Dentro del proceso de indagación previa, por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito, abierto por la Corte Suprema de Justicia, en el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo, (Ungrd), ese alto tribunal ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales.

En ese sentido, una comisión investigadora realizará inspección judicial a la Ungrd para obtener información de los contratos suscritos para la compra de los Carrotanques que, se suponía, debían llevar agua a comunidades en La Guajira.

Así mismo, se llevará a cabo una inspección judicial a la Procuraduría General para obtener la información, que sobre ese mismo caso, adelante el Ministerio Público. Dentro del material probatorio, la Corte Suprema de Justicia, realizará visita de inspección al Congreso de la República, para obtener las certificaciones de fuero del presidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

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En cuanto a las pruebas testimoniales, el alto tribunal, citó a declarar al ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, a Carlos Ramón González, director Nacional de Inteligencia; Carlos Alberto Carrillo, actual director de la Ungrd y a Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones.

La primera diligencia testimonial se llevará a cabo el próximo lunes 20 de mayo. Los magistrados escucharán al director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Se espera que dé cuenta de su participación en el entramado de corrupción en la Ungrd y cómo desde allí, a través de la compra de carrotanques, se habrían desviado millonarios recursos para favorecer las reformas del Gobierno en el Congreso.

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A propósito, este mismo miércoles, el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, rinde versión libre ante la Fiscalía sobre los hechos en cuestión. Fue este exdirectivo el que, el pasado viernes, prendió el ventilador y puso al descubierto el escándalo de corrupción más grave, hasta ahora, en el Gobierno de Gustavo Petro.

Dijo Pinilla, que de los contratos de los carrotanques, que al final no fueron usados, se arañaron unos 4.000 millones de pesos, los cuales fueron a parar a manos de los presidentes del Congreso, Iván Name y Andés Calle. A Name, según Pinilla, le dieron 3.000 millones y a Calle 1.000. En ambos casos la entrega se hizo en efectivo.

Detalló además que la mensajera y encargada de entregar los sobornos fue Sandra Ortiz, quien para esa época era la consejera para las regiones. Por esta denuncia, Ortiz fue apartada del cargo.

*Con información de El Colombiano.

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