupa el tercer puesto del país en explotación ilícita, con 7.222 hectáreas, detrás de Chocó, con 41.493, y Antioquia, con 24.282. Entre los tres departamentos concentran el 82 % de la explotación ilícita registrada en Colombia.

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Así se mueve el negocio 

Información de inteligencia recopilada durante años por la Dirección de Carabineros de la Policía reveló que el sur de Bolívar ha sido tradicionalmente afectado por el narcotráfico. Donde el Estado no ha estado presente, durante décadas hicieron presencia en la zona estructuras de las Farc, como los frentes 24 y 37.

Ambos, en su mayoría, no se acogieron al Proceso de Paz y siguen delinquiendo hasta el día de hoy. También se conoce la presencia histórica del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln.

Durante años, esas organizaciones mantuvieron una especie de equilibrio territorial, con zonas de influencia y límites que eran respetados entre ellas, pero en 2020, con la llegada a la zona del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, todo cambió; empezaron las disputas por el control territorial, las rutas del narcotráfico, las rentas de la minería ilegal y hasta por las "vacunas" que imponen a comerciantes y transportadores de la zona.

Esas disputas se mantienen hasta el día de hoy, en su mayoría por el control de las rentas del oro, y mantienen en alerta la zona. En febrero pasado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo advirtió cómo en municipios como Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo esos grupos se disputan un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca. A su paso, dejan minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. También se ha reportado el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, así como confinamientos masivos, homicidios selectivos y acciones armadas en centros poblados.

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Pero hay que tener claridad que tanto el Eln como las disidencias o el Clan del Golfo no necesariamente son propietarias de las minas. La información de las autoridades revela que su mecanismo de control consiste en imponer cobros a quienes ingresan maquinaria, llevan insumos y realizan la explotación.

Durante las investigaciones, las autoridades han identificado cobros que pueden rondar el 10% por el ingreso de maquinaria e insumos y hasta por seguridad. Pero el mecanismo también puede llegar directamente al mineral extraído: según la información de inteligencia, en algunos casos una organización armada puede quedarse con cerca del 20% de la producción.

Así, el oro se convierte en una de las rentas que alimentan la disputa. Quien controla el territorio tiene capacidad para decidir quién entra, quién explota, qué maquinaria puede operar y cuánto debe pagar por hacerlo.

La pregunta que resta es por dónde sale el oro extraído

La Policía ha identificado casos en los que el mineral es asociado a registros de mineros de subsistencia, que aparecen como responsables de la producción. El problema es que, al revisar esos registros, los investigadores han encontrado nombres de personas que están privadas de la libertad, fallecieron o que, según las verificaciones realizadas, nunca habrían ejercido realmente la actividad minera.

El mecanismo permite que el oro pase después a manos de comercializadores. En el sur de Bolívar, municipios como Santa Rosa del Sur y Simití concentran parte de esa actividad comercial. Allí, el mineral puede ser comprado y posteriormente incorporado a la cadena formal, hasta el punto de que, una vez sale del país, resulta mucho más difícil establecer cuál fue su verdadero origen.

Ese panorama es al que deberá hacerle frente la nueva ofensiva de las Fuerzas Militares y de Policía anunciada esta semana. El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, ordenó que unidades especializadas del Ejército, a través del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, se desplieguen inmediatamente.

Así mismo, la Armada incrementará las operaciones fluviales en los afluentes donde los grupos armados extraen el oro y la Fuerza Aérea Colombiana duplicará sobrevuelos con aeronaves de ala fija y rotatoria, así como aeronaves remotamente tripuladas. La Dirección de Carabineros también está lista para desplegarse en terreno.

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