La Presidencia y su gabinete ministerial publicaron un comunicado en contra del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por su ataque en redes sociales en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y que ha generado rechazo por parte de diferentes sectores a nivel nacional.
En el documento publicado en los sitios oficiales, el Gobierno Nacional rechaza “de manera categórica, contundente y sin ambigüedades los ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la Nación”.
La administración de De la Espriella hizo alusión a los señalamientos relacionados con la apariencia física de Pineda y aclararon que la “animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideramos profundamente misóginas”, pues no se le está cuestionando sus ideas, decisiones ni trabajo.
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El Gobierno nacional aclaró que defiende la libertad de expresión y la crítica política; sin embargo, agregó que existe “el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias”.
“Resulta inaceptable que las mujeres sigan enfrentando burlas sobre sus cuerpos, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo”, subrayó el equipo ministerial.
Las palabras del caricaturista que busca cuestionar las ayudas a los damnificados del terremoto utilizando insultos como “ratita” y “pati raquítica” también fueron rechazadas por congresistas y funcionarios en las redes sociales.
“La violencia machista degrada el debate público, desfigura y corrompe el control político y perpetua imaginarios sobre las mujeres que son inaceptables”, escribió la representante Catherine Juvinao.
“La libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, sostuvo el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.
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En el comunicado, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para examinar las palabras del caricaturista y determinar las posibles sanciones que puedan existir.
“La lucha contra la violencia de género exige coherencia institucional. No puede existir una condena selectiva: lo que se rechaza cuando afecta a unas mujeres no puede justificarse, minimizarse o ignorarse cuando se dirige contra otras”, concluyó el Gobierno nacional.
