La Corte Constitucional eliminó la restricción que impedía realizar encuestas de intención de voto antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidatos, y retiró la obligación de entregar datos como los números telefónicos al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el primer caso, la Ley 2494 de 2025 establecía que esas mediciones solo podían realizarse a partir de los tres meses anteriores al primer día de inscripción de candidatos.
En ese sentido, la Corte concluyó que impedir la realización de sondeos sobre intención de voto durante buena parte del periodo previo a las elecciones restringía de manera injustificada el acceso de los ciudadanos a información relevante para formarse una opinión política.
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La sentencia explicó que las encuestas no solo ofrecen información a los votantes, sino que también permiten a los partidos y a quienes aspiran a cargos de elección popular conocer las tendencias de opinión y evaluar el escenario político, más aun en tiempos cercanos a los comicios.
Al respecto, sostuvo que “la prohibición general y prolongada de realizar encuestas en etapas tempranas del proceso electoral no contribuye a un período razonable de reflexión del elector y, por el contrario, suprime de manera excesiva e injustificada una fuente relevante de información pública”.
Los datos de los encuestados y el control del CNE
La Ley 2494 exigía, para los sondeos realizados en hogares, el código computacional que permitiera replicar la selección de las unidades de la muestra y, para las encuestas telefónicas, los números de contacto de las personas consultadas.
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La Corte consideró que esos datos podían permitir identificar a los participantes y relacionarlos con sus preferencias electorales, opiniones políticas y otras convicciones personales, por lo que su entrega comprometía los derechos a la intimidad y al hábeas data.
Aunque reconoció que el CNE tiene la función de "inspeccionar, vigilar y controlar la actividad electoral", lo cual permanecerá tal cual como está, la Sala concluyó que no necesitaba conocer la identidad de quienes respondían para verificar los procedimientos estadísticos utilizados por las firmas.
“La eficacia del control de parte del CNE no depende de la identificación de los individuos que responden a la encuesta, sino en asegurarse que la muestra sea idónea, el procedimiento estadístico adecuado, y las conclusiones derivadas del mismo compatibles con la realidad matemática subyacente”, explica la providencia
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