En la mañana de este lunes se retomó el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, investigado por soborno y fraude procesal, lo que le permitirá a su abogado, Jaime Granados, exponer su teoría del caso.
A la audiencia asiste de manera presencial el expresidente, mientras que a las afueras del complejo se congregó un grupo de personas que lo respaldaban.
Horas antes de iniciarse la audiencia, las víctimas del caso anunciaron que solicitarán observación internacional con el objetivo de que se asegure el cumplimiento de la justicia, pero que además se respete a los jueces y magistrados que han intervenido a lo largo del proceso.
“La bancada de víctimas anuncia que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, y a organismos no gubernamentales reconocidos internacionalmente, para que designen observadores internacionales que acompañen el juicio, en procura de asegurar el cumplimiento del derecho a la justicia y el respecto por los jueces y magistrados que la imparten”, señaló un comunicado, divulgado por el senador Iván Cepeda.
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Entre los argumentos de la solicitud está que Uribe y su círculo político más cercano han emprendido, de tiempo atrás, una campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso.
También ha acudido a distintas maniobras con el propósito de que opere la prescripción de la acción penal. La primera de estas fue su renuncia a la curul de senador de la República, el 18 de agosto de 2024, con la que intentó por varias ocasiones cerrar el caso a su favor, a través de varias solicitudes de preclusión.
El proceso comenzó en 2018, con una investigación que la Corte Suprema adelantaba contra el senador Cepeda, luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda.
Cepeda reveló testimonios de ex paramilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con esos grupos armados ultraderechistas, principalmente en Antioquia.
En medio de esta investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones. La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detener al exsenador de manera preventiva en su residencia.
El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que eso ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía.
Contrario al alto tribunal, la Fiscalía intentó cerrar el caso. La primera solicitud llegó por cuenta del entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, y la segunda, por el fiscal Javier Cárdenas.
Dos juezas le negaron la preclusión a Jaimes y Cárdenas, este último apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá. Una vez se dio el cambio de fiscal, la puerta del juicio quedó abierta para el expresidente. Además de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía en la última audiencia anunció que también lo investigara por el delito de soborno.
Ese delito está vinculado al caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, a quien al parecer se le habría ofrecido un soborno por parte del abogado Diego Cadena.
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